El Real Madrid CF, el Fútbol Club Barcelona y la Juventus de Turín, los únicos tres clubes que han mantenido su férrea defensa pública del proyecto de Superliga europea abanderado por Florentino Pérez, se arriesgan a una penalización de 100 millones de euros cada uno, según apuntan fuentes del mercado. A preguntas de Vozpópuli, ni la UEFA ni los promotores de la Superliga han hecho comentarios.

La cifra es importante si se tiene cuenta que supondría más del 10% de la facturación anual de estos clubes. Tanto el Barça como el Madrid prevén para la actual temporada pérdidas de más de 60 millones de euros.

Ambos han tenido que recurrir al Instituto de Crédito Oficial para arrancar préstamos avalados por el Estado por 205 millones (el Madrid) y 120 millones (el Barça). Los blaugrana ya cerraron el ejercicio pasado con alrededor de 100 millones de euros de pérdidas.

La Superliga llega a la Justicia

La ausencia de declaraciones oficiales al respecto de la posible sanción de la UEFA para los 'rebeldes' se enmarca dentro del proceso judicial que han abierto los promotores de la Superliga contra la UEFA a través de unas medidas cautelares concedidas por el magistrado del Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara.

Como avanzó Confilegal y confirmó este medio, el juez, aficionado al Atlético de Madrid -uno de los promotores iniciales-, elevó el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Madrid y Barça iban a cobrar 60 millones más que el resto de fundadores de la Superliga
Joan Laporta, presidente del Barça, y Florentino Pérez, mandatario merengue, van hasta ahora de la mano en el proyecto de la Superliga.

La prejudicialidad del juez español ante el TJUE cuestiona la posición de la UEFA. Cualquier declaración pública, de un lado o del otro, podría ser utilizada en su contra dentro del proceso judicial.

Los promotores de la Superliga se aferran a la dificultad que podría tener el Tribunal Europeo para, como afirmó el responsable de Confilegal, Carlos Berbell, "encontrar una justificación objetiva, alguna excepción, para la existencia de una restricción de tal calibre, que garantice a ambas entidades el ejercicio del monopolio absoluto, del control de los derechos económicos y del poder para impedir la aparición de nuevos competidores". 

Argumentos jurídicos

En otras palabras, el bando de Florentino espera que los jueces europeos sean incapaces de consentir, legalmente, acciones de la UEFA que podrían considerarse propias de un monopolio. El juez español ha esgrimido dos argumentos jurídicos, enmarcados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE enuncia: "Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior". UEFA y FIFA son, precisamente, sociedades mercantiles.

Paralelamente, el artículo 102 añade: "Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo".

Antecedente

Por lo pronto, es de notar que la UEFA ya ha anunciado un acuerdo extraadministrativo con los demás equipos promotores de la Superliga: los seis ingleses, el Atlético de Madrid, Milan e Inter. Dicho acuerdo ahorra sanciones graves contra dichos clubes a cambio de un compromiso de fidelidad con las competiciones de la UEFA.

Ese pacto entre los clubes y la entidad que preside Aleksander Čeferin contempla una penalización de hasta 150 millones para aquellas entidades que 'reincidan' en el impulso de la Superliga europea.

Como avanzó este medio, el lado de los defensores de la Superliga entiende ningún club ha roto realmente y que todo aquel que lo haga definitivamente con su participación en el proyecto deberá indemnizar a la empresa del torneo con alrededor de 300 millones de euros, lo que plantea otra de las aristas del proceso judicial.