Publicado: 26/02/2020 08:04
La sospechosa adjudicación del autobús del aeropuerto -el Aerobús- por parte del equipo de Ada Colau, a la sazón presidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha vuelto a la casilla y salida. El consejo metropolitano que debía aprobar la concesión de la línea durante seis años por un importe de 89 millones de euros ha sido retirado el punto del orden del día para evitar la intervención de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y también de la Fiscalía.
El Aerobús iba a ser adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Moventia, Tusgsal, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) -empresa pública que gestiona el metro y el bus urbano de Barcelona-, Transportes La Alcoyana (Grupo Vectalia) y Cinesi, que fue la oferta que ganó el concurso público. Pero la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) abrió un expediente a la AMB por considerar que los ganadores del concurso habrían constituido la UT con el único fin de retener un servicio que algunas de sus integrantes ya estaban prestando, lo que técnicamente se denomina colusión o pacto con un tercero.
La intención inicial de Colau era adjudicar la línea contra viento y marea (como demuestra que la concesión del Aerobús formaba parte del orden del día del consejo metropolitano) pero la ACCO advirtió al gobierno de la AMB que si aprobaba la contrata pondría el caso en conocimiento de la OAC. Además, las empresas perjudicadas en el concurso público también tenían previsto denunciar los hechos a la Fiscalía. Y evidentemente, Colau y su equipo no han querido correr ese riesgo y han dado marcha atrás, algo que se ha aplaudido desde la oposición.
Contencioso administrativo por el autobús del Port
No es el primer caso en el que Ada Colau se ve inmersa en investigaciones de Competencia por posibles amaños en la concesión de líneas de autobuses metropolitanos en Barcelona. Hace solo un mes, la ACCO presentó un recurso contencioso administrativo para frenar la contrata de explotación de las líneas que conectan con el Port de Barcelona: la nueva línea interurbana resultante de la unión de la actual línea 88 (Paral·lel -Zona Portuària) y la PR4 (El Prat-ZAL). La demanda se sustenta en las condiciones “altamente restrictivas" del concurso.
Las empresas perjudicadas en el concurso público del Aerobús también tenían previsto denunciar los hechos a la Fiscalía
Según Competencia, la adjudicación podría haber sido amañada para perjudicar a la UTE que actualmente explota la línea 88 (integrada por las compañías Hispano Igualadina, Monforte Bus y Castromil) y para presuntamente beneficiar a la mercantil Transports Ciutat Comptal (TCC), una empresa mixta de la que forman parte la empresa de TMB y el holding privado Moventia, dos de las empresas que están detrás de la adjudicación del aerobús paralizada por el consejo.
La ACCO ya impugno en 2019 otras dos adjudicaciones de Colau vinculadas con los autobuses: la línea de autobús barcelonesa que conecta los de Horta y Gràcia (licitada por 30,37 millones de euros) y la línea entre Sant Boi, Sant Joan Despí, Cornellà y Sant Feliu de Llobregat (tasada en 319 millones de euros).
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