OPINIÓN

Las ocurrencias de los Préstamos Universidad que ya han fracasado

Defender que el problema de las elevadas tasas se soluciona con una política de créditos es suicida y alejado de una supuesta política redistributiva.

Las ocurrencias de los Préstamos Universidad que ya han fracasado.
Las ocurrencias de los Préstamos Universidad que ya han fracasado. EP/UPNA

Susana Díaz presentó su medida estelar para jóvenes: préstamos para estudiar un postgrado

Esta medida estrella parte de un supuesto que la nueva izquierda socialdemócrata ha hecho suyo: los ciudadanos ya no son sujetos de derecho, sino que son básicamente clientes. Es decir, los estudiantes que quieran seguir estudiando un Máster o emprender un negocio, se convierten antes de empezar en sujetos pasivos que comienzan su andadura con una deuda de 24.000€, pero por supuesto siempre bajo la premisa que es una medida de política social.

Esta medida transforma a los ciudadanos de derecho en clientes

La gran pregunta que surge es la siguiente, ¿sabían los responsables del programa que esta medida ya estuvo en vigor hasta 2011 en España? En efecto, en el año 2007, el gobierno de Zapatero sacó una línea de préstamos para estudios universitarios, a tipo 0, eso sí con la intermediación del ICO y el Banco de Santander, con el compromiso de pago una vez el cliente estuviese trabajando y su renta alcanzase los 22.000€. Esta deuda prescribía a los 15 años si no se había podido pagar. Como se puede ver era un chollo y seguramente muchos jóvenes picaron y se lanzaron a pedirla. En un país serio, y con dirigentes responsables, cualquier intento de replicar medidas ya probadas pasarían por evaluar el efecto de lo ya realizado y decidir si conviene repetir el fracaso o no.

Esta fórmula ya la ensayó Zapatero en 2007-2011 con un sonoro fracaso

El Préstamo-Renta Universidad se puso en marcha en el año 2007 y se derogó en 2011. La primera convocatoria fue 2007/2008, las siguientes fueron 2008/2009, 2009/2010 y la última, 2010/2011. En las dos últimas convocatorias, las entidades financieras fueron, en 2009-2010, el Banco de Santander, la Caja Insular de Canarias, la Caja General de Canarias, el Banco Caminos y Cajasol. En 2010-2011, el Banco Santander, Sa Nostra, Cajasol y Unicaja. Ante todo, nos encontramos con un problema que debería solucionar el propio Estado o la Comunidad Autónoma correspondiente: es decir, el derecho al acceso a titulaciones oficiales sin importar las condiciones económicas de los estudiantes.

Este fracaso empeora con la subida de hasta el 250% (en la Comunidad de Madrid, por ejemplo) que sufrieron dichos másteres en diversas CC.AA. en los últimos años. ¿Debería ser necesaria la intermediación de un banco privado o de un sistema de créditos para facilitar el derecho a la educación que todos tenemos? Defender que el problema de las elevadas tasas se soluciona con una política de créditos es suicida y alejado de una supuesta política redistributiva.

Las condiciones iniciales de tipos cero y periodo de carencia en base a la renta futura de 22.000€ se cambiaron unilateralmente, generando una bolsa de arruinados

Esta medida no es una invención del gobierno español, sino que viene orientada por los que han cursado estudios en EEUU, donde es muy común esta práctica ante el escaso o nulo esfuerzo público en facilitar el acceso a la formación en general para la gran parte de la población norteamericana. Esto ha generado una burbuja de préstamos universitarios que ha crecido de un modo exponencial y con difícil solución. Es una demostración de la falacia, ya leyenda urbana, de que en EEUU nadie se queda sin estudiar por falta de dinero. Si así fuera, las familias no se pasarían la vida ahorrando para pagar la universidad a sus hijos ni existiría semejante burbuja, algo parecido a lo que han sufrido los que se creyeron el cuento de hadas de Zapatero.

Esta idea es una burda copia de lo que se hace en EEUU y Chile, con un resultado terrible para muchas familias

Pero el modelo de Zapatero aún empeoró al cabo de un año, ya que se cambiaron las condiciones de forma unilateral, sin que el ICO o el Banco de Santander anunciasen nada en su página web. En concreto, al cabo de un año se eliminó el umbral de los 22.000€ para empezar a devolver el dinero, por lo que los estudiantes tuvieron que empezar a devolver el préstamo nada más acabar sus estudios, sin importarles si tenían fondos o no. La deuda dejó de prescribir y se hizo vitalicia, y finalmente se colocó un interés por impago del 10%, más una comisión cada vez que se impagaba un recibo. Por tanto, esta forma de financiar la educación ha perjudicado en mayor medida a las rentas más bajas, algo que parece es consustancial cuando uno transforma el derecho a la educación en clientes potenciales del sistema financiero, sea público o privado.

Si a esto añadimos que la inflación de tasas universitarias, tanto en grado como en postgrado ha seguido creciendo, por no hablar de los Masters habilitantes, tenemos el coctel perfecto para que miles de jóvenes, y sus familias, caigan fácilmente en este engaño y señuelo que permite estudiar con préstamos supuestamente a tipo cero. La realidad laboral en España hace que muy pocos jóvenes puedan tener salarios de más de 22.000€/año cuando salen del postgrado, por lo que ya en su día, cuando la crisis empezaba, se tenía que haber previsto el grave problema que acarrearía a los que suscribiesen este préstamo-trampa. Hoy más de 1.000 afectados siguen enganchados a una deuda que, algunos, no podrán pagar jamás.

Junto a esto, la inflación de tasas no ha ayudado en nada a equilibrar el acceso a los cursos de postgrado

El refrán nos dice que hay que conocer la historia para no volver a repetirla, salvo para decisiones políticas que, en aras de conseguir un puñado de votos, pueden provocar un sufrimiento sin límite. Pero lo más difícil de entender es que un partido que se autoproclama socialdemócrata confunda ciudadanos de derecho con clientes, algo que solo beneficia, como ya ocurrió en 2007 a las entidades financieras intermediarias, y que ahora pretenden repetir, sin haberse leído y analizado la experiencia acumulada. Solo cabe que alguien con cabeza retire esta propuesta y empiecen a delimitar dos cosas fundamentales:

  1. Se debe financiar desde el Estado la educación superior y de postgrado
  2. Si es así, solo cabe utilizar los mecanismos tradicionales de becas y/p reducir al máximo los precios públicos de Universidades, en su vertiente de grado y postgrado.

En suma, Susana Diaz desempolva una medida regresiva, engañosa y que lastrará a muchos jóvenes

Pero lamentablemente, en esta era de la ocurrencia y subasta a ver quién da más, los partidos políticos ni estudian, ni leen, ni analizan. Luego, cuando implementan y fracasan, se escudan en la coyuntura. Por todo ello, hay que intentar, mediante la información veraz, que nadie se lance a emprender, ni a estudiar un postgrado con una deuda ya en la mochila de 24.000€. Atentos.


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