"Preferimos no opinar, no tenemos posición al respecto", afirman a este medio desde una de las principales asociaciones de izquierdas de las que bebe Sumar, sobre su principal medida estrella: la Herencia Universal anunciada por la candidata a presidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Una propuesta con la que la actual vicepresidenta segunda ha logrado marcar la agenda esta semana, a cambio de abrir grietas entre su electorado.
Su iniciativa de ayudar con 20.000 euros a toda persona que cumpla 18 años -la transferencia se haría a los 23- supondría una carga al erario público que no entendería ni de meritocracia ni de discriminación positiva en favor de los vulnerables: cualquier hijo, de pobre o millonario -que los hay, aunque no muchos, en España- se beneficiará por igual a cambio de un pago, a largo plazo, de parte de toda la ciudadanía.
Hay en la misma Izquierda quien no ha entendido el sentido de fondo de la iniciativa de Yolanda Díaz, puesto que ha planteado contradicciones con uno de los caballos de batalla del movimiento detrás de Unidas Podemos y la confluencia de Sumar: el acceso a la vivienda.
Una cantidad tan importante como para haber disuadido hasta ahora a los gobiernos de atacar el problema de la vivienda por donde nadie duda que se resolvería a largo plazo
El presupuesto necesario que Sumar quiere cargar a las mayores fortunas y a grandes empresas y potencialmente pymes a través del impuesto a las constructoras e inmobiliarias -que previsiblemente lo repercutirán al resto de la sociedad- rondaría los 10.000 millones de euros anuales.
Este presupuesto es tan importante como para haber disuadido hasta ahora a los gobiernos de atacar el problema de la vivienda por donde nadie duda que se resolvería a largo plazo: la inversión en vivienda pública de alquiler para empujar al mercado a la sostenible relación de alquileres y salarios del 30%.
Herencia Universal...y el coste de arreglar el precio de la vivienda
La flamante Ley de Vivienda del PSOE y Unidas Podemos, que el PP derogaría, ha establecido el objetivo de elevar la cuota de vivienda pública en España del 3% actual el 20% en 2043, potenciando unos dos millones de viviendas. Precisamente, las dos millones de unidades residenciales que Sumar ha prometido levantar en solo diez años, con un presupuesto anual de 10.000 millones, por los 3.500 millones previstos para 2023 (de los que 2.450 proceden de los Fondos Europeos de la Reconstrucción que culminarían en 2026).
Solo la vista al balance de recaudación de los flamantes impuestos del Gobierno en coalición del PSOE y Unidas Podemos a la banca, energéticas y grandes fortunas permite comprobar que en un año se pueden recaudar unos 3.600 millones extra en total -a expensas de múltiples recursos en la Justicia-. Por lo que, para financiar la Herencia Universal y el Plan de Vivienda de Sumar -sin contar el cheque de 200 euros mensuales por hijo-, habría que girar un nuevo golpe fiscal alrededor de cinco veces superior al volcado en la actual Legislatura a bancos, energéticas y grandes fortunas.
Y es que, de acuerdo a los cálculos de algunas de las principales promotoras cotizadas en España, haría falta una inversión superior a los 15.000 millones anuales para levantar dos millones de viviendas en diez años, por encima de los 3.500 millones que se invierten actualmente y de los 10.000 millones que dice Sumar. Hay quien, como Germán Pérez Barrio, de Uve Valoraciones, eleva la cantidad necesaria a un total de 180.000 millones de euros, lo que supondría unos 18.000 millones anuales.
"Son cifras inviables para el presupuesto del Estado, de ahí que una solución pública del problema de la vivienda -que no es otro que de oferta- parezca la menos factible"
"Son cifras inviables para el presupuesto del Estado, de ahí que una solución pública del problema de la vivienda -que no es otro que de oferta- parezca la menos factible", añade el presidente de UVE. "Es verdad que hay casos de países europeos donde la cuota de vivienda pública es elevada y se nota en los precios, pero también los hay sin esos niveles de vivienda pública y con menos problemas de acceso que España", añade, para romper una lanza en favor del estímulo a la inversión privada a fin de atacar el problema "ya desde las generaciones presentes" y no intervenir el mercado, lo que atendiendo a la evidencia económica, acabaría disminuyendo la oferta.
Desde Sumar apuestan en contrapartida por abordar el problema de la vivienda por la vía del intervencionismo, cargando fiscalmente los alquileres por encima de índices de referencia y reformando la duración de contratos, tendiendo hacia duraciones indefinidas -como ocurría durante el Franquismo. En cuanto a las vías para financiar sus políticas, desde el partido de Yolanda Díaz contemplan también endurecer el impuesto a las grandes fortunas, limitar exenciones y deducciones para que todas las grandes empresas tributen el 15% efectivo de Sociedades, así como también subir los impuestos a las rentas por encima de los 120.000 euros anuales.