El tiempo recobrado

El estado Gargantúa

El gasto público ha crecido en 2015 en España un 2,7% y la deuda de las Administraciones ha superado el billón de euros, situándose en el 99% del PIB. Tras el susto de la amenaza de intervención y la contención sostenida del déficit entre 2009 y 2012, en cuanto el crecimiento de la economía ha vuelto a repuntar, nuestra clase política se ha lanzado de nuevo alegremente a disponer del erario para su mayor gloria y solaz. En el último trimestre del año pasado el Estado incrementó su dispendio en una proporción similar a la que existía en el inicio de la gran recesión. La cabra tira al monte y nuestros Gobiernos, sea cual sea su color, sacan la chequera a la menor ocasión.

Este hecho revelador viene a cuento por el pacto suscrito por el PSOE y Ciudadanos para presentar un programa de cara a la investidura de Pedro Sánchez. La única medida de ahorro que han destacado los medios es la supresión de las Diputaciones, con un efecto presupuestario de cuatro mil millones. El anuncio de tan drástica propuesta ha suscitado de inmediato airadas protestas de destacados dirigentes socialistas, entre los que han destacado por su nivel de rechazo, y no casualmente, varios conspicuos Presidentes de Diputación. Un análisis de sus argumentos resulta útil para juzgar el tamaño y el despilfarro de nuestro tinglado territorial.

Padecemos un Estado políticamente explosivo y financieramente insostenible y la flamante fuerza emergente de corte bolivariano nos anima a cebar la mecha de la bomba

La razón esgrimida por estos airados barones de la izquierda contra esta operación racionalizadora ha sido esencialmente que causará un gran daño a los pequeños municipios y al mundo rural, que reciben hoy imprescindibles servicios de los organismos provinciales a eliminar. La descentralización administrativa es una forma muy conveniente de agilizar la cosa pública y de acercarla al ciudadano, pero siempre orientada por los principios de eficiencia y simplicidad. Nuestra Constitución transformó un Estado unitario y centralista en uno de los más descentralizados del planeta, tanto en los planos político, simbólico, cultural y lingüístico como en los legislativo, administrativo y financiero. Las Comunidades Autónomas, con sus Gobiernos, Parlamentos, abultadas nóminas funcionariales y numerosos entes de todo tipo, son la expresión de esta rotunda voluntad federalizadora. Sin embargo, nuestra Ley de leyes conservó unas instituciones, las Diputaciones provinciales, que respondían a otro modelo, centrípeto, radial y homogéneo. Su justificación apelando al enorme número de pequeños municipios de nuestro país, una vez implantadas las Autonomías, carece de sentido. En primer lugar, porque la función tutelar de los microayuntamientos la puede asumir perfectamente la Administración regional y, en segundo, porque lo que procede es concentrar términos municipales hasta un volumen de población que les permita afrontar con éxito los servicios propios de su ámbito. Cuando el Presidente de la Diputación de Cáceres nos recuerda soliviantado que un 70% de sus consistorios tienen menos de 1000 habitantes, la conclusión lógica no es aumentar el coste manteniendo una estructura intermedia entre el estrato municipal y el autonómico, sino agrupar municipios minúsculos para formar entidades locales viables. Un movimiento en esta dirección sí que contribuiría eficazmente a “cohesionar y vertebrar el territorio” como ha reclamado a raíz de esta polémica Susana Díaz. Además, tanto el PP como el PSOE han utilizado las Diputaciones como pesebres clientelares y en no pocos casos las han convertido en nidos de corrupción.

Padecemos un Estado políticamente explosivo y financieramente insostenible y la flamante fuerza emergente de corte bolivariano nos anima a cebar la mecha de la bomba y a endeudarnos hasta la quiebra. El juego de los despropósitos que han emprendido al alimón los separatistas catalanes y los asaltantes del Palacio de Invierno made in Complutense es de tal potencial destructivo que incluso desde una saludable óptica liberal-conservadora una agenda socialdemócrata como la que nos bridan Sánchez y Rivera aparece como una tabla de salvación a la que agarrarse para evitar el ahogamiento.

El desbordante Rabelais dibujó a su célebre personaje cómico como un gigante voraz y bonachón sin saber que cinco siglos más tarde sus vecinos meridionales del otro lado de los Pirineos vivirían bajo el peso insoportable de una mole asimismo insaciable construida por ellos mismos a la que bautizarían como Estado Autonómico. De haberlo imaginado, hubiera hecho que su Gargantúa profiriese sus excesos escatológicos no en francés, sino en perfecto español.


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