La Generalitat de Quim Torra ha costeado los servicios jurídicos privados de Josep Lluis Trapero, entonces la máxima autoridad del cuerpo de Mossos d'Esquadra, y también la defensa de Teresa Laplana, entonces intendente del cuerpo policial. La Audiencia Nacional está juzgando a Trapero por un delito de sedición y por el que la Fiscalía pide hasta once años de prisión.

Hasta ahora se desconocía de donde procedía el dinero para pagar a la prestigiosa abogada penalista Olga Tubau. Según el expediente de externalización y al que ha tenido acceso El Liberal, la Generalitat evitó usar sus propios servicios jurídicos, al servicio de cualquier miembro del Govern y funcionarios, debido a la "complejidad" del caso. 

Por este motivo, se propuso externalizar la defensa de Trapero y Laplana durante su enjuiciamiento en la Audiencia Nacional. El expediente ha sido dado a conocer en respuesta a una pregunta por escrito de Ciudadanos tras llevar a cabo una investigación sobre quién pagaba las defensas del enjuiciado Trapero.

La formación naranja pidió, a través del diputado Matías Alonso, una copia íntegra del expediente sobre la necesidad de contratación de asistencia letrada externa de Trapero con cargo al patrimonio de la Administración de la Generalitat de Cataluña. El consejero de Interior, Miquel Buch, firmó por escrito que estas defensas las abona el Govern.

Según el expediente, la Consejería en manos de Buch rechazaba utilizar sus propios abogados ya que "excepcionalmente" se puede externalizar el servicio si así lo estiman el presidente de la Generalitat o algún consejero por la "naturaleza de la cuestión debatida o del organismo afectado", previa presentación de un informe motivado de los servicios jurídicos. La Generalitat pagará también estas defensas en caso de iniciarse otros procedimientos penales, según consta en el expediente.

Según fuentes judiciales, el coste en un caso de este tipo supone unos honorarios elevados, tanto por la complejidad como por las horas de dedicación. Cabe recordar que las tarifas de los letrados son libres y el baremo del Colegio de Abogados, que lleva años sin actualizarse, es meramente indicativo.

Esta decisión del Govern de Quim Torra se basó en informes firmados por Cesar Puig, exsecretario de Interior de la Generalitat, y Pere Soler, exdirector de los Mossos. Los escritos están fechados el 5 de octubre de 2017, tan solo cuatro días después del referéndum ilegal del 1-O, y el día 20 de ese mismo mes, a una semana de la declaración unilateral de independencia de Carles Puigdemont. 

Tanto Puig como Soler están enjuiciados en la misma causa y se enfrentan a una petición de 11 años de prisión por un presunto delito de rebelión. Ninguno de ellos percibe conflicto de intereses para externalizar la defensa de ambos miembros de los Mossos, motivo por el que externalizan el servicio a Olga Tubau y a Lydia Lajara para defender a Trapero y Laplana, respectivamente.