Rumasa, expropiada por el Gobierno de Felipe González a José María Ruiz-Mateos el 23 de febrero de 1983, por razones de utilidad pública e interés social, mantuvo a partir de entonces contratos con despachos y empleados sin control con un coste millonario.

Dichos contratos opacos se prolongaron hasta la liquidación de la compañía, hace tres años, cuando la SEPI, a través de Cofivacasa, se hizo cargo del proceso.

La extinción de los últimos contratos laborales de la empresa, con empleados que llevaban cerca de 30 años trabajando en la Rumasa expropiada, se saldó con indemnizaciones millonarias.

En un reciente informe del Tribunal de Cuentas, al que ha accedido Vozpópuli, se denuncia que Rumasa firmó el 1 de octubre de 1985 contratos de servicios de asistencia jurídica, tributaria y laboral con cinco despachos y profesionales "que fueron adjudicados directamente sin tramitar ningún expediente de contratación y prorrogados tácitamente a lo largo de diez a quince años".

Rumasa despidió a un empleado en 1990 al que indemnizó con 102.000 euros; después le siguió contratando hasta 2015

El organismo afirma que esa práctica "ha supuesto un incumplimiento de los principios generales de contratación de publicidad y libre concurrencia y un fraccionamiento indebido del objeto de los contratos".

Miguel Boyer, durante un debate en el Congreso sobre Rumasa, en 1983.

El director general de la Rumasa expropiada adjudicó directamente el 1 de octubre de 1985 el contrato de asesoría fiscal por el plazo de un año. Pero ese contrato se "prorrogó tácitamente a lo largo de quince años", hasta que el 10 de junio de 2016 Cofivacasa remitió un burofax comunicando la disolución de la empresa.

Solo en el período 2014-2016, el importe facturado por la compañía a Rumasa ascendió a 170.649,71 euros, según el informe del Tribunal de Cuentas.

Un abogado al que Rumasa contrató en 1986 pasó una minuta de 766.500 euros a la empresa en 2016

También el director general de Rumasa contrató el 2 de enero de 1986 los servicios de asesoría jurídica con un abogado por un período de seis meses que, no obstante, "fue prorrogado tácitamente hasta el 30 de mayo de 2016".

La sociedad de la SEPI especializada en la liquidación de empresas públicas comunicó a este abogado, cuya identidad no precisa el Tribunal de Cuentas, la expiración del contrato. Sin embargo, el letrado pretendió cobrar entonces 766.495,58 euros a Rumasa por determinadas minutas e intervención en conflictos judiciales.

Rumasa se negó a efectuar dicho pago, considerando infundada la pretensión, tanto por el tiempo transcurrido desde la resolución del último conflicto judicial como porque estos servicios estaban incluidos en la iguala. El despacho facturó 47.772,9 euros a Rumasa, solo entre 2014 y 2016.

Despedido y contratado

Más llamativo aún resulta la relación contractual de Rumasa con un empleado al que despidió hace 30 años con una indemnización millonaria, y al que siguió contratando hasta hace cinco años.

Rumasa despidió en 1990 a un empleado quien después siguió facturando a la empresa, 456.400 euros hasta 2015

El Tribunal de Cuentas explica que Rumasa "desarrolló una relación contractual" con un trabajador que había causado baja por despido el 30 de septiembre de 1990, con una indemnización de 102.661,5 euros (17 millones de pesetas).

Al mes siguiente del despido, en noviembre de 1990, este exempleado comenzó a facturar mensualmente a Rumasa hasta el 29 de mayo de 2015 "sin que exista ningún documento contractual formalizado". Las facturas pasadas alcanzaron cifras millonarias.

José María Ruiz-Mateos, fallecido en 2015, y su esposa Teresa Rivero, en una imagen de 2005. EP.

Entre 1990 y el 31 de diciembre de 2000 hay registradas 122 facturas con este antiguo empleado por un importe total de 187.285 euros (31 millones de pesetas). Entre enero de 2001 y mayo de 2015, las facturas ascendieron a 269.115,65 euros. "Se ha verificado que las facturas estaban conformadas por el director general y contenían la referencia del cheque bancario con el que se realizó el pago", dice el Tribunal de Cuentas.

También el director general formalizó el 10 de enero de 1992 un contrato para la prestación de servicios de asesoramiento jurídico con una vigencia de un año.

El 23 de noviembre de 2015, el presidente comunicó la intención de no proceder a la prórroga del contrato dado que la Sociedad había iniciado los trámites necesarios para su disolución. El importe facturado por la empresa asesora solo en el período 2014 y 2015 ascendió a 174.296,61 euros.

Despidos e indemnizaciones

A 1 de enero de 2016, el personal con contrato indefinido de Rumasa estaba integrado por ocho trabajadores, incluidos los dos directores.

En 2016, Rumasa, con ocho empleados, gastó en Recursos Humanos 3,2 millones de euros

Según el informe del Tribunal de Cuentas, ese año los empleados de Rumasa percibieron una retribución total de medio millón de euros. En total, el gasto de la empresa en Recursos Humanos solo en 2016 ascendió a 3,2 millones de euros.

Rumasa tramitó en 2016 un ERE que concluyó el 7 de junio sin acuerdo con el Comité de Representación de los Trabajadores; ante la falta de acuerdo, la empresa aprobó el despido colectivo de la totalidad de la plantilla, con una indemnización de 23 días de salario bruto por año de servicio con el límite de 14 mensualidades, que supuso un coste de 2,9 millones.

El 26 de junio de 2016 cesaron siete trabajadores y el 30 de septiembre cesó el octavo trabajador que hasta esa fecha venía ocupando el puesto de archivero.

La plantilla de Rumasa requirió en el ERE de 2016 una indemnización de 60 días por año trabajado

La plantilla de Rumasa pretendía que se le aplicara las condiciones de despido más favorable, la contemplada en acuerdo de finales de los años ochenta del pasado siglo: 60 días de salario por año de servicio sin limitación, más dos meses de salarios de tramitación.

Sobre las demandas presentadas por los trabajadores de Rumasa por la extinción de sus contratos laborales, el Juzgado de lo Social de Madrid había dictado, el 22 de junio de 2018 y el 9 de julio de 2018, cinco sentencias, todas ellas desestimatorias.

El Tribunal de Cuentas señala en su informe que los dos directores de Rumasa, que ostentaban la condición de funcionarios, percibieron en 2016 una indemnización de 256.690 euros. Los directivos invocaron estar en estar en situación de servicios especiales, con reserva de puesto de trabajo, "lo cual resulta incompatible con la percepción de cualquier indemnización por despido".

Según explica el organismo, los dos directivos iniciaron su relación laboral con Rumasa mediante contrato indefinido, y fueron cesados el 27 de junio de 2016. A lo largo de su carrera en la empresa, ambos devengaron trienios, cotizaron por derechos pasivos y a Muface en virtud de su condición de funcionarios en situación de servicios especiales, "lo que resulta incompatible con una relación laboral común".