ERC no quiere perder su papel de socio preferente del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Y, así, estos últimos días, el vicepresidente de la Generalitat y líder del partido, Pere Aragonés, ha negociado directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la sexta prórroga del estado de alarma debido a la pandemia del COVID-19. Los republicanos se abstendrán en la votación, que tendrá lugar el próximo miércoles en el Congreso. A cambio, Sánchez se ha comprometido a que esta sea la última ampliación del estado de alarma.

ERC, además, ha logrado del presidente el acuerdo para que la Generalitat pueda gestionar la parte que le corresponda de los llamados fondos para la reconstrucción. Un dinero procedente de la UE y que en estos momentos están negociando los gobiernos. A esto se sumará que el Govern pueda intervenir en la gestión del proceso de desescalada, colaborando, eso sí, con el Gobierno central.

Gestión catalana de la renta mínima

Los republicanos han planteado a Sánchez, por otro lado, la necesidad de buscar la manera de que Cataluña pueda también gestionar el Ingreso Mínimo Vital, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. Y, además, ha logrado el compromiso del Gobierno para que los trabajadores de Igualada y la Conca de l'Òdena reciban compensaciones extraordinarias por el confinamiento al que fueron sometidos días antes de la declaración del estado de alarma en todo el país y de una manera más rígida que el resto, según ha informado La Vanguardia.

De este modo, la formación liderada en Madrid por Gabriel Rufián intenta volver a situarse como socio preferente del PSOE y Unidas Podemos, pretendiendo evitar que Ciudadanos ocupe ese lugar, como sucedió en la aprobación de la quinta prórroga del estado de alarma. No se puede obviar que, aunque desde JxCat se niega la posibilidad de convocar ahora elecciones autonómicas, estas siguen en el horizonte. Y, por otro lado, a ERC no le interesa romper la relación con el Gobierno de Sánchez porque eso podría dar al traste con su intención de lograr negociar con el Ejecutivo la celebración de un referéndum por la independencia de forma legal a través de la mesa creada el pasado mes de febrero.