Los socios de Pedro Sánchez frenan las rebajas fiscales a la España Vaciada

La campaña electoral de Castilla y León se acerca a su fin sin que el Gobierno haya movido ficha respecto a las rebajas fiscales y de cotizaciones sociales a la España Vaciada que estudia y sin que apenas se haya pronunciado sobre este asunto salvo vaguedades y alguna alusión a que se están creando comisiones y grupos de trabajo. De hecho, la mayoría de ministros que se ha paseado por la zona cero de la despoblación ni siquiera lo ha mencionado. Todo esto se produce cuando el principal escollo al que esta iniciativa se enfrentaba, el veto de la Comisión Europea por poder incurrir en ayudas de Estado está salvado. Desde abril de 2021. Y cuando el PSOE ha alentado los movimientos sociales y políticos sobre la despoblación.

El velo que cubre esta iniciativa que además de Castilla y León promueven Aragón y Castilla-La Mancha, comunidades socialistas, tiene entre sus causas el rechazo de los propios socios de Gobierno de Pedro Sánchez. PNV y ERC están, en este caso sí, en contra de una fiscalidad diferenciada. En lo que respecta a Podemos, ha vetado iniciativas en pos de estos incentivos de la mano de sus socios nacionalistas. La formación morada comparte además con PNV y ERC su ofensiva para obligar a la Comunidad de Madrid, a la que acusan de perjudicar a la España Vaciada, a subir impuestos.

Mientras el PP ha acusado al Gobierno de utilizar el último Consejo de Ministros antes de las elecciones para aprobar el Perte agroalimentario, largamente postergado, y la presentación sesgada de la ejecución de medidas para la despoblación sin rematar, el paquete de incentivos fiscales y de rebajas de cotizaciones sociales de hasta un 20% para la España Vaciada sigue desaparecido. Y ello a pesar de que el Ejecutivo tiene encima de mesa un plan para aterrizar la fiscalidad diferenciada que Bruselas autorizó para Soria, Teruel y Cuenca el pasado 19 de abril.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, de visita en Soria el pasado 14 de enero, dijo que este asunto "se está perfilando". "Hay ahora mismo un debate dentro de los grupos de trabajo que tenemos creados, tanto ministeriales como con los agentes sociales, lo importante es que está en la mesa de trabajo y es una buena noticia para Soria", manifestó.

El 11 de enero se inauguró una mesa del diálogo con los agentes sociales sobre despoblación, en la que no se abordó técnicamente ningún tema. La intención de esa mesa es trabajar el problema de la despoblación desde una perspectiva nacional, en el ámbito de la política de reto demográfico que afecta a un extenso número de provincias, con lo que no se va a trabajar en exclusividad sobre las ayudas a Soria, Teruel y Cuenca, según fuentes conocedoras, que no ven avances.

Las patronales de Soria, Teruel y Cuenca son quienes han promovido, junto con los Gobiernos de sus comunidades la iniciativa, que llevaron a Bruselas. La Comisión ha aceptado esta fiscalidad diferenciada como la que ya disfrutan Suecia, Finlandia y Noruega (este último no forma parte de la UE, pero sí del mercado económico) en base a criterios de población y tejido industrial, por no superar los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Han tenido que justificar que la aplicación de este tipo de medidas no afectaría a los principios de competencia y libre mercado ni a escala nacional ni europea. De hecho, el trabajo de las patronales ponía de manifiesto que las tres economías provinciales apenas representan el 0,83% del PIB nacional, el 0,85% del total de empresas de España y que el valor conjunto de las exportaciones de las tres provincias tan solo alcanza el 0,040% del conjunto nacional.

En el proceso se alegaciones, fue determinante para Europa el hecho de que el 95,7% del tejido productivo de Cuenca, Soria y Teruel se concentre en microempresas y autónomos, que resultó fundamental para demostrar ante la Comisión Europea que las grandes beneficiarias de las ayudas serían las empresas más cercanas al territorio y las que consiguen asentar población en las localidades de menor tamaño, según SSPA España, un lobby europeo del que forman parte las Confederaciones de Empresarios de Cuenca, Soria y Teruel.

La posición de Escrivá y Montero sobre las rebajas fiscales

La Comisión Europea incluye ahora en este nuevo texto a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel entre los territorios susceptibles de beneficiarse de unas deducciones, con el objeto de compensar las desventajas competitivas que provoca la despoblación. Pero desde abril está encima de la mesa del Gobierno desarrollarlas. "Si no se han planteado en la campaña es mala señal", trasladan promotores de la iniciativa de Soria. En esta ciudad estuvo también el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 25 de enero. Escrivá se ha mostrado en petit comité contrario a ofrecer rebajas de cotizaciones sociales.

La posición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es también borrosa. En alguna ocasión se ha mostrado dispuesta a estudiar incentivos fiscales para la España Vaciada pero lo cierto es que el Gobierno ha vetado las enmiendas en este sentido de PP y Teruel Existe en los Presupuestos de 2022. El PNV, ERC y Podemos evitaron que compareciera el 25 de enero en el Congreso para explicar por qué no sale adelante esta iniciativa. Los diputados del Grupo Popular por Soria, Tomás Cabezón; Teruel, Alberto Herrero, y Cuenca, Beatriz Jiménez, se preguntaron qué pasaría si estas ayudas las hubieran pedido ERC y Bildu.

En la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico en el Congreso, PNV y ERC han mostrado su posición contraria a una fiscalidad diferenciada para la España Vaciada.

Los Presupuestos sí incluyen una Disposición Adicional Centésima Décima Quinta "Ayudas Estatales de finalidad regional para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel" que dice que el Gobierno "pondrá en marcha las vías para el máximo aprovechamiento de las ayudas existentes en el marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales para corregir los desequilibrios que sufren estas provincias". Asimismo, "velará por el desarrollo de planes de acción que permitan contrarrestar las dificultades demográficas" y que se hará para su efectiva puesta en marcha el 1 de enero de 2022.

Preguntada por este asunto, sobre el que se mostró a favor en noviembre de 2020, el pasado 1 de febrero en el Senado Montero hizo alusiones a ayudas directas sin mencionar incentivos fiscales ni rebajas de cotizaciones sociales. Montero dijo que esperan que la Comisión Europea complete la tramitación dando el visto bueno a los mapas de ayudas regionales que el Gobierno le remitió el pasado 1 de diciembre.

El comité de expertos que ha designado el Ministerio de Hacienda para que le asesore en la reforma fiscal no ha tratado este asunto en sus trabajos ni de manera tangencial, según fuentes conocedoras.