El Parlament acudirá al Tribunal Constitucional para recurrir el real decreto de seguridad digital, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en plena campaña electoral del 10-N. "No va a haber independencia online ni offline", argumentó entonces el presidente del Ejecutivo.

En la votación, a propuesta de ERC y JxCat, el PSC se ha abstenido contra un decreto de su propio Gobierno, entonces en funciones, mientras que PP y Ciudadanos han votado en contra. A favor de este recurso se ha posicionado el bloque independentista. El decreto, a juicio de los independentistas, vulnera competencias de la Generalitat y el recurso tiene el aval de un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias.

El victimismo independentista

Ciudadanos, principal partido de Cataluña, ha aplaudido las formas de ERC y JxCat al interponer el recurso ante el Tribunal Constitucional, denostado hasta ahora por el bloque independentista, mientras han criticado el victimismo. "Se han vuelto ustedes muy legalistas pero vemos como después desobedecen", ha dicho Dimas Gragera. En tono irónico, ha asegurado que los independentistas están "judicializando la política".

Los socialistas, por su parte, han considerado que este recurso forma parte de la "absoluta normalidad" legal. El diputado Pol Gibert ha asegurado el pacto con Podemos recogía el compromiso de revisar el decreto, pero cree que "el fondo del contenido es necesario".

Una postura criticada por el Partido Popular, al considerar que el decreto aprobado por Sánchez fue una "simple pose" en campaña porque ahora el PSC "no la defiende". 

Para los 'Comuns', el decreto formaba parte de una "época basada en la confrontación y no en una nueva etapa de diálogo, como también la 'Ley Mordaza". Para el portavoz de la formación morada, David Cid, ha instado a los independentistas a defender el autogobierno y los derechos y las libertades de los ciudadanos.

El decreto, aprobado durante la "época de la confrontación"

Las formaciones independentistas han asegurado que fue una medida electoralista, para tratar de distanciarse de los separatistas en plena campaña. 

El diputado de ERC Jordi Albert ha cargado contra el decretazo de Sánchez porque no respeta el Estatut y no queda justificado que la medida sea urgente: "No nos podemos quedar de brazos cruzados".

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de JxCat Gemma Geis, que ha preguntado al PSC el motivo por el que no han votado a favor: "¿Dónde está el PSC? Si dice que respeta el Estatut, hoy lo echaremos de menos, pero ya no nos extraña".

El consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, ha explicado que este decreto "vulnera derechos fundamentales e invade competencias", y cree que es contrario a directrices europeas. A su juicio, con este decreto se autoriza la intervención de servidores, servicios de comunicaciones electrónicas en España y redes en el caso de afectación al orden y la seguridad públicas o bien para mantener la "seguridad nacional".

Por este motivo, todas las administraciones públicas deben tener sus servidores en el interior de la Unión Europea, impidiendo a la Generalitat y al resto de entes públicos establecerlos en otras zonas. Puigneró ha promovido este proyecto para la Generalitat, cuyo objetivo es constituir un "Estado digital en forma de república", como aseguró durante su presentación de Barcelona como candidata a ser una de las primeras ciudades europeas que testee la tecnología 5G.