El Gobierno no ha incluido en las fichas de reformas remitidas a Bruselas la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que tenía previsto realizar a lo largo de la legislatura.

Ninguno de los treinta componentes publicados por el Ejecutivo, en los que se incluyen reformas por temáticas, refleja el compromiso de elevar el SMI, pese a que el Ministerio de Trabajo ha constituido una comisión de expertos para que le asesore sobre esta subida.

La voluntad de subir el salario mínimo podría haber sido incluida en el Componente 30 para la 'Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo', ya que una subida del salario mínimo conlleva automáticamente un incremento idéntico de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social.

Esto, a su vez, supone un incremento de los ingresos de la Seguridad Social, necesario para sanear las arcas de un sistema deficitario.

También podría aparecer en el Componente 23 de 'Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo', que es la base de la reforma laboral o del nuevo Estatuto de los Trabajadores en el que quiere trabajar el Gobierno, pero aquí tampoco ha sido incluida.

La creación del grupo de trabajo que creó la ministra Yolanda Díaz sí aparecía reflejada en el documento resumen que el Gobierno publicó el viernes y que, según se supo después, contenía "erratas" como la intención de eliminar la tributación conjunta en el IRPF, tal y como ha tenido que aclarar la ministra de Economía, Nadia Calviño, esta semana, pero no aparece en las fichas definitivas remitidas a la Comisión Europea.

La subida del salario mínimo, motivo de controversia

La posible subida del SMI es uno de las políticas que más polémicas ha creado dentro del Gobierno, ante la divergencia de opiniones entre el Ministerio de Trabajo, decidido a subirlo a lo largo de la legislatura hasta que equivalga al 60% del salario medio, y el Ministerio de Economía, contrario a esta medida dada la coyuntura actual que atraviesa el país.

Ante el bloqueo del ministerio de Calviño en la recta final de 2020 para aprobar una nueva subida este año, Trabajo constituyó este grupo de expertos a su medida, en el que participa un representante de Economía, para que emita dictamen recomendando un nuevo incremento.

En él participan también los agentes sociales, pero por ejemplo la patronal de empresarios no ha querido acudir a ninguna reunión dado que no consideran que sea el momento de subir los costes de las empresas con un nuevo incremento del SMI, después de las fuertes subidas que ha experimentado este indicador en los dos últimos años, equivalentes al 30% en el acumulado.

Otras medidas a largo plazo sí han sido incluidas

Los ministros de economía socialistas -Calviño, María Jesús Montero (Hacienda) y José Luis Escrivá (Seguridad Social)- han admitido públicamente que no es momento de realizar esa subida del SMI y que deberá posponerse hasta que se encarrile la recuperación, de ahí que posiblemente la medida no haya sido incluida en el Plan pese a la insistencia de Trabajo.

Llama la atención, no obstante, que otras medidas que también se han aplazado hasta que haya recuperación económica, como una posible subida de impuestos -vía reforma fiscal- para aumentar la recaudación, sí han sido reflejadas (como el nuevo pago por el uso de carreteras, a partir de 2024).

Subir el SMI hasta el 60% del salario medio supondrá elevarlo desde los 950 euros -en catorce pagas- en que se sitúa actualmente hasta el entorno de los 1.000-1.200 euros, según el parámetro con el que se mida.

Ésta era una de las principales luchas también del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que abandonó el Ejecutivo hace un mes y medio, y este martes ha comunicado que abandona la política tras su resultado en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid.