El grupo automovilístico Daimler ha tratado de entorpecer un proceso judicial seguido en Valencia contra la compañía por el caso del cártel de camiones, diciendo que no entiende el idioma en el que el juzgado le ha trasladado la citación. 

El Juzgado Mercantil número 3 de Valencia sigue reclamación de pruebas solicitadas por la representación legal, Rockmond Litigation Funding Advisors, de dos particulares que adquirieron camiones de la compañía alemana, para poder presentar demanda contra ella.

La Comisión Europea anunció en 2016 la imposición de una multa de más de 3.800 millones de euros a seis fabricantes de camiones -DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN-, por prácticas contra la competencia. En base a esa multa, despachos de toda Europa están presentando demandas contra las automovilísticas en representación de particulares o compañías que adquirieron sus camiones.

El juez ha abierto pieza separada para depurar las responsabilidades de Daimler al haber tratado de entorpecer el proceso

El juzgado valenciano, la pasada semana, se dirigió al grupo en su domicilio social, en Stuttgart, traduciendo al inglés la solicitud de la documentación requerida y señalando la celebración de vista para el próximo día 6 de junio. Pero el pasado lunes, el juzgado de Valencia recibió la devolución del emplazamiento por parte de Daimler, solicitando la empresa alemana la traducción al inglés o al alemán del decreto de admisión y de la cédula de citación.

En un auto dictado ayer miércoles, el juez Eduardo Pastor, del Mercantil 3 de Valencia, subraya que el juzgado ha redactado en lengua alemana, y también en inglés, los requerimientos, "suficiente para que Daimler pueda comprender cuál es el objeto y alcance de este proceso y de las actuaciones procesales en las que está llamada a intervenir como requerida".

El grupo alemán es "una sociedad global ampliamente arraigada comercial y jurídicamente en nuestro país y en todo el orbe hispanoparlante desde hace largo tiempo, que emplea con normalidad en todas las esferas de su tráfico la lengua castellana", dice el magistrado. Añade que, además, está representada en el proceso por "uno de los principales bufetes españoles". Por ello, el juez mantiene la citación a Daimler y la prosecución de las actuaciones.

Ante la evidente apariencia de intención de obstrucción por parte del grupo alemán, el juez ha dictado una providencia, fechada el miércoles, en la que procede a la apertura de pieza separada "para la depuración de las eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido Daimler al recharzar los intentos de notificación desarrollados por este juzgado".

El magistrado advierte al grupo alemán que su incomparecencia en la vista prevista para el próximo mes producirá los efectos de la medida contemplada en la ley para estos casos (entre otros, la imposición de una multa coercitiva que oscilará entre 600 y 60.000 de euros por día de retraso en el cumplimiento de la medida).

El caso de Daimler y su excusa con el idioma no es el único ocurrido en España en el caso del cártel de los camiones. Como ha publicado este diario, el grupo MAN ha intentando entorpecer una demanda similar presentada en San Sebastián diciendo que no entiende el inglés. Abogados consultados por este diario comentan que han existido otros casos parecidos.