La intervención pública es cada vez mayor en la economía en detrimento de las actividades privadas, que se desenvuelven en el libre mercado. Y es el sector público es quien mantiene aún al PIB en positivo artificialmente. Mientras, los demás sectores productivos parecen estancarse de nuevo, afectados por la crisis inflacionista y las muchas dudas existentes sobre el devenir del consumo nacional.
Según los datos del INE del tercer trimestre (la información del cuarto se conocerá a fin de mes), el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas a precios corrientes ha vuelto a retomar la senda alcista (ha repuntado un 1,4% respecto al trimestre anterior, tres veces más que hace un año, frente al exiguo 0,1% del consumo de los hogares y del PIB) y representa ya el 20,4% de la demanda interna del PIB. En el mismo periodo de 2019, se encontraba en poco más del 18%; y en 2007, antes de la gran depresión, se situaba levemente por encima del 17%.
Desde la etapa previa a la pandemia, el PIB ha tenido un crecimiento acumulado del 6,6%, mientras que el gasto público, en su mayor parte improductivo y destinado a aumentar el número de nóminas, ha aumentado más del 15%. Este gasto de las Administraciones supone más del 26% del destinado al consumo final nacional, equivale al 36% del consumo del conjunto de los hogares y alcanza el 21% de la demanda nacional (dos puntos más que en antes de la pandemia y casi cuatro puntos más que en 2007).
Desde el lado de la oferta, las Administraciones representan el 16,1% del PIB (uno de cada seis euros producidos); es decir, 53.416 millones en este tercer trimestre. Anualizados, suponen un volumen de 215.000 millones en los últimos cuatro trimestres, una cifra récord. Mientras tanto, la industria sigue sin recuperarse y permanece muy lejos del imposible objetivo marcado por la UE para España: haber alcanzado el 20% del PIB en 2020. Este sector, sobre el que se sustenta las exportaciones y la demanda externa, era el objetivo del cambio de modelo económico que iba a iniciar el denominado Plan de Recuperación y Resilencia con la ayuda de los fondos europeos, y que no parecen llegar a los distintos sectores productivos.
La industria (el 75% es manufacturera) genera ahora algo más del 15% PIB (en los años 90 alcanzó el 20% y superaba el 17% en el 2000), pero tiene menos peso en el PIB que el sector público, ya que las Administraciones se han convertido en la actividad más importante de la economía, a poca distancia del comercio, la hostelería y el transporte después de su recuperación tras la pandemia (poco más del 21%).
El intervencionismo público vuelve a estar más presente en la economía nacional, tras los años más duros de la última crisis
Todo esto significa que el intervencionismo público vuelve a estar más presente en la economía nacional tras los años más duros de la última crisis, en que los sectores productivos privados sufrieron los avatares del duro ajuste. Que Papá Estado produzca uno de cada seis euros que se generan en España no es la mejor noticia, ya que el gasto público es menos productivo y se está financiando con un mayor incremento de la deuda pública (ha aumentado en unos 280.000 millones desde 2019). Esta hipoteca a las generaciones y los ingresos futuros, y también a la economía. Y en algún momento habrá que empezar a reducir a las proximidades del 60% el PIB (frente al 116% actual), cuando Bruselas vuelva a apretar sobre los objetivos de convergencia.
En todo caso, la estadística confirma que cuando el sector público ha reducido o moderado su intervención directa, la economía nacional ha crecido exponencialmente y se ha generado mayor empleo en España. Sucedió, por ejemplo, a partir de 2014, cuando el PIB abandonó la segunda recesión; o en 2007, antes de la crisis financiera e inmobiliaria. Lo que demuestra que la economía española crece con más dinamismo cuando se reduce la participación pública, mientras aumenta su peso la economía competitiva y más productiva del sector privado.
El consumo de las Administraciones representa ya el 20,4% de la demanda interna cuando, en el mismo periodo de 2019, se encontraba en poco más del 18%
Según los datos del INE, el peso de las Administraciones Públicas en la economía (Valor Añadido Bruto, es decir, el componente principal del PIB que determina el valor el conjunto de bienes y servicios creados por los sectores productivos) ha crecido un 36% desde el principio de la gran crisis de 2007. Así, si hace 15 años el sector público representaba el 14% del PIB, ahora supera con creces el 16% (llegó al 18% en 2020 cuando la pandemia paralizó a los demás sectores).
En la actualidad, la presencia en la economía del sector público no es sólo superior a la actividad de la industria, sino que triplica con creces a sectores tan importantes como la construcción y es 6,5 veces superior al que genera la agricultura. Uno de cada cinco euros que genera el sector de los servicios, el principal motor de la economía, corresponde a Papá Estado. Además, su peso en el PIB duplica al de actividades como las profesionales, técnicas y científicas (donde se acumulan los autónomos), es cuatro veces superior a las actividades financieras y de seguros y, por ejemplo, y es un 65% superior a la representación de las actividades inmobiliarias.
La industria sigue sin recuperarse y permanece muy lejos del imposible objetivo marcado por la UE para España: haber alcanzado el 20% del PIB en 2020
Las cifras del INE demuestran también que el sector público es el menos productivo de la economía española, ya que necesita un mayor número de empleados que los demás sectores para conseguir esa aportación al PIB. Como en todas las crisis, desde que apareció la pandemia el empleo público ha crecido exponencialmente, hay un 6,2% más de ocupados que en 2019 (239.000 más) mientras que en el conjunto nacional, la media de crecimiento de los trabajadores a jornada completa, una vez que se ha atenuado la pandemia, es de poco más del 3%.
De esta forma, las Administraciones Públicas (incluye la educación y la sanidad) necesita al 23% de todos ocupados nacionales para producir el 16,1% del PIB. Mientras, la ocupación en la industria con sólo el 11% de ocupados aporta más del 15% del PIB. Algo similar ocurre con las actividades financieras, de seguros y las inmobiliarias, que aportan conjuntamente casi el 14% del PIB, a tan sólo dos puntos del sector público, con sólo el 3,1% del total de ocupados nacionales (poco más de 600.000 efectivos entre ambas actividades).
Las actividades relacionadas con la información y las comunicaciones, así como las profesionales, acumulan una contribución al PIB de casi el 12%, a cuatro puntos del sector público, con sólo el 16% de los ocupados (1,2 millones menos que en las Administraciones). Por su parte, la hostelería, el transporte y el comercio aportan más del 21% del PIB, cinco puntos largos más que el sector público, con el 28% de los ocupados.
