Ana Botín, presidenta del Santander, tuiteó por última vez el 31 de octubre para felicitar a la Princesa Leonor por la jura de la Constitución. José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, lo hizo el 8 de noviembre, para sacar pecho de su plan estratégico. En las cuentas de los dos tuiteros más conocidos del Ibex no hay reflexión alguna sobre el desafío constitucional que entraña la amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC.
El silencio de Botín y Álvarez-Pallete no es una excepción dentro del Ibex. La mayoría de los presidentes y CEOs no tuitean, pero tienen a mano canales de sobra para valorar el acuerdo de gobierno más polémico desde la Transición. Todos se han puesto, por ahora, de perfil. Sólo ha emergido como 'rara avis' el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, quien se pronunció este domingo en redes sociales a favor de "la Constitución y el Estado de derecho".
La discreción máxima de los grandes empresarios empieza a chirriar en algunos círculos económicos. Y abre el debate sobre el papel que deben jugar en circunstancias tan excepcionales y convulsas como las que vive hoy la política española.
La cuestión es si quienes dirigen las grandes empresas deben decir en público lo que no callan en privado: su oposición radical a cualquier atentado contra la seguridad jurídica. Máxime, cuando infinidad de colectivos han dado la cara con celeridad y rotundidad, ante las principales amenazas que acarrea el pacto con los independentistas (vulneración de la separación de poderes y de la igualdad entre ciudadanos).
El ejemplo más claro es el de los grandes bufetes de abogados, que se han manifestado públicamente contra el acuerdo entre PSOE y Junts. Garrigues, Pérez-Llorca, Cuatrecasas, Uría Menéndez o RocaJunyent han dado un paso al frente, amplificando con sus nombres y apellidos las denuncias que habían difundido distintas asociaciones de abogados, jueces y fiscales.
La cuestión es si quienes dirigen las grandes empresas deben decir en público lo que no callan en privado: su oposición radical a cualquier atentado contra la seguridad jurídica
Contra el acuerdo de gobierno y sus consecuencias se pronunciaron también con rapidez otros colectivos. Los inspectores de Hacienda mostraron su rechazo "frontal y absoluto" a la cesión total de tributos y la condonación de deuda a la Generalitat. Los mismos calificativos usaron los inspectores de Trabajo, que denuncian la inseguridad jurídica generada por la amnistía y la amenaza sobre el sistema de pensiones que entraña lo pactado con el PNV. Hasta los sindicatos ferroviarios, poco sospechosos de izquierdismo, han alertado sobre la cesión de los Rodalies a Cataluña y la más que probable entrega de los cercanías a País Vasco.
Hasta ahora, los grandes del Ibex (Inditex, Iberdrola, Santander, BBVA, Repsol o Naturgy) y los mayores grupos familiares -cotizados o no- (Mercadona, Acciona, Gestamp, Iberostar o Antolín) han optado por cobijarse bajo el paraguas de las asociaciones empresariales. Esa falta de empuje puede explicar la llamativa lentitud con la que han actuado la CEOE o el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Nada que ver con la premura con la que se movieron los 'lobbies' del empresariado catalán. Foment del Treball, el Cercle d'Economía o Pimec sí han aireado claramente su apoyo a la amnistía, como vía para potenciar la vuelta de las empresas 'huidas' a Cataluña.
Declaraciones contra la amnistía
Es cierto que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se pronunció desde el principio "contra la amnistía"; y que su homólogo en el instituto, Andrés Sendagorta, se ha alineado "con la Constitución". Ahora bien, CEOE ha tardado 11 días en emitir un comunicado oficial, contados desde el día en que PSOE y ERC sellaron la ley de amnistía. El retraso llevó incluso a una de las mayores patronales (la madrileña CEIM) a anticiparse y lanzar su propio aviso, el 8 de noviembre. Por su parte, el IEF no reaccionó oficialmente hasta la tarde del martes 14.
Por ahora, dentro y fuera del Ibex pesa demasiado la dependencia del BOE de los negocios regulados (como la energía), la amenaza de nuevas cargas (como el impuesto a la banca o las energéticas) o las implicaciones de ponerse bajo el foco para algunos sectores (como la distribución).
También influye el elevado grado de internacionalización de las mayores empresas, para las que España representa sólo una porción decreciente del pastel. Los casos de Ferrovial (que se llevó la sede social) o de Repsol (que ha puesto en cuarentena inversiones) son sólo dos ejemplos de lo que se avecina en la próxima legislatura, con independencia de que los empresarios decidan romper su silencio o no.
