El abogado Gonzalo Boye deberá indemnizar al empresario Emiliano Revilla, que fue víctima en 1988 de un secuestro por parte de ETA en el que el controvertido letrado de Carles Puigdemont participó. Boye fue condenado a pena de prisión y a una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).

Ahora la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha establecido en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la ejecución de la responsabilidad civil del abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, al rechazar que ésta haya prescrito. Por eso, y a pesar de contar con el pronunciamiento en contra de la Fiscalía, el tribunal ordena hacer efectivos los embargos que ya se acordaron en su día y "profundizar en la investigación patrimonial" del abogado.

Boye fue condenado en 1996 como autor responsable de un delito de detención ilegal a la pena de 14 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplió seis. Un año antes de obtener la libertad condicional había comunicado que abonaría de forma fraccionada el pago de la indemnización, a razón de 5.000 pesetas mensuales.

Apoyos independentistas

Al auto de la Audiencia Nacional han respondido vía Twitter los independentistas, con Carles Puigdemont a la cabeza. El ex presidente y ahora eurodiputado, fugado de la Justicia española, ha asegurado que "quieren la muerte civil de los disidentes políticos". "Es una persecución indecente", ha añadido, "que solo tiene un objetivo y no tiene nada que ver con la justicia". El presidente Quim Torra también ha mostrado su rechazo a la decisión judicial contra Boye, poniéndose "a su disposición". Y el jefe de campaña de JxCat y Quim Torra, Aleix Sarri, ha tuiteado, por su parte, que "atacan y persiguen" a Boye porque "le tienen miedo".