El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el SMI va a subir a los 1.080 euros en 14 pagas, un 8%, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Se trata de un alza del 47% en la legislatura, desde los 735 euros de 2018. Así lo ha avanzado este martes en el Pleno del Senado en el que se enfrenta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y después de que esta mañana fracasara la mesa de negociación entre sindicatos y Gobierno sobre la subida del SMI.
La reunión del SMI, fijada a las 11 horas de este martes, había empezado con retraso y acabó sobre las 13.45 horas sin acuerdo de la mesa de negociación técnica y habitual. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se sumó desde las 14.30 con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, para intentar llegar a un acuerdo in extremis. Una reunión a la que no ha acudido la patronal, que mantiene su propuesta de subida a 1.040 euros y que reprochaba al Gobierno que no haya puesto ninguna cifra ni propuesta concreta encima de la mesa más allá del informe de los expertos.
El Ministerio de Trabajo no llevó ninguna propuesta de subida del SMI el 21 de diciembre a la primera y única mesa que se había celebrado hasta ahora. Después de la presentación del informe de los expertos que asesoran al Gobierno en el SMI el 19 de diciembre, que plantean una horquilla de alza entre 1.046 y 1.082 euros, de entre el 4,6% y el 8,2%, en la mesa a la que convocó a los agentes sociales, a la que sólo acudieron UGT y CCOO, no hubo cifra del Ejecutivo. Trabajo ganaba así tiempo para tratar de convencer a la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de una subida a 1.082 euros. "Mi posición es conocida", planteaba entonces Yolanda Díaz, lo que luego ha reiterado.
CCOO venía pidiendo una subida entre 1.082 y 1.100 euros, más próxima a esta última cifra. UGT reclamaba que suba a 1.100 euros. La patronal, que tampoco acudió a la primera reunión, remitió un comunicado con la propuesta que trasladó a Trabajo, en la que planteaba una subida del 4%, a 1.040 euros, por debajo de la horquilla más baja de los expertos, y ayudas a los sectores afectados.
Se trataba en todo caso de una propuesta de alza, como valoró Díaz. La vicepresidenta segunda aplaudió que CEOE proponga una subida salarial de casi medio punto y, en un cambio de tono respecto a las críticas a la patronal tras el enfrentamiento por la enmienda de los ERE pactada con Bildu, subrayó que los empresarios se habían disculpado por no acudir a la reunión, lo que atribuyeron a su Junta Directiva.
Quedaba por ver si este acercamiento a CEOE rebajaba la cifra que propone Díaz, que aunque se sitúa en la parte alta de la horquilla ha planteado que rebajaría sus pretensiones en aras del acuerdo. Esto acercaría el acuerdo dentro del Gobierno, pero en ese caso sería difícil contar con el aval de los sindicatos. Esta posible rebaja acercaba también las posiciones de Díaz y Calviño. La vicepresidenta primera viene repitiendo que los salarios tienen que subir pero liga el SMI al pacto de rentas y a la subida salarial en convenio, que sólo es competencia de los agentes sociales, lo que ha causado malestar en los sindicatos.
Los sindicatos habían advertido de que el SMI debía cerrarse ya y recordaban que es una prerrogativa del Gobierno que sólo debe consultar. La reunión de este martes 31 de enero sería la última, avisaban.
Los expertos que asesoran a Yolanda Díaz para la subida del SMI ofrecen una horquilla de entre 1.046 y 1.082 euros pero recomiendan que suba a hasta 1.082 euros en 2023, y advierten de que deberá revisarse en seis meses teniendo en cuenta la inflación, y avisan de que sus cálculos se ha hecho con el salario medio de 2022, que en 2023 será superior.
Segunda subida preelectoral
Una actualización o segunda subida en un año del Salario Mínimo Interprofesional está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores en escenarios de inflación elevada. Se trata de una posibilidad que ya reivindicó UGT en julio que se activara este año y que Yolanda Díaz abrazó con entusiasmo, pero que finalmente desestimó a la vuelta del verano y que fuentes del diálogo social ven abrirse de cara al próximo verano.
Pues bien, el informe de los expertos que ha designado el Gobierno para que le asesoren respecto a la subida del SMI pide que se haga, cuando las previsiones de todos los organismos están alargando la duración de una inflación elevada.
Esta actualización, además, permite satisfacer las pretensiones de los sindicatos, que consideran que los 1.082 euros que el Gobierno contempla como mayor incremento para 2023 es sólo la parte inferior de su horquilla.
Los expertos pertrechan al Gobierno de más razones en un informe que se ofrece como argumentario sobre las bondades y la oportunidad de que haya una subida adicional del SMI en 2023. Advierten de que sus cálculos se han realizado teniendo en cuenta el salario medio de 2022, pero no el de 2023, y que la rebaja del IRPF a rentas bajas que entra en vigor en enero traslada parte del coste de la subida del SMI a Hacienda.
"Dado el contexto de alta inflación existente en la actualidad y el impacto asimétrico que una inflación como la actual -que incide de forma especial en los alimentos y la energía- tiene sobre el poder adquisitivo de los estratos de renta más bajos, entre los que se encuentran los hogares perceptores del SMI (el 70% de los hogares con al menos un perceptor del SMI se localizan en los cuatro primeros deciles de distribución de la renta por hogares), la Comisión considera oportuno proceder a revisar, como así permite el Estatuto de los Trabajadores (artículo 27), la evolución del SMI tras seis meses de su actualización, con la finalidad de evaluar su suficiencia en un contexto inflacionista", recomiendan los expertos.
A modo de ejemplo del impacto asimétrico de la inflación, concluyen que "en energía y alimentación, el aumento de precios afecta más intensamente a las familias de menor renta entre las que se encuentran los perceptores del SMI. En este sentido, el incremento anual de precios, a septiembre de 2020 en España ha sido del 14,4% y 28% en la alimentación y energía, respectivamente, frente al 8,9% del índice general".
