El tiempo recobrado

¿Quién contra quién?

La crisis ha hecho desaparecer en España centenares de miles de empresas y ha destruido 3,8 millones de empleos. Esta catástrofe ha tenido gravísimas consecuencias sociales y ha dejado a un millón de hogares sin ingresos de ningún tipo, creando un malestar profundo en amplias capas de la población que han visto cómo sus penurias contrastaban con los abusos de unas elites políticas y financieras entregadas a la corrupción y al despilfarro. Al calor de la indignación así desatada, han surgido fuerzas populistas de extrema izquierda que proponen programas colectivistas incompatibles con la libertad económica cuya aplicación, lejos de corregir los defectos del sistema y de aliviar las dificultades de los más necesitados, contribuiría a empeorar aún más una situación ya de por sí preocupante.

Los defectos estructurales de nuestro sistema institucional y político están perfectamente identificados y sus soluciones son conocidas, pero curiosa y decepcionantemente, se encuentran prácticamente ausentes del debate de campaña, que se pierde en los meandros estériles de los pactos, las líneas rojas, los espectáculos televisivos, las promesas incumplibles, la demagogia impúdica y el bombardeo de encuestas más o menos cocinadas a gusto del cliente.

En 2004 el número de fundaciones, empresas mercantiles, consorcios, observatorios, institutos y otras modalidades jurídicas de ente público dependientes de las Autonomías era de 1.820

Un ejemplo de estas deficiencias monumentales que ningún candidato se molesta en diagnosticar ni en anunciar la forma en que se propone corregirla, es la sangría que causa al presupuesto el exagerado número de organismos públicos inútiles que existen en las Comunidades Autónomas. Mientras la profunda recesión de los años 2008-2012 arrasaba, como he recordado al principio de esta columna, nuestro tejido productivo y nuestra tasa de ocupación, las Comunidades Autónomas creaban casi 500 nuevos entes públicos y 300.000 empleos a cargo del contribuyente. En 2004 el número de fundaciones, empresas mercantiles, consorcios, observatorios, institutos y otras modalidades jurídicas de ente público dependientes de las Autonomías era de 1820. En 2012 había aumentado hasta 2306, excluido el País Vasco del cómputo porque en la práctica hace tiempo que funciona como Estado Libre Asociado. Hoy, tras el recorte provocado por la necesidad impuesta desde Bruselas de reequilibrar las cuentas, siguen siendo 1.814, es decir, las mismas que antes de la crisis. Hay que señalar, sin embargo, que esta reducción no ha significado una significativa disminución de la nómina ya que se ha conseguido sobre todo a base de fusiones y reconfiguraciones más que de supresiones. La tan cacareada reforma de la Administración pilotada por la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha sido, pues, una filfa. Es obvio que los Gobiernos autonómicos tomaron la decisión, consentida por el Ejecutivo central tanto de Zapatero como de Rajoy, de cargar descaradamente el peso de la recesión sobre las empresas privadas y los ciudadanos productivos a la vez que incrementaban su pesebre de paniaguados y su capacidad de movilizar voto clientelar. La prueba de que los entes de nueva creación surgieron como reacción a la caída del PIB salvando a correligionarios, amigos y parientes y dejando caer a las capas de la sociedad que crean valor añadido, está en que previamente al desastre no existían por la sencilla razón de que eran innecesarios. En la actualidad, aunque menores en número debido al truco de las fusiones, continúan gravitando sobre el Tesoro con un coste que no nos podemos permitir y detrayendo cuantiosos recursos de los canales reales de producción.

Sufrimos un Estado de Partidos que ha suplantado al Estado constitucional

Sufrimos un Estado de Partidos que ha suplantado al Estado constitucional y que absorbe la savia del árbol nacional impidiendo que la recuperación sea sólida y sea rápida. El hecho de que ninguna de las opciones electorales en liza señale esta escandalosa patología de nuestro sistema político y de nuestro modelo económico revela que o bien no saben de lo que hablan, cuando analizan las cuestiones a afrontar durante la próxima legislatura, o sí lo saben y no tienen la menor intención de arreglarlo, con el fin de seguir vampirizando a la sociedad en su beneficio.

El conflicto de nuestros días no es, como dijo el ideólogo-becario de Podemos Íñigo Errejón, los de abajo contra los de arriba, sino los partidos parásitos contra los estratos sociales productivos a los que explotan sin molestarse en disimularlo.


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