Laura Borràs, acorralada por el caso de las contrataciones a dedo

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, evita pronunciarse sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de subvenciones durante su etapa en la Generalitat.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona inició en julio de 2018 una investigación a Isaías Herrera, un informático al que Borràs adjudicó  casi una veintena de contratos de servicios para la web del Institución de las Letras Catalanas (ILC), institución en la que la dirigente independentista llevaba entonces unos cinco años.

Tras advertir indicios de delito, el juzgado elevó el caso al Tribunal Supremo, ya que, al ser una diputada, Borràs está aforada. La ex consejera de Cultura del Govern de Quim Torra se niega a dar explicaciones más allá de las que ofreció en su día en el parlamento catalán.

Si bien Borràs insiste en que la investigación de Fiscalía y del Supremo tiene "una motivación política", la causa contra ella está abierta por los delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La magistrada del Juzgado 9 sostiene que Borràs, entre los años 2013 y 2017, "abusando" de su condición de directora del ILC, "participó material y directamente" en la adjudicación "directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática" en favor de Herrero, informa Europa Press.

Está acreditado que a Herrero, también investigado por estos hechos en el juzgado 9 de Barcelona, le unía una "relación personal y profesional" con Borràs.

“Dinero reservado”

Borràs actuó "de común acuerdo" con Herrero "para defraudar" al ILC "mediante el fraccionamiento ilegal" de los contratos a través de la "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público". A través de contratos a otros proveedores, en realidad se adjudicaban a Herrero, aclara la exposición razonada.

En la exposición razonada, la juez reproduce numerosas de las diligencias practicadas por los investigadores e incluye una serie de correos electrónicos de ambos que acreditarían los indicios de delito cometidos por Borràs.

Uno de ellos son los e-mail enviados el 18 y 19 de julio de 2015 en el que Herrero pregunta si ocurre algo con las facturas y Borràs contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una, pero que no sufra porque el dinero lo tiene reservado y es para esto".

Límite, 18.000 euros

También otros e-mail que fueron cruzados entre el 27 y 28 de febrero de 2017, en los que Borràs explica que "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".

Otra de las conversaciones que la juez considera importante es la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que factura unos "trapis [trapicheos] por allí", en alusión al ILC y que tiene que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...". Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.

Con todo ello, la juez de Barcelona asegura que la portavoz del partido de Carles Puigdemont "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente el pago".

Pactaban el precio

De hecho, señala que Herrero y Borrás pactaban el precio del servicio prestado, "partiendo del presupuesto inicial a desembolsar en su totalidad pero fraccionándolo en pagos inferiores de 18.000 euros" para evitar que la adjudicación se hiciera a través de concurso público.

De este modo, se presentaban facturas con conceptos e importes "inventados". El importe total de los contratos adjudicados por ILC a Isaías Herrero es de 259.863 euros sin IVA.

Asimismo, la juez instructora, que continúa la instrucción por estos hechos en relación en relación a Herrero y otros investigados, explica toda la operativa y detalla que con el fin de dotar de transparencia el procedimiento de contratación y demostrar que la oferta de Herrero era la "más ventajosa", éste, en colaboración con otros investigados, aportó a cada uno de los expedientes de contratación tres presupuestos, a través de otras sociedades, de los cuales dos, como mínimo, "eran falsos o simulados", informa Europa Press.

Uno de los investigados es el empresario Andreu Pujol Martin, quien a través de su mercantil, presentaba presupuestos en varios expedientes de contratación con precios más elevados o bien facturó servicios al ILC que realmente fueron prestados por Herrero.

Asimismo, Borrás y Herrero se sirvieron de la ayuda de un trabajador de la ILC, Roger Espar -también investigado en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona- que desde finales de 2016 fue responsable de la gestión administrativa de la institución. "Cooperó con ellos de manera decisiva orientándoles en cómo debían proceder" para conseguir su propósito, indica la exposición razonada.

La juez Silvia López Mejía comenzó los trámites para elevar el caso de Borràs al alto tribunal el pasado verano, cuando pidió al Congreso de los Diputados que certificara la situación de la portavoz de JxCat para confirmar si es aforada o no.

Diputada aforada

Borràs renovó su condición de diputada en el Congreso en los comicios del pasado 10 de noviembre, aunque mantiene el aforamiento desde que se convirtió en vocal de la Diputación Permanente de la Cámara Baja con la disolución de las Cortes, por lo que el órgano competente para abrir causa contra ella es el Supremo.

Tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, Borràs no perdió su condición de aforada al estar en la Diputación Permanente. 

La investigación salió a la luz tras la filtrarse a los medios el registro por parte de los Mossos, con orden judicial, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, donde se alojan los correos electrónicos del conjunto de departamentos del Govern.

Entonces, Borràs, que era consejera de Cultura, acudió al Parlament para explicar que nunca cometió irregularidades al frente de ILC ni concedió contratos a dedo.