OPINIÓN

Autonomías y partidocracia, el camino hacia la quiebra

Esta perversidad estructural de nuestro sistema político es la que debiera ser objeto de los afanes prioritarios de los nuevos partidos, en vez de andar entretenidos con sus rifirrafes internos, perdidos en cuestiones secundarias.

Algunos de los presidentes autonómicos junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
Algunos de los presidentes autonómicos junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría. EFE

Hay noticias que, agotada nuestra capacidad de indignación, despiertan sobre todo incredulidad. ¿En qué cabeza cabe que con una deuda acumulada del 25% del PIB y tras el incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit derivados de nuestras obligaciones europeas, las Comunidades Autónomas se planten ante el Gobierno central y exijan la vuelta a la jornada de 35 horas para sus empleados y la eliminación de la tasa de reposición para cubrir vacantes que impide desde 2011 aumentar las plantillas de funcionarios más allá de las producidas por jubilación?

Las famosas 35 horas sólo existen en Francia y Portugal, y en Francia van a durar muy poco

Tras el derrumbe de nuestra economía a partir de 2008 y el siguiente quinquenio negro con la destrucción de tres millones y medio de empleos en el sector privado hasta alcanzar la pavorosa tasa de paro del 26% en 2013, ha bastado que asome una ligera recuperación y un leve repunte de la ocupación, aunque de trabajo principalmente precario y mileurista, para que los sindicatos de la función pública y los gobiernos autonómicos se apresuren a pedir lo que ellos denominan “la devolución de sus derechos” a los tres millones de españoles que cobran su sueldo del erario. De hecho, la presidenta andaluza y futura Secretaria General del PSOE, ya ha implantado unilateralmente la medida en su territorio, sin que aparentemente el Gobierno de la Nación vaya a poner coto a tal desmán, y el presidente de Castilla y León, un político con reputación de sensato y encima del PP, se ha apuntado también a la fiesta, si bien por el momento se ha limitado a solicitar un cambio normativo a nivel estatal que le permita reducir la jornada laboral de su personal.

En la Unión Europea, los empleados públicos alemanes y británicos trabajan 41 horas semanales y de los veintiséis Estados-Miembros restantes, en quince son 40 las horas que los integrantes de las Administraciones dedican semanalmente a sus tareas. Las famosas 35 horas sólo existen en Francia y Portugal y en Francia van a durar muy poco, lo que demuestra que estamos ante una reivindicación que, además de irresponsable en el actual contexto de nuestra economía, es una excepción en el conjunto comunitario. La razón por la cual nuestras esclarecidas elites políticas autonómicas y los no menos sabios dirigentes de CCOO y UGT consideran que los trabajadores públicos españoles han de trabajar menos horas que los suecos, los belgas, los daneses y los italianos, es realmente misteriosa.

Resulta desoladora la debilidad de la reacción del ministro de Hacienda ante semejante exceso declarando que “por ahora” se mantendrá la regla vigente, preámbulo sin duda a la claudicación

En un período especialmente difícil para amplísimas capas de nuestra sociedad, en el que se necesitan urgentemente recursos para atender a tantas situaciones dramáticas de numerosos compatriotas arrojados a la cuneta por una crisis de la que apenas y muy lentamente estamos saliendo malheridos, esta pretensión de gentes que tienen empleo estable y vitalicio, con remuneración media por encima de la nacional, chirría desde una perspectiva tanto racional como ética y demuestra hasta qué punto en España hemos perdido el norte después de décadas de abandono progresivo de los valores que sustentan la fortaleza y la prosperidad de los países serios, a saber, el esfuerzo, el ahorro, la austeridad, la honradez, el patriotismo, la búsqueda de la excelencia y el reconocimiento del mérito. Resulta desoladora al respecto la debilidad de la reacción del ministro de Hacienda ante semejante exceso declarando que “por ahora” se mantendrá la regla vigente, preámbulo sin duda a la claudicación.

La evidencia de que la combinación de Estado autonómico y partidocracia nos está llevando a la disgregación nacional y a la ruina es ya tan clamorosa como la resistencia numantina de la clase política a reconocerlo y a actuar en consecuencia. Estamos prisioneros de una estructura territorial ineficiente y disfuncional que no podemos pagar y de unos partidos políticos que han colonizado el presupuesto y las instituciones del Estado poniéndolos a su servicio y no al de los ciudadanos. Si los gobiernos autonómicos pugnan por que se les autorice a volver a abrir la mano de la contratación de más personal no es, como alegan falsamente, para cumplir mejor sus obligaciones, que podrían ser perfectamente atendidas incluso con menos puestos de los que ahora disponen si eliminasen la cantidad de organismos y entidades inútiles que pueblan su Administración paralela, sino para seguir colocando a correligionarios, amigos y parientes y continuar engordando sus clientelas electoralmente cautivas.

Esta perversidad estructural de nuestro sistema político es la que debiera ser objeto de los afanes prioritarios de los nuevos partidos, en vez de andar entretenidos con sus rifirrafes internos, perdidos en cuestiones secundarias o empeñados, en el caso de Podemos, en implantar mediante la agitación y la violencia un proyecto liberticida de generalización de la miseria.


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