Los funcionarios piden a Sánchez que no sea obligatoria la lengua autonómica para trabajar en algunas comunidades

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo de los empleados públicos, ha propuesto al Gobierno en funciones que se siente ya con ellos a negociar un "Pacto 2020-2023" para mejorar los servicios públicos, en el que le reclaman entre otras cosas que hablar algunas lenguas -como el catalán o el euskera- se considere un mérito y no un requisito para poder obtener un empleo público en algunas comunidades autónomas. 

"Defendemos la igualdad entre todos los españoles y el intentar tener los mejores servicios públicos. No vemos qué mejora supone que se exija hablar catalán para trabajar en la sanidad de Baleares, eso supone que faltan médicos y profesionales porque no saben catalán. Creemos que los ciudadanos quieren tener buenos pediatras, por ejemplo, si además hablan la lengua autonómica, fantástico", ha reclamado Miguel Borra, presidente de CSIF, durante la presentación de una encuesta realizada a 15.000 empleados públicos.

Este sindicato propone que las lenguas sean un mérito razonable y denuncia que en comunidades como el País Vasco puntúe más saber hablar euskera (17 puntos, dicen), que tener un Doctorado Cum laude (10 puntos), o que a las oposiciones de Aragón puedan presentarse ciudadanos catalanes y no ocurra a la inversa porque los aragoneses no hablan catalán. 

CSIF pide también al Ejecutivo medidas urgentes para evitar que la Administración "muera de inanición", como una subida de sueldo para los empleados públicos, para revertir la bajada de salarios que sufrieron en 2010, y que se iguale la jornada de 35 horas para los empleados públicos de todas las Administraciones del Estado. 

Denuncian que se han destruido 20 empleos al día

Consideran también que la plantilla de empleados públicos está "bajo mínimos" porque en los últimos 10 años "la destrucción de empleo ha estado en torno a 40.000 puestos de trabajo", unos 20 puestos al día, lo que supone que el Estado cuenta actualmente con 201.030 trabajadores, "mínimo histórico desde 2002, año desde el que existen datos disponibles".

Por este motivo, se enfrentan a una excesiva carga de trabajo, sobre todo en puestos de atención al público

Piden más recursos y advierten de que en los próximos cinco años se van a jubilar 32.000 personas, el 16% de la plantilla.

Señalan que la edad media de los funcionarios en emplea ronda los 50 años y piden al Estado que agilice jubilaciones anticipadas para mejorar la calidad de los servicios públicos, ya que no ven factible que haya "enfermeras atendiendo en urgencias con 67 años o profesores de esas edad con niños de 3 años", ponen como ejemplo.