Cada día mueren en Cataluña entre 8 y 10 personas esperando las ayudas de la Ley de Dependencia

Cada día mueren en Cataluña entre ocho y 10 personas a la espera de recibir las ayudas solicitadas en base a la Ley de Dependencia. La mayoría de ellos son ancianos. El cálculo lo ha elaborado la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), cuyo portavoz, Enrique Peidro, asegura que se trata de "una cifra escalofriante y silenciada". La FATEC, además, tiene claro que "la culpa es de las instituciones". Y, en el caso de la Generalitat, de la consejería de Asuntos Sociales, en manos del republicano Chakir El Homrani. "Culpan siempre a Madrid de lo que está sucediendo", explica Peidro, "pero no es así. Y tienen que dejar de hacerlo".

Entre 2007 y 2019, la consejería ha recibido un total de 741.539 solicitudes iniciales de valoración del grado de dependencia. De estas, 616.628 corresponden a personas de más de 65 años. Y 405.415 a mayores de 80. Muchos de ellos, según la FATEC, mueren sin haber podido recibir la ayuda solicitada a la Generalitat. 

Peidro considera que hay en la consejería un problema de "incompetencia". Y pone como ejemplo que la FATEC ha podido comprobar que desde la Generalitat se envían al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) datos que poco tienen que ver con la realidad. "La Generalitat", explica el portavoz de la FATEC, "dice que atiende a 13.000 personas más que las que comunica al IMSERSO. Les están dando ayudas, sí, pero sin recibir el dinero de Madrid. Y eso demuestra que son unos incapaces". Peidro abunda en que la excusa de "culpar a Madrid" no ayuda a solucionar un problema que considera "gravísimo".

Denuncias de maltrato

La FATEC, por otro lado, ha puesto en marcha un buzón de denuncias anónimas con el objeto de sacar a la luz los malos tratos a los ancianos en Cataluña. Les consta, por la experiencia, que el número es elevado. Sin embargo, hasta ahora, no han recibido denuncias que puedan ser tramitadas ante la Fiscalía. "Se denuncia muy poco y lo que se denuncia es la punta del iceberg", explica Enrique Peidro a El Liberal.

Es evidente que denunciar a un familiar "es difícil". Y ello a pesar de que, a través de las federaciones de mayores, se logró en 2015 la modificación del Código Penal para introducir como agravante el abuso "de la vulnerabilidad por razón de la edad". "Pero ni con esto ni con el anonimato hemos logrado mover a la gente", lamenta el portavoz de la federación.

Las denuncias recibidas por la FATEC hasta hoy suelen estar relacionadas con asuntos económicos. Y, sobre todo, con las herencias. Son, por lo general, situaciones de "maltrato psicológico" contra quien dejará algo algo a los suyos después de muerto. "El daño que producen las palabras es muy duro", recuerda el portavoz de la federación, "hay padres que han cedido los bienes en vida y se han encontrado con los hijos atacándoles psicológicamente. ¿Cómo se mide ese maltrato cuando, además, ocurre en el seno de la familia?". En otros casos, la solución es, aparentemente, sencilla. "Basta con la amenaza de cambiar el testamento", asegura Peidro, "suele ser mano de santo porque el dinero, desgraciadamente, está por encima de los sentimientos".

El problema se agrava, finalmente, cuando los ancianos no tienen una alternativa a su propia casa para escapar de los malos tratos. Pueden solicitar plaza en una residencia pero, según Enrique Peidro, es un proceso largo en el que la última palabra la tiene un juez. Y, en estos casos, "van lentos". "No hay residencias adecuadas", concluye el portavoz de la FATEC, "no es como con las mujeres víctimas de la violencia de género, donde se actúa rápidamente. Nos parece muy bien. Pero los mayores maltratados también necesitan apoyo rápido porque puede que se mueran sin recibir la ayuda y sin salir de esa situación de maltrato".