Yolanda Díaz intensifica su 'persecución' a las empresas que carezcan de plan de igualdad

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social arranca el año priorizando el control de la igualdad de género en las empresas. Así lo ha reflejado en su Plan Estratégico que aborda la vigilancia para infracciones retributivas, la implementación para la conciliación laboral y la vigilancia del acoso y discriminación sexual. De esta forma, además del control de irregularidades por parte de la Herramienta de Lucha contra el Fraude de Trabajo, el ministerio tiene previsto intensificar la campaña de presión para el control de los planes de igualdad, un requisito normativo obligatorio para todas las sociedades de más de 50 empleados y aquellas obligadas por sanción o convenio.

Actualmente, esta realidad afecta de lleno a la materia de contratación. La Administración mirará con lupa la ejecución de este plan, que debe estar inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) ya que de lo contrario la sociedad perdería la condición de contratante. Esto es así porque supone un incumplimiento "muy grave" del Art. 8.12 de la LISOS que regula las infracciones por discriminación de género. La infracción, de hecho, al estar tipificada como de las más altas, conlleva multas de entre 6.251 y 187.515 euros.

Como detalla el informe de Hiscox de pymes en España, actualmente el perfil de empresa con mayor previsión para adoptar "planes de igualdad corresponde con aquellas empresas de menos de cinco años (74,6%), en pequeñas y medianas empresas (83%) y en aquellas con una facturación superior a los 5 millones (82%), es decir, aquellas empresas más jóvenes que tienen el tamaño y los recursos suficientes para hacerlo. En cuanto a tener un plan de igualdad, únicamente el 20% responde afirmativamente, de los cuales un 88% lo aplica".

Dificultades en sociedades sin representación sindical

Sin embargo, la cantidad de empresas que ya tienen registrado su plan de igualdad sigue siendo limitado. En 2022, Trabajo informaba que el 70% de las empresas obligadas a llevar a cabo dicho plan no lo está implementando. De hecho, ese año los agentes de inspección hicieron alrededor de 4.800 inspecciones y llegaron a recaudar 2,58 millones de euros en multas. La razón para la falta de la ejecución de este plan de paridad se da sobre todo en las empresas más pequeñas donde no hay representación sindical con quien negociar la hoja de ruta de género. A este trámite se le suma la recuperación por la pandemia, la crisis económica derivada por el aumento del coste energético y la inflación, lo que provoca que en muchos casos las empresas no tengan ni recursos ni tiempo para desarrollar un plan de igualdad.

Muchas empresas han tenido que empezar a movilizarse para optimizar su plan de igualdad, que también cuesta dinero. Cogiendo de referencia las tarifas de la consultora Amaltea, para empresas de entre 25 a 50 empleados el precio son 826 euros al año e incluye la vista y presentación del proyecto, diagnóstico de igualdad, auditoría retributiva, registro salarial y propuesta de plan de acción. De 51 a 100 empleados el precio son 1.138€ al año y de entre 101 a 200 por 1.548 euros al año.