Vox reclama al Gobierno que de explicaciones sobre el reparto accionarial de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros y que podría estar incumpliendo la normativa europea para operar con licencia de explotación española, tal y como desveló Vozpópuli.

El grupo parlamentario Vox ha lanzado una batería de preguntas a la Mesa del Congreso de los Diputados acerca de este asunto y a la espera de una respuesta por escrito. "¿Qué motivos concretos tiene el Gobierno y la AESA para conceder la licencia de explotación a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas con la base accionarial directa e indirecta que dispone?", pregunta Vox.

Según los últimos datos publicados en el registro mercantil, los empresarios venezolanos accionistas de Plus Ultra controlan el 56,8% de las acciones. El reglamento europeo señala que "más del 50% de la propiedad de la compañía, así como su control efectivo (ya sea directo, a través de una o varias empresas intermediarias), recaigan en los Estados miembros o sus nacionales".

¿Doble nacionalidad?

En España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), organismo del Estado adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es quien vela para que se cumplan las normas de aviación civil, entre ellas, el reparto accionarial.

A 31 de enero de 2020, tres empresarios venezolanos (Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif El Arigie Harbie) controlaban el 45,33% de Plus Ultra a través de una sociedad denominada Snip Aviation. Además, la sociedad FlySpain, propiedad 100% de Snip Aviation y de la que es administrador único Reyes Rojas, también poseía a esa fecha el 11,47% de la aerolínea.

A esto hay que sumar que otros dos empresarios venezolanos, Flavio Pedro Antonio Borquez Tarff y Héctor Antonio Tobías Roye, suscribieron acciones de Plus Ultra en 2018, tal y como ha avanzado este periódico; aunque se desconoce qué porcentaje mantienen en la aerolínea. Ahora Vox pregunta al Ejecutivo si "va a promover una revisión de la composición accionarial de la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas con vistas a analizar su españolidad.

La empresa podría cumplir la normativa en el supuesto de que alguno de los principales accionistas tuviera la doble nacionalidad, como deslizó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la pasada semana en el Congreso. En este sentido, el partido liderado por Santiago Abascal pide que también se esclarezca este asunto.