El Gobierno decidió en el año 2020 hacer transferencias millonarias a la Seguridad Social para camuflar su déficit público y que fuera la Administración Central la que asumiera esa desviación y también la de las Comunidades Autónomas, a las que también hizo envíos millonarios.

Esa estrategia, que ha servido para evitar titulares y preocupación en la opinión pública sobre el déficit del sistema de Seguridad Social, se perpetuará los próximos años, tal y como ha adelantado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presentar el Programa de Estabilidad 2021-2024.

"La senda actual pone de manifestación que hay una contención del déficit de la Seguridad Social por las transferencias equilibradoras, que se mantendrán constantes a lo largo del periodo", ha señalado Montero.

En el año 2020, el Estado asumió con estas transferencias, de más de 30.000 millones de euros, un 1,7% del déficit de la Seguridad Social y en 2021 hará lo mismo. Según incluyó el Ejecutivo en su Plan Presupuestario de 2021 las transferencias ascenderán a 18.396 millones de euros.

En lo que va de año, Hacienda ya ha transferido 5.419,89 millones (un 46,78% más) a la Seguridad Social, para "financiar el Ingreso Mínimo Vital y para dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 por importe de 1.667,06 millones de euros, que en el ejercicio anterior aún no se habían aprobado", explicaba recientemente el Ministerio que dirige José Luis Escrivá.

Estas transferencias han permitido que el déficit de la Seguridad Social cierre en el 2,6% del PIB en 2020 y que, según las cálculos del Gobierno, baje hasta el 1,5% en este ejercicio.

Desfase entre ingresos y gastos

El dato disimula la verdadera situación del sistema de Seguridad Social, que en el año 2020 tuvo que afrontar gastos por valor de 162.249 millones de euros en prestaciones a familias e instituciones (un 91,6% de sus gastos, siendo la mayor parte para pagar pensiones y prestaciones contributivas), con unos ingresos por cotizaciones sociales de 119.955 millones de euros.

Estos últimos se vieron mermados por las medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a los hogares y al tejido productivo y que conllevaban la exoneración en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de autónomos.

El balance deja un desfase entre gastos e ingresos de más de 40.000 millones de euros, que se reduciría considerablemente si por ejemplo el sistema no tuviera que hacerse cargo del pago de las prestaciones no contributivas.

La reforma de las pensiones

El Gobierno está trabajando con los agentes sociales para consensuar una reforma de las pensiones basada en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Dadas las dificultades que se está encontrando en la negociación, el Ministerio ya adelantado que sacará adelante las medidas por fases: primero aquellas en las que hay más consenso y más adelante las que tiene más difícil de consensuar.

La ministra Montero ha señalado este viernes que el impacto de las reformas no tendrá efecto hasta los años 2023 y 2024.