Pablo Iglesias sigue empeñado en sacar adelante la agenda social de Podemos al precio que sea, mientras la atención sigue centrada en la evolución de la segunda ola de la pandemia. Este lunes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volverá a presentar a sindicatos y patronal su intención de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) para el próximo ejercicio, con el incondicional apoyo de CCOO y UGT. Ni siquiera el hecho de que la propuesta tenga que cumplir con los cuatro puntos que exige el Estatuto de los Trabajadores parece un obstáculo para los representantes de Podemos en el Ejecutivo.

De acuerdo con el artículo 27 del texto que es la referencia en materia laboral, “el Gobierno debe fijar, previa consulta con los agentes sociales, el SMI teniendo en cuenta los siguientes factores: el Índice de Precios de Consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general”. En estos momentos, y con los datos procedentes de los distintos departamentos gubernamentales y organismos, ninguno de estos parámetros sirve para sostener los argumentos que el Ministerio de Trabajo trata de imponer en la negociación.

El último dato de evolución de los precios, el correspondiente al mes de noviembre, indica que el IPC ha caído un 0,8% en tasa interanual. Los precios son más bajos hoy que hace un año. La productividad acabará 2020 con una caída de entre tres y cuatro puntos porcentuales; la participación del trabajo en la renta nacional se va a incrementar porque los salarios han aumentado (un 1,9% en los convenios que se han firmado, según el Banco de España). Sobre la coyuntura económica general poco o nada hay que comentar. El Producto Interior Bruto registrará este año la mayor caída en toda su historia.

“Desde el punto de vista de la motivación de las decisiones, ninguno de los factores que justificarían la decisión de una subida del salario mínimo se cumple. No es un tema discutible. No se cumple ninguno”, asegura Gregorio Izquierdo, economista y director general del Instituto de Estudios Económicos.

El PIB cae un 9,1%

La publicación, el pasado viernes, del informe trimestral de la economía española por parte del Banco de España no hace más que refrendar la sensación de que la actividad ha vuelto a moderarse. El instituto emisor asegura que, a cierre del tercer trimestre, el PIB era un 9,1% inferior al previo a la crisis del coronavirus. Y lo que es peor, no descarta un descenso en los últimos tres meses, para los que vaticina una caída intertrimestral del 0,8% en el escenario central de los tres probables que analiza.

El paro registrado estaba en noviembre en 3,85 millones de personas, 653.128 más que un año antes, con un crecimiento del 20,4%, según los datos de Trabajo

La posición oficial de la patronal parece también inamovible: teniendo en cuenta la coyuntura actual, no hay nada que justifique la subida del SMI, además de no ser oportuna. En el otro lado de la mesa, los sindicatos se aferran a una subida que lo eleve a 1.000 euros mensuales por catorce pagas, lo que equivaldría a un incremento por encima del 5%.

Incremento del 45% en cinco años

En los últimos cinco años, desde 2016, el SMI se ha incrementado en un 45%, pasando de 655 a 950 euros mensuales. Pero la economía acumuló hasta 2019 un crecimiento del 11,07%%. Entre los años 2010 y 2014, el salario mínimo aumentó un 1,9% en todo el periodo. Pasó de 633 euros mensuales a 645, pero el PIB sólo creció en 2010 (+0,2%) y en 2014 (+1,4%) y se contrajo en los otros tres, con caídas de hasta el 3% en 2012. Durante esos cinco años, el salario mínimo se congeló en dos ocasiones: 2012 y 2014. Y el paro registrado, el que publica el Ministerio de Trabajo y que recoge el número de personas que están inscritos en la oficinas públicas de empleo, se situó en 4,9 millones de personas en 2012, tras aumentar en 480.000 personas en un año.

El informe publicado el viernes por el Banco de España añade un poco más de morbo a la próxima reunión entre los agentes sociales y el Gobierno. El paro registrado estaba en noviembre en 3,85 millones de personas, 653.128 más que un año antes, con un crecimiento del 20,4%, según los datos de Trabajo. El desempleo entre los menores de 25 años se ha incrementado en un 37,7% en los últimos doce meses y en el colectivo “sin empleo anterior”, en un 29,81%. En Baleares, por ejemplo, el paro ha subido en un año un 37%.

Cerca 747.000 trabajadores están afectados aún por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE); el número de horas trabajadas se ha reducido un 4,2% en el primer trimestre, un 24,9% en el segundo, un 6,2% en el tercero y la estimación del Banco de España es que baje como media un 7,2% en el cuarto. El número de empresas inscritas en el registro de la Seguridad Social ha disminuido en más de 52.000, con una caída en noviembre pasado del 3,4%. La reducción ha sido más ostensible en las empresas con entre 10 y 49 trabajadores (-6,4%) y en las de entre 6 y 9 empleados (-4,6%).

Golpe al PIB

Pero hay otros indicadores amenazantes para la economía española según la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos. El PIB sufrirá un retroceso interanual del 8,6% en el escenario más favorable, de un 9,8% en el central y de hasta un 11,8% en el peor; la inversión empresarial retrocederá en el cuarto trimestre y se nota una desaceleración “con fuerza” en el crédito concedido a las empresas no financieras.

Hay otro dato más a tener en cuenta. La normativa europea utiliza la referencia del cociente entre el salario mínimo y el salario mediano, no el salario medio, para evaluar la incidencia de una subida de los salarios sobre el empleo. El salario mediano es el que cobra una persona que tiene por encima de él y por debajo el mismo número de perceptores. La recomendación de la UE es que la relación esté, como objetivo, no como obligación, por encima del 60%. En la actualidad se sitúa en 65,7% (1.108 euros/mes, frente a 1.684 euros, siempre multiplicado por 12 pagas).

Gregorio Izquierdo entiende que el promedio está en un nivel a partir del cual un aumento de los costes salariales multiplica la repercusión negativa en las posibilidades de empleabilidad, especialmente en los colectivos más vulnerables, que suelen coincidir con los trabajadores menos cualificados y los jóvenes: “Después de las subidas de los últimos ejercicios no parece que el salario mínimo interprofesional sea hoy el problema de la economía española”.