El tiempo recobrado

La gran felonía

Ignorando olímpicamente la anulación por el Tribunal Constitucional de su Resolución sobre el plan de separación de Cataluña del resto de España, el Parlamento de esa Comunidad ha puesto en marcha la tramitación de las llamadas tres leyes de la desconexión con el Estado: la ley de transitoriedad jurídica, la ley de creación de una seguridad social catalana y la ley de creación de una agencia tributaria propia. Se han formado las correspondientes ponencias y el proceso legislativo se ha iniciado como si el marco jurídico del Estado, la Constitución y su supremo intérprete no existiesen. Estas proposiciones de ley surgen del Parlamento mismo y no del Ejecutivo catalán con el fin de alargar el procedimiento, ganar tiempo hasta que se aclare la situación en Madrid e intentar evitar de entrada una nueva decisión anulatoria del Tribunal Constitucional.

La desconexión, pues, ya se ha producido y se encuentra plenamente operativa

Lo previsible es que el Gobierno de la Nación inicie de inmediato la presentación de un recurso con el fin de invalidar estas iniciativas, recurso que sin duda será admitido y resuelto a su favor y que las autoridades catalanas tratarán de nuevo como papel mojado. Al fin y al cabo, ya quedó establecido en la Resolución previamente anulada que cualquier sentencia del Constitucional será orillada por la Generalitat, que a partir de ahora no reconoce otro mandato que el que emane de sus propias instituciones. La desconexión, pues, ya se ha producido y se encuentra plenamente operativa.  

Los dos principales partidos, PP y PSOE, siguen sin enterarse de que la mera reacción en los Tribunales contra el golpe incruento de los separatistas es completamente inútil porque éstos se encuentran en fase de desobediencia manifiesta y les trae al fresco todo lo que proceda del poder judicial español.

Es el momento de comprender el fondo y la magnitud de la malignidad del proceso independentista, más allá de los detalles legales y de los sucesivos avatares de este disparate. Sólo si entendemos de verdad lo que está sucediendo, hallaremos la energía moral y política requerida para, además de acudir a los jueces, detener y reconducir un desastre que parece ya imparable.

Remontémonos a la Transición y recordemos la naturaleza y el propósito de transformar un Estado tradicionalmente centralista en uno de los más descentralizados política, simbólica y administrativamente, del mundo. El objeto de esta vasta operación, que alumbró el denominado Estado de las Autonomías, y que ha tenido y tiene un coste financiero, logístico y organizativo gigantesco, era pacificar la cuestión nacionalista, al igual que se encauzaron la social, la militar, la religiosa y la monárquica. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con estas últimas cuatro, donde las partes implicadas han cumplido razonablemente lo que se acordó, en lo referente al secesionismo, una de las dos que, sobre el papel por lo menos, cerraron el pacto, no lo ha respetado, sino que, por el contrario, se ha mantenido en su pertinacia destructiva, sin cejar ni un solo instante en su avance hacia la fragmentación de la soberanía nacional. Ni las sucesivas ampliaciones de competencias, ni los reconocimientos de hechos diferenciales más generosos, ni la permisividad ante su contumaz incumplimiento de la legalidad, ni la permanente asistencia financiera ni el sometimiento servil a sus abusos y vulneraciones de derechos individuales en los terrenos lingüístico y cultural, han servido para apaciguar su codicia ni frenar su deseo de ruptura. Este esfuerzo conjunto de la Nación para integrar en su seno de manera armónica y equilibrada su diversidad interna ha sido estéril porque los invitados a integrarse no han querido jamás prestarse a ello.

Nos jugamos nuestras libertades civiles y políticas, nuestros derechos fundamentales, nuestra prosperidad

Por tanto, llegados a este punto, aceptemos de una vez que nos enfrentamos a una tremenda felonía y que o el Estado ejerce de forma efectiva y material su fuerza legítima para preservar su unidad y el imperio de la ley, o España está irremisiblemente condenada a ser troceada y desaparecer del curso de la Historia. Nos jugamos nuestras libertades civiles y políticas, nuestros derechos fundamentales, nuestra prosperidad, nuestro papel en el concierto internacional y nuestra capacidad de ser y de hacer como españoles.

Nuestros enemigos, y los separatistas, pese a su condición a su pesar de compatriotas nuestros, se han erigido en tales, han aprovechado siempre en el pasado las ocasiones que les han brindado nuestra división, nuestra debilidad y nuestra falta de determinación. Esta no será una excepción. Si no se produce un puñetazo sobre la mesa que ponga a cada uno en su lugar, nada nos salvará de la extinción y del fracaso.


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