OPINIÓN

Hacer y convencer

Gobernar consiste, en efecto, en hacer y en convencer y tan importante es el primer elemento como el segundo. El problema que tenemos en España es que para convencer a los demás hay que partir del propio convencimiento.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE

La política en sociedades democráticas, se ha repetido hasta la saciedad, es en buena parte comunicación. La razón es simple y también es de sobras conocida: cuando los gobiernos dependen de la opinión, hay que conseguir que ésta se encuentre a favor del gobierno o de lo contrario las elecciones se pierden y el poder cambia de manos. Por consiguiente, la capacidad de comunicar eficazmente es una cualidad altamente apreciada en los candidatos a puestos de responsabilidad pública que han de pasar la prueba de las urnas. Se ha visto incluso como gobernantes dotados del suficiente carisma y dotes para la seducción de las audiencias compensan con estas virtudes una gestión deficiente y el Presidente Obama ha sido un arquetipo de este fenómeno. Un desconocido senador de Illinois, sin apenas experiencia en puestos relevantes y ajeno al establishment de Washington, consigue con su encanto personal y sus dotes oratorias convertirse en el hombre más poderoso de la tierra durante dos mandatos consecutivos contra todo pronóstico inicial. Después, las grandes expectativas levantadas por semejante derroche de magnetismo y de discurso inspirado han quedado en muy poco, pero se ha demostrado una vez más que el arte escénico puede compensar la ineficacia o la carencia de proyecto a la hora de alcanzar la cúspide de la pirámide institucional.

Cuando se juntan una manifiesta incapacidad para la acción y una escasa habilidad de comunicación, entonces el desastre está asegurado

En sentido inverso, una ejecutoria acertada y fructífera al frente de una Administración puede resultar empequeñecida o insuficientemente apreciada si el mandatario que la ha llevado a cabo no pone el suficiente esfuerzo en darla a conocer o no sabe explicar con carácter previo a su aplicación las bondades de su propuesta para conseguir el respaldo social necesario. Es por eso que con frecuencia oímos a ministros, alcaldes o presidentes de gobierno quejarse amargamente de que una hoja de servicios brillante no ha sido reconocida por no haber sido correctamente comunicada a los ciudadanos. Esta vertiente de la acción política ha adquirido tal relevancia que ha generado un número considerable de especialistas en el asunto, modernos taumaturgos de la imagen y las redes, supuestamente equipados con los conocimientos técnicos requeridos para transformar al más nulo de los aspirantes a un escaño, a una alcaldía o a la misma jefatura del Ejecutivo, en un imán irresistible de papeletas.

Cuando se juntan una manifiesta incapacidad para la acción y una escasa habilidad de comunicación, entonces el desastre está asegurado. Por supuesto, hay otros factores que juegan en el terreno de ganar o perder elecciones, la altura y fuerza del adversario, las circunstancias imprevisibles, la astucia a la hora de manejar el tiempo, la pericia para la intriga, que pueden influir de manera decisiva en determinados contextos. En la España de hoy y dejando aparte que nuestro sistema político y nuestra estructura territorial han demostrado probadamente su fracaso y piden a gritos una reforma en profundidad, si nos ceñimos a cuestiones muy prácticas que no exigen mayores ambiciones, advertimos las nefastas consecuencias de un Gobierno que no pone interés en la comunicación, bien sea por indolencia o por incompetencia en la materia.

Los que claman por recuperar derechos de los trabajadores se refieren a incrementar las trabas para una ágil entrada y salida del mercado de trabajo

Consideremos, por ejemplo, el tema de la legislación laboral. La izquierda, tanto la extrema de Podemos como la nebulosa del PSOE, reclaman insistentemente la derogación de la actual, fruto de dos reformas sucesivas, una de Zapatero y otra de Rajoy, que, aunque tímidas y cortas, se han movido en la dirección adecuada y han aflojado algo el dogal de rigidez que impide por una parte crear empleo a las empresas y que por otra genera demasiada precariedad entre nuestros trabajadores. La muestra evidente de que hemos progresado en este terreno es que de los tres millones y medio de empleos destruidos por la crisis hemos recuperado en los últimos tres años casi la mitad. Los que claman por recuperar derechos de los trabajadores se refieren a incrementar las trabas para una ágil entrada y salida del mercado de trabajo, condición indispensable para que éste sea dinámico, y a dar prioridad a los convenios sectoriales sobre los de empresa, medida que imposibilita la adaptación rápida, sobre todo a las PYMES, a las fluctuaciones de la economía y las obliga por consiguiente y muy a su pesar a prescindir de personal cuando vienen mal dadas. Pues bien, una causa tan fácil en principio de defender ante la sociedad no es objeto de una campaña explicativa del Gobierno que aporte cifras detalladas, exhiba ejemplos concretos y elabore argumentos para poner de su lado a la opinión. Imaginemos lo que un Presidente o una ministra de Trabajo podrían hacer saliendo por la televisión en prime time para convencer a la sociedad española de las notorias bondades de un mercado de trabajo eficiente, descentralizado, flexible y en posición de responder velozmente a los cambios del entorno productivo. Frente a las soflamas emocionales de la oposición agitando el espantajo de las maldades del capitalismo explotador del indefenso asalariado, el estilo funcionarial, tedioso y rutinario y la parquedad empática de los encargados en el Gobierno, empezando por su cabeza, de abogar por medidas objetivamente beneficiosas para el conjunto de un país con una tasa de paro ofensivamente elevada y un desempleo juvenil descorazonador, resultan impotentes y decepcionantes.

Para convencer a los demás hay que partir del propio convencimiento

Gobernar consiste, en efecto, en hacer y en convencer y tan importante es el primer elemento como el segundo. El problema que tenemos en España es que para convencer a los demás hay que partir del propio convencimiento y si los llamados a movilizar al resto de la ciudadanía en favor de los principios y valores de la sociedad abierta, oscilan entre la indiferencia, la indolencia, la insuficiencia expresiva y el pragmatismo ramplón, el cuerpo electoral queda a merced del demagogo de turno que, carente de escrúpulos y sediento de púrpura, esté dispuesto a inventar, mentir e ignorar la realidad con tal de conseguir sus objetivos.


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