El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Cataluña) ha hecho público su informe sobre las protestas tras la sentencia del juicio del procés, entre el 14 y el 26 de octubre, justo la víspera de la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana.

La mayoría de las conclusiones se refieren únicamente a las diversas actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y tan solo una sobre los manifestantes, para quienes pide la revocación de la prisión provisional.

Ribó ha considerado necesaria la prohibición del uso de las pelotas de goma en Cataluña, solo utilizadas por la Policía Nacional durante las dos semanas violentas en Cataluña. "Se sustituirán por otros instrumentos menos lesivos e indiscriminados", ha asegurado.

ha pedido que se mantenga la coordinación de las distintas Fuerzas de Seguridad del Estado bajo mando de los Mossos d'Esquadra, a través del Centro de Coordinación (CECOR).

También ha pedido al Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, y a la Consejería de Interior de la Generalitat, bajo el mandato de Miquel Buch, que se investigue de "manera rigurosa e imparcial las alegaciones de exceso de fuerza y vulneración de derechos", así como la aplicación de sanciones por las infracciones y delitos que puedan haberse cometido". A su juicio, la administración debe hacer públicas estas averiguaciones.

Identificaciones de los agentes de Policía

Por otro lado, ha pedido a Grande-Marlaska identificar a todos los agentes antidisturbios no solo de forma correcta, sino también "clara e inteligible". Al propio ministro le pide revisar los protocolos sobre el uso de armamento reglamentario de la Policía

Al mismo tiempo, ha emplazado al Estado, Congreso, Senado y demás administraciones a revisar el modelo de seguridad para acercarse a un sistema de policía de proximidad, cuya actuación se centre en la mediación y no en el uso de la fuerza. Así, ha considerado que los Mossos d'Esquadra están en ese camino, no así la Policía Nacional, que sigue un "modelo francés, jerarquizado y con un uso excesivo de la fuerza.

Por último, "las autoridades fiscales y judiciales deberían reconsiderar la situación de prisión provisional de las personas que aún se encuentran en esta situación".