Banco Sabadell no volverá a Cataluña. Al menos de momento. Así lo ha asegurado este jueves el consejero delegado de la entidad, Jaime Guardiola, que ha defendido que la decisión trasladar la sede social ante la incertidumbre que despertó la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre "no fue una decisión política”, sino que buscó defender los intereses de accionistas y depositantes.

A la salida del Congreso de los Diputados, Guardiola ha incidido en que la decisión de trasladar la sede social del banco a Alicante no se tomó "a corto plazo". "A futuro nadie sabe lo que pasará, la situación es la que es", ha señalado el directivo en una jornada en la que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, presenta la hoja de ruta del independentismo y Agbar ha decidido volver a instaurar su sede en la región.

Guardiola atribuye el traslado de la sede social a que los analistas financieros empezaron a incorporar en octubre de 2017 entre sus escenarios de riesgo la posible independencia de Cataluña, lo que tuvo una incidencia inmediata sobre la cotización y generó desconfianza por parte de los depositantes.

Diagnóstico de la crisis

 Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera, Guardiola ha reconocido que Banco Sabadell, compartía en 2007 con el resto de entidades financieras una serie de debilidades, tales como la elevada exposición a la construcción y promoción inmobiliaria, la excesiva dependencia de financiación en los mercados de capitales y unos niveles de capital que resultaron ser insuficientes ante la magnitud y la duración de la crisis financiera.

El directivo cree que la crisis en España se afrontó “como se pudo”, con fusiones entre cajas, el saneamiento del sector mediante los decretos Guindos, y la creación, quizás tardía, de la Sareb. Para él, las "lecciones aprendidas" han sido la necesidad de reforzar el modelo de gestión y control de riesgos de las entidades, el mayor rigor, eficacia y transparencia del gobierno corporativo y el incremento de las transparencia y la simplicidad en la relación con los clientes.

En cualquier caso, ha cifrado el coste de la crisis en 50.000 millones de euros para los contribuyentes, equivalente al 5% del PIB de España, y en 20.000 millones para los bancos. “Cualquier apelación al rescate para los depositantes es una aberración”, ha manifestado.

Guardiola, además, ha precisado que el coste de la crisis para Sabadell ha sido de unos 1.500 millones, de los cuales ,1.147 millones han ido a parar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), 141 millones al Fondo Único de Resolución (FUR), 111 millones de la tasa que pagan las entidades por los DTAs desde 2016 y 326 millones por deterioros de Sareb.

Exceso regulatorio

Entre los retos de futuro del sector financiero, Guardiola coincide con la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, en que el mayor desafío que afronta el sector es el de la rentabilidad, que, a su parecer, se ve presionada por el elevado peso de las provisiones y el contexto actual de bajos tipos de interés, así como por la digitalización, los elevados niveles de competencia y los elevados costes que implica la adaptación a los nuevos requisitos regulatorios.

En esta línea, el directivo ha advertido de que numerosos cambios en la regulación pueden provocar un "exceso de incertidumbre" que reduce el atractivo de los bancos para captar inversores y atraer capital. Por ello, ha solicitado a los diputados presentes en el Congreso de los Diputados tener en cuenta el impacto sobre la banca y la economía que supone cualquier modificación legislativa sobre el sector financiero.

Así, Guardiola, siendo consciente de que el mercado inmobiliario es “mejorable”, ha pedido a los legisladores “ir con cuidado” a la hora de diseñar la nueva ley hipotecaria, ya que, a su parecer, el sector hipotecario español es un buen sector inmobiliario.