La CUP vuelve a tener un caso de "acoso psicológico", el segundo en menos de un año tras el sufrido por Mireia Boya, que dejó todos los cargos en la formación antisistema sin que se haya conocido aún el resultado de la investigación interna.

El nuevo caso de este tipo de acoso se ha producido en Verges (sureste de Gerona y de apenas 1.100 habitantes), uno de los pocos Ayuntamientos en manos de la CUP y ha provocado la salida del grupo parlamentario de Susagna Riba, segunda teniente de alcalde y concejal de Salud, Participación y Atenció a les persones, según ha adelantado el Diari de Girona y ha explicado ella misma en redes sociales.

"Todo lo que me ha pasado se inició por una mala gestión del grupo municipal ante un acosador psicológico", ha asegurado en su cuenta de Twitter. Pese a las explicaciones dadas, no se ha sentido apoyada por el grupo, según ha afirmado en redes sociales. "La situación se convirtió en insostenible", ha señalado.

La concejal también ha rechazado las formas de aprobar estas cuentas, mediante un pleno extraordinario donde no se ha permitido participar al público. "En ningún caso quisiera que se simplifique al hecho de que quiero percibir un sueldo", ha afirmado en redes.

"No me interesa tener otra retribución mensual por cuestiones profesionales, académicas y personales" y así lo ha dicho tanto al grupo municipal de la CUP como al equipo de gobierno. "Desde hace meses no participo en las reuniones del grupo municipal ni en las del equipo de gobierno" por discrepancias personales, ha apuntado.

Subidas de sueldo del 50%

El acoso psicológico denunciado públicamente se produjo tras el rechazo de la concejal a los Presupuestos del Ayuntamiento. En concreto, no veía bien que se concedieran 2.400 euros a la fundación privada Vimar, dedicada al cuidado de personas con discapacidad, para construir un centro en Sant Feliu de Guíxols. "No queda claro que se deba dar dinero público a una acción de titularidad privada", ha considerado.

También ha votado en contra de sus propias cuentas al no incluirse el "coste de la conexión al alcantarillado de algunos núcleos del pueblo" o la exigua partida de 300 euros para consultas populares, pese a ser una de las prioridades del programa. Para la Juventud, en cambio, sí considera que las entidades privadas sufraguen el 75% de los costes, mientras que el Ayuntamiento concede 400.

Tampoco se especifica el destino de los 890 euros del Estado para la lucha contra la violencia machista, mientras que los concejales electos, solo dos, se incrementarán el sueldo un 50%. En este sentido, ha comentado que la ayuda de la Consejería de Gobernación es de 14.000 euros, mientras que el gasto en sueldos de los dos cargos electos con dedicación alcanza los 28.400 descontando el coste d la Seguridad Social. De esta forma, los habitantes de Verges pagarán 14.400 euros.