La Unión Europa quiere que España descienda el número de empleos públicos temporales con los que cuenta la Administración. Según informa este jueves El País, Bruselas concreta que el problema de la alta temporalidad de empleo en España (de entre el 25% y el 30% del total de los contratos) se debe al elevado número de este tipo de contratos entre los trabajos públicos. En concreto esta tendencia se nota en las comunidades y en sectores como la educación y la sanidad.

Esta exigencia de la UE estaría entre las condiciones que tendría que aceptar el Gobierno para recibir los fondos europeos para paliar los efectos económicos que ha provocado la pandemia de la covid-19. Dentro de la negociación que mantienen el Ejecutivo y la Comisión Europea, la de la temporalidad en el empleo público es, según indica el medio que publica la información, "uno de los asuntos que más preocupa en el área laboral, un fallo endémico del mercado de trabajo español desde los años ochenta".

Mochila austriaca

La solución que propone la UE pasa por el contrato único y la mochila austriaca. Este sistema se creó en Austria, un mercado laboral en que sólo existe un tipo de contrato y no hay indemnización por despido, por lo que cuando los trabajadores son despedidos recurren a este fondo de ahorro. Se denomina "mochila" porque cuando un empleado cambia de trabajo se llevará consigo ese capital, como si de una mochila se tratara.

Cada mes el empresario retira un porcentaje del salario y lo guarda en este fondo, que además se invierte para conseguir una rentabilidad extra mientras el Estado garantiza el 100% del capital. Es parte de su sueldo, pero se cobrará en el futuro.

En caso de no ser nunca despedido, el trabajador tendrá derecho a cobrar el capital el día que se jubile, con lo que contará con un plan de pensiones complementario que se sumará a la pensión pública que reciba del Estado.

El Gobierno rechaza la propuesta de Bruselas

Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece rechazar la propuesta de la Unión Europea y lo que pretende es simplificar los contratos, obligar a justificar la contratación temporal, incentivar el uso del fijo discontinuo cuando no se utilice y aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que limita el uso de los empleos temporales en la subcontratación. Todo ello junto con un plan a los empresarios de ERTE estructurales.