OPINIÓN

La oposición útil desprecia a los afectados por cláusulas suelo

Una vez más el Gobierno y sus muletas parlamentarias han dado la espalda a los ciudadanos, dejando todo el poder de negociación a la banca.

El ministro de Economía, Luis de Guindos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos. EFE

El devenir político de esta legislatura va destapando el fraude que ha supuesto la entrada, aunque no se haya formalizado, del PSOE a cogobernar con el PP y lo que queda de Ciudadanos. Tras el boato de la subida del salario mínimo, una concesión sin apenas coste económico para el PP, las migajas de más para las Comunidades Autónomas, y el fin de las revalidas que estaba previsto que este año no tuviesen efecto, el PSOE se ha retratado apoyando un decreto que perjudica claramente a los afectados por cláusulas suelo.

El PP y muletas parlamentarias han dejado tirados a los consumidores

Esta afrenta tiene un claro valor simbólico porque se trata del primer gran escollo en el que hay que definirse en un tema asimétrico: o salvamos a la banca, o perjudicamos a los consumidores. La respuesta ha sido muy clara: hay que salvar a la banca porque si se les obliga a pagar todo el montante, fruto de la sentencia del Tribunal Europeo, la cuenta de resultados de algunos se vería muy afectada y habría que volver a capitalizar, salvo que se incrementasen mucho los depósitos, como argumentan algunos economistas de moda.

La consigna es clara: hay que salvar a la banca antes que volver a recapitalizar

La lucha individual de algunos afectados, sin ayuda de ninguna institución pública y sin comprensión por parte de ese desaguisado que supone tener las competencias de consumo en Sanidad, la justicia ha ido perfilando una enmienda a la totalidad de las prácticas bancarias en el sector hipotecario.

Tantas ganas de tener un piso en propiedad tenían algunos que nadie se paró a pensar que gran parte de las cláusulas que se firmaban eran ilegales

Tantas ganas de tener un piso en propiedad tenían algunos que nadie se paró a pensar que gran parte de las cláusulas que se firmaban eran ilegales, que había abusos en los costes inherentes a la hipoteca, y que una vez desahuciados, algunos deberían recuperar la vivienda.

Todo el entramado legal hipotecario se ha demostrado perjudicial para el consumidor

Estas normas, aprobadas en época del PSOE, pero mantenidas por el PP, eran un salvoconducto para el sistema financiero, que ahora deja al descubierto los intereses creados de las dos grandes formaciones políticas para con la gran banca, fruto de su dependencia en mantener una estructura tan arcaica, como prescindible.

La eclosión de la burbuja inmobiliaria y el desarrollo financiero del mercado de la vivienda han generado un monstruo que hoy nadie se atreve a derribar

La eclosión de la burbuja inmobiliaria y el desarrollo financiero del mercado de la vivienda han generado un monstruo que hoy nadie se atreve a derribar. Productos opacos con un riesgo inasumible por gran parte de los consumidores y nade al otro lado (consumo) que supiese descifrar exactamente el peligro de estas prácticas, acostumbrados a detectar, y mal, fraudes en la alimentación o en el etiquetado del textil en rebajas. Este analfabetismo financiero, que no solo se da entre la población que no está obligada a ser experta en ello, sí es responsabilidad de los ejecutivos, tanto central como autonómico. Pero no hay nadie que tenga valor de cambiar esta anomalía y se prefiere tirar de inercia y que nadie cambie.

El analfabetismo financiero de los consumidores es directamente proporcional al de los responsables de consumo en Sanidad

Con estos antecedentes, uno pensaría que este momento es idóneo para escarmentar de una vez a la banca, que ha contado también con la aquiescencia de los notarios y el Banco de España, cuyos economistas tenía prohibida la palabra burbuja en sus documentos, imagínense quien había detrás de esta censura intelectual. Para ello, hubiese bastado que el Gobierno, y sus palmeros actuales, cogiesen la sentencia y obligasen a su ejecución integra, saldando la deuda económica y moral de haber dejado a la intemperie a los consumidores durante tantos años. Ante el riesgo de presentarse ante la opinión pública en solitario dejando grandes resquicios discrecionales a la banca para que pueda no devolver el dinero en su totalidad, el PP ha preferido contar con aliados para sacar adelante el decreto que deja muy abierta la posibilidad de poder cobrar lo que la banca ha extraído de forma ilegal a millones de usuarios.

El Gobierno permite a la banca decidir si paga, cómo lo paga y cuándo lo paga

En primer lugar, el Gobierno no entra en el fondo de la fecha a partir de la cual hay que devolver lo cobrado legalmente. El Tribunal Supremo ha sido taxativo, pero el decreto no entra en ello y deja al albur de la banca en principio, y luego a los tribunales, su resolución definitiva. Tampoco interviene a delimitar si el resto de entidades, distintas de las afectadas, deben o no devolver el dinero. Aquí ya ha habido Bancos, como el Sabadell que niega la opacidad de sus cláusulas, y defiende la bondad de esta práctica, en un duro alegato contra consumidores y abogados por defender lícitamente sus derechos.

Será el banco el que decida si cabe la negociación para el cobro y también será clave para saber quién paga las costas del juicio en el caso de que se pierda

Los pactos de cambio de hipoteca a tipo variable cláusula suelo por hipotecas a tipo fijo, un modelo de abuso de libro, tampoco son objeto de defensa en el RD aprobado, limitándose el ejecutivo a declarar lo obvio, que el cliente puede ir por la vía judicial o extrajudicial para reclamar sus cantidades. Pero como siempre, no entra en el fondo, tal vez por miedo, o tal vez por desconocimiento del abuso que supone para muchos clientes.

Otro aspecto crucial en el que el Gobierno y palmeros deberían haber entrado es en la obligación de comunicar, por parte de la banca a cada usuario, la cantidad cobrada de más. Esto estaba previsto en versiones previas del acuerdo, pero luego ante la presión de la banca, se eliminó. Ahora la banca, lo anunciará en páginas web y en las propias oficinas, limitando el derecho a la información y creando una confusión deliberada para que no haya demandas colectivas. Por último, será el banco el que decida si cabe la negociación para el cobro y también será clave para saber quién paga las costas del juicio en el caso de que se pierda.

La decisión de apoyo del PSOE demuestra una vez más la deriva en la que se encuentra

En resumen, una vez más el Gobierno y sus muletas parlamentarias han dado la espalda a los ciudadanos, dejando todo el poder de negociación a la banca, con más medios para litigar y con capacidad de decisión extrajudicial ante el temor a perderlo todo. Del PP se esperaba esto, pero había dudas de qué haría esa Gestora que hace y deshace como si fuese una dirección legítima. Pero el elevado endeudamiento es el mejor antídoto para defender a quién te presta, frente a quién te vota. Luego que digan que el PSOE es un partido de sus votantes.


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