OPINIÓN

La corrupción empresarial no existiría sin regulación: una broma

¿Por qué si la maraña de regulaciones favorece sin escrúpulos a todas las empresas que están apareciendo en los sucesivos juicios, éstas siguen pagando a los actores políticos?

Félix Millet, en su declaración por el caso Palau.
Félix Millet, en su declaración por el caso Palau. EFE

En la semana en que hemos empezado a escuchar las voces de los presuntos saqueadores del Palau de la Música en Cataluña, y también la constatación de que, en Madrid, Esperanza Aguirre y su equipo, se nutrían de fondos empresariales para sus actos, de nuevo aparecen las voces liberales de ultratumba: Es la regulación, estúpido.

Los liberales ortodoxos culpan de la corrupción empresarial al exceso de regulación

Este viejo principio, ajeno a toda lógica ética, culpa de todos los males de la existencia de corrupción al exceso de regulación y arbitrariedad en la administración pública que obliga a los empresarios, grandes y pequeños, a delinquir para seguir instalados en el oligopolio extractivo, en la mayoría de los casos. La lógica es aplastante, tratando de hacer creer a la población que su inteligencia no es capaz de entender estas prácticas perversas y delictivas.

Las grandes empresas, las más nombradas por los presuntos títeres que están estos días en los juzgados, necesitan de las supuestas mordidas que pagan al partido de turno, me da igual que sea el PP, el PSOE o ex CiU, porque el yugo de la regulación les impide acceder a los contratos de obra que licitan las diversas Administraciones Públicas.

El oligopolio extractivo estaría obligado a pagar mordidas para conseguir obra pública

Esta es la tesis de los pensadores liberales más ortodoxos que, ante cualquier desviación de comportamiento de las sagradas empresas, único sujeto de derecho en el mundo económico idílico que ellos construyen, echan la culpa de todo ello a la existencia de burocracia, regulación y Estado.

En su mundo ideal, las empresas al no existir licitaciones públicas, podrían acceder a la obra pública o privada, por mecanismos alternativos, tipo subasta

En su mundo ideal, las empresas al no existir licitaciones públicas, podrían acceder a la obra pública o privada, por mecanismos alternativos, tipo subasta, en los que se adjudicarían los contratos siempre las mismas, ahorrándose la mordida que éticamente contradice el humanismo cristiano que ellos proclaman y defienden.

La legislación tan denostada por los liberales es descaradamente favorable a las grandes empresas

Lo más curioso es que si uno analiza la propia regulación, y ha contribuido a la elaboración de la norma que regula las adjudicaciones de obras del Estado, sabrá que dicha normativa favorece, de forma descarada, a este tipo de empresas. La fijación del precio como variable prácticamente decisoria para la obtención de contratos públicos, deja en inferioridad de condiciones a las miles de empresas medianas y pequeñas a la hora de optar por cualquier obra o servicio público.

La fijación del precio como variable prácticamente decisoria para la obtención de contratos públicos, deja en inferioridad de condiciones a las miles de empresas medianas y pequeñas

Ejemplos hay miles, pero solo hay que analizar a quien se adjudica las grandes obras en España, normalmente al oligopolio constructor que todos tenemos en mente: ACS, Ferrovial, Acciona, y otras de menor tamaño, como Ortiz, muy ligada al PP en la Comunidad Valenciana o Hispánica. Pero también hay que analizar, por ejemplo, como en el proceso privatizador de servicios públicos municipales, casualmente, gran parte de ellos son adjudicados a una mega empresa como Clece, filial de ACS.

Los grandes beneficiarios, ¿por qué tendrían que pagar a los actores políticos si lo tienen todo?

La pregunta que surge es sencilla. ¿Por qué si la maraña de regulaciones favorece sin escrúpulos a todas las empresas que están apareciendo en los sucesivos juicios, éstas siguen pagando a los actores políticos? Aquí surgen diversas interpretaciones y ninguna es mínimamente ética. Una aproximación es que las grandes empresas, presuntamente, financian a los actores políticos porque así favorecen que no se cambie la legislación y la apertura de plicas no suponga ninguna sorpresa desagradable. Esta teoría chocaría completamente con la lógica liberal.

Es decir, las grandes empresas que conforman en muchos sectores oligopolios o monopolios extractivos, estarían muy cómodas con esta barrera a la entrada que supone la legislación actual y no desearían una modificación tendente a instaurar el cuento de hadas de la competencia perfecta que algunos se empeñan en seguir enseñando en las facultades de Económicas.

La respuesta más lógica es que pagarían para que nada cambie, de ahí que cobren todos los partidos de gobierno

La segunda aproximación es todavía más preocupante. Si se demostrase las mordidas pagadas por las grandes corporaciones, a lo mejor revelarían las preferencias políticas de las grandes corporaciones, o en su defecto, una manera de jugar siempre a favor del poder político que saben es manejable y moldeable a su práctica depredadora de los fondos públicos.

Si se demostrasen las mordidas pagadas por las grandes corporaciones, a lo mejor revelarían sus preferencias políticas

Cualquiera de las dos opciones también demuestra la hipocresía de la patronal, tan contundente a la hora de pedir reducciones de gasto público, sin percatarse que, en España, las grandes corporaciones viven del BOE. Es por ello que en la CEOE ya no estén representadas buena parte de estas grandes empresas, quedándose al mando supuestos empresarios de la talla de Arturo Fernández.

Las grandes empresas se desmarcan del ruego de menor gasto público que preconiza la marginal COE

Todas estas prácticas, cuando se demuestren, deberían ser objeto de repulsa social y penal, pero la experiencia nos dice que en España se hunde al político, con razón, al comisionista, los de la boda de la hija de Aznar, pero se defiende a la gran empresa, porque es la que crea riqueza y empleo. En países serios, estas empresas no volverían a concursar en ningún concurso de obra pública, pero en España eso no ocurrirá. La pena de telediario y de banquillo se cebará con los actores menores, que se han llevado un sobresueldo jugoso, pero los grandes corruptores seguirán paseando por palacios y moquetas. Aquí me viene a la memoria cómo presionaron a Gallardón las grandes constructoras para la reforma de la calle Serrano en una época de escasez de obra pública.


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