Publicado: 27/10/2019 22:52
La ANC ha denunciado este domingo que el Gobierno está "preparando el relato para aplicar la ley antiterrorista" en Cataluña, así como para "condenar por terrorismo a decenas de jóvenes catalanes", mientras ha pedido de nuevo la dimisión del conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch.
El plenario del Secretariado Nacional de la Asamblea Nacional Catalana se ha reunido hoy y, al acabar el encuentro, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha hecho esta lectura de unas declaraciones hechas por el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.
En una entrevista en el diario La Razón y preguntado sobre los disturbios en Cataluña tras la sentencia del 'procés', el ministro ha indicado: "Todos los operativos han dicho que hubo una violencia de mucho mayor impacto que la del País Vasco, por ejemplo. No se habían enfrentado nunca a una violencia de esa naturaleza por cómo buscaban el cara a cara, además de los medios que utilizaron".
Paluzie ha afirmado que estos comentarios del ministro son "gravísimos" y una "ofensa a las víctimas del terrorismo", y ha dicho que forman parte de una "operación de Estado para "escalar la represión" contra el movimiento independentista.
En esta línea, la ANC ha censurado de nuevo el papel del departamento de Interior de la Generalitat en las últimas dos semanas, y ha añadido que el conseller Buch "ha contribuido a alimentar el relato de la existencia de grupos organizados violentos".
Paluzie ha reclamado que "se investiguen y se depuren responsabilidades" por las cargas policiales de las últimas semanas, y ha reprochado a Buch que "para evitar la aplicación de la ley de Seguridad Nacional en Cataluña haya acabado dañando seriamente la imagen de los Mossos".
"Es imprescindible que se tomen medidas para que los Mossos dejen de estar al servicio de una operación de Estado", ha afirmado Paluzie, que ha criticado también a Buch por organizar estas semanas un dispositivo conjunto de orden público con la Policía Nacional y la Guardia Civil a pesar de la actuación policial de estos cuerpos durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.
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