La misión del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea está bien definida en sus estatutos: "Auditar los ingresos y los gastos de la UE para verificar que la percepción, uso, rentabilidad y contabilidad de los fondos son los correctos". Ese mandato obliga a la institución que preside el irlandés Tony Murphy a rastrear cada uno de los 750.000 millones de euros puestos en circulación en 2020, para combatir la pandemia. La mayor parte (672.500 millones) son fondos europeos NextGeneration, repartidos entre subvenciones y préstamos. Y una tajada importante (hasta 163.000 millones) corresponde a España.
No extraña que en la sede del Tribunal, domiciliada en Luxemburgo, aleteen desde hace tiempo las sospechas sobre el manejo del dinero en nuestro país. Y no sólo por qué España sea el segundo mayor beneficiario (tras Italia), sino por la exagerada lentitud de la ejecución y, sobre todo, por la densa opacidad que rodea al reparto. "En el Tribunal hay quien sospecha que se están usando fondos europeos para tapar agujeros", confiesan fuentes próximas a la institución.
La descripción no puede ser más gráfica y refleja a la perfección cómo se ve desde fuera lo que se está cociendo aquí dentro. El Tribunal tiene una fijación: comprobar si las subvenciones -multimillonarias, pero muy específicas- se están empleando en gastos corrientes de los Presupuestos nacionales. La preocupación de Luxembugo es idéntica entre los altos funcionarios de Bruselas encargados del seguimiento de los fondos. "Existe una división creciente entre los niveles técnicos y políticos de la Comisión Europea", aseguran fuentes comunitarias.
La razón del descontento estriba en la relativa manga ancha con el gasto y las reformas que algunos comisarios han dado a los países beneficiarios, frente a las férreas exigencias de control que promueven los equipos técnicos. Las reglas del juego están claras y "ningún alto funcionario se va a jugar su carrera por las decisiones políticas de un superior", añaden las mismas fuentes.
Hasta los despachos del Tribunal ha llegado esta semana lo sucedido en el Ministerio de Hacienda. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de José Ángel Alonso como director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. No hubo explicaciones gubernamentales, sólo una tímida referencia en la nota posterior al Consejo, pese a la importancia del cargo. Esa dirección general es el puente de mando desde donde el Gobierno canaliza los fondos europeos.
El relevo funcionarial activó una alerta más en Luxemburgo y en las instituciones que vigilan el uso del dinero (Comisión y Europarlamento). El nombramiento obedecía a la dimisión de Jorge Fabra, que tiraba la toalla en un ambiente de máxima presión interna. El alto funcionario seguía los mismos pasos que su antecesora, Rocío Frutos, que saltó por la borda en vista de la deriva del barco. Las dos dimisiones se han producido en apenas año y medio.
En Moncloa son conscientes de la que se avecina, de ahí el nerviosismo. Pedro Sánchez, que ha perdido mucho tirón en el exterior, tiene muchas papeletas para que en Europa le pongan la cara roja a costa de los fondos europeos. Otra vez. En apenas tres meses, el Gobierno afronta dos exámenes clave. El primero está a la vuelta de la esquina. Este martes, probablemente, la Comisión Europea publicará la primera evaluación del Mecanismo de Recuperación, un análisis exhaustivo sobre el desempeño de cada país, del que España puede salir no demasiado bien parada.
La segunda prueba tendrá lugar en mayo. El Tribunal de Cuentas de la UE publicará, según fuentes internas, su tercer informe sobre la ejecución de los fondos. Será un análisis global, que contará con un apartado específico sobre España, entre otros países. El Gobierno no pasó el corte en los dos exámenes anteriores. El primero, difundido en octubre de 2022, dio lugar a la visita a Madrid de una delegación del Parlamento Europeo, encabezada por la alemana Monika Holhmeier. El segundo se publicó el pasado octubre y ya identificó pagos indebidos con los fondos europeos.
En la Comisión Europea preocupa la lentitud de la ejecución; y en el Europarlamento, la enorme falta de transparencia. Hacienda dejó de publicar con detalle las partidas de gasto en agosto de 2021. La única fuente oficial (la Intervención General del Estado) sólo aporta datos generales. Para analizar el rumbo del dinero hay que acudir al sector privado, que sí está haciendo informes con fundamento.
El más reciente lo difundió esta misma semana BBVA Research. El servicio de estudios, dirigido por Jorge Sicilia, aporta dos datos elocuentes. A estas alturas, y pese a que España fue el primer país en solicitar las subvenciones, sólo han llegado -de verdad- 33.500 millones a familias y empresas. Es decir, un 42% del total. La cifra es preocupante, habida cuenta de que el plan debe estar finiquitado en agosto de 2026. Y de que quedan por cumplir nada menos que 474 reformas e inversiones -de un total de 595- para recibir el dinero pendiente.
El balance de BBVA Reseach coincide prácticamente con el efectuado recientemente por LLYC. La consultora calcula que "la llegada de los fondos a beneficiarios concretos para inversiones concretas" ronda el 46% de la partida total.
El destino real de los fondos europeos
El segundo dato que aporta el servicio de estudios de BBVA no es menos significativo: "Casi un 70% de los beneficiarios lo son de los programas del Kit Digital o el MOVES (298.137 y 51.793, respectivamente)". Es decir, básicamente, dinero para renovar ordenadores y coches. Los mayores perceptores, sin embargo, son públicos. En concreto, el 60% de los 100 principales beneficiarios, identificados en la polémica lista que a Moncloa tanto le costó publicar. Por el contrario, apenas hay rastro de los grandes proyectos tractores (PERTE), los que lideran las multinacionales y tienen capacidad real para transformar la economía.
"Por tipo de beneficiario, al sector público se han destinado más fondos (un 45,07% del total de los fondos comprometidos) que al privado (un 40,13%, el resto se ha asignado a entidades mixtas)", apunta el informe de LLYC.
El presidente de una importante patronal aporta una reflexión: "Basta con repasar qué está pasando con la economía española. Lo que está tirando del PIB es el consumo público, mientras la inversión empresarial se hunde. Es evidente a dónde están yendo a parar los fondos europeos y a dónde no". En efecto, según la última estadística de Contabilidad Nacional, la inversión en maquinaria y bienes de equipo lleva dos trimestres seguidos decreciendo, y está un 5% por debajo del nivel prepandemia. El consumo público, por el contrario, está un 12,7% por encima.
Los empresarios llevan tiempo avisando de que esta tendencia es peligrosa. Básicamente, porque lo que dejen de invertir hoy se traducirá en menor actividad económica (y empleo) mañana. De ahí el 'lamento' extendido en la comunidad inversora sobre la oportunidad perdida con los fondos europeos, que no fueron diseñados para tapar agujeros.
