España lo demanda

Las próximas elecciones del 10 de noviembre constituirán, con toda certeza, la mejor herramienta de expresión de la ciudadanía ante la imposibilidad por parte de los representantes de alcanzar un gobierno estable. Para muchos es incomprensible que los políticos hayan sido incapaces de llegar a un acuerdo cuando los problemas comienzan a amontonarse y cada vez es más necesario tener una voz firme frente al hostigamiento que sufre el Estado por parte del nacionalismo catalán.

La dejadez de funciones por parte de los dirigentes políticos supone mucho más que reiterarse en procesos electorales, implica el desprestigio de la principal institución democrática del país: el Congreso de los Diputados. La casa del pueblo es el lugar donde quienes han recibido la noble tarea de representar la voluntad general deben plantear propuestas, dialogar, ceder y llegar a acuerdos cuyo principio – en un sistema parlamentario- es la elección de un presidente del gobierno a través de un proceso que, con mayor o menor dificultad, debe concluir con una investidura. Huelga decir, una repetición indefinida de elecciones no soluciona el problema; revela, en exclusiva, la incapacidad para dialogar de quienes tienen la obligación de hacerlo.

En el universo liberal-democrático existen dos grandes formas de representar el poder político, concentrándolo o proporcionándolo. El modelo español es de la segunda clase, aunque en su interior haya mecanismos correctores que alteren el resultado para conseguir una mayor estabilidad. Países como Reino Unido o Estados Unidos tienen sistemas mayoritarios (concentran el poder), mientras que otros estados como Israel o Alemania fomentan el pluralismo. Esta es la razón por la cual algunos gobiernos nacionales acostumbran a ser de coalición y otros son típicamente monocolor. Los sistemas proporcionales, a diferencia de los mayoritarios, están diseñados para generar consenso y evitar la construcción de bloques herméticos donde no existe diálogo. Bien edificados pueden ser de gran utilidad para la dirección de un Estado, permitiendo la búsqueda de logros y proyectos de envergadura cuya duración sea muy superior a la de los mismos gobiernos que los impulsaron. El gran pero, que quizá han ignorado nuestros dirigentes, es la obligación de llegar a acuerdos programáticos y, desde luego, de gobierno donde la lógica que impera es la del mínimo común ponderado. Todos deben ceder si desean conseguir sus objetivos, asumiendo que sus tesis no son hegemónicas y que el apoyo que presten debe condicionar pero, en ningún caso, bloquear.

En España la historia electoral no nos tenía acostumbrados a un contexto partidario tan plural, los grandes partidos obtenían habitualmente holgadas mayorías absolutas y no ha germinado una cultura de pacto. Casi siempre se recurría a alianzas puntuales con partidos regionales, como el PNV o la extinta CiU, a cambio de concesiones periódicas que beneficiasen su discurso nacionalista de cara a los electores de su comunidad autónoma. Sin duda, de aquellos polvos vienen estos lodos.

Este octubre trágico en Cataluña debería ser suficiente ejemplo de lo fundamental que será llegar a un acuerdo tras los comicios, sea cual sea la distribución de escaños. La gravedad de lo sucedido y la agresión a la que están sometiendo al Estado desde los sectores nacionalistas nos exige capacidad de decisión en el marco de un gran consenso constitucionalista. El nacionalismo cuenta con la fragmentación del poder político en el Congreso mientras en Cataluña ERC es, día a día, un referente más claro para el independentismo. Planean, pronto, unas nuevas elecciones con las que romper la baraja substituyendo a Torra en el Palau de la Generalitat.

Divide et impera es una máxima latina que encarna la perspectiva triunfal soñada por los procesistas. Con un gobierno de España débil, sin apoyos, presa de una crítica sin cuartel o con una constante repetición electoral que desgaste el capital de sus adversarios el independentismo puede llegar a vencer. No podemos permitirnos el lujo de ignorar los avisos, los partidos constitucionalistas deben estar dispuestos a servir al interés general, olvidando la calculadora electoral y prestándose para formar o apoyar un gobierno estable, comprometido y diligente.

Los expertos suelen decir que bastan 30 días para adquirir un hábito, bueno o malo. Por el bien de España, espero que después del 10 de noviembre nuestros dirigentes abandonen el malsano hábito del desencuentro y practiquen el del acuerdo. Los retos de España así lo demandan y los ciudadanos, también.