La incertidumbre en torno al futuro de la central nuclear de Almaraz ha llegado de lleno a Moncloa. El Gobierno se ha puesto manos a la obra para que Iberdrola, Endesa y Naturgy lleguen a un acuerdo para renovar la licencia de operación de la planta, proceso que se encuentra bloqueado por las discrepancias entre las compañías sobre la forma de llevarlo a cabo, y evitar así que se ponga en riesgo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PIEC), que contempla que Almaraz prolongue su operación hasta 2028.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tomado cartas en el asunto y ha instado a la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) a poner de acuerdo a las tres eléctricas para que cumplan el protocolo firmado hace escasas fechas con la empresa pública en el que se fijaba el calendario de cierre de centrales, de acuerdo con fuentes del sector. En este cronograma se contempla que los dos reactores de Almaraz operen hasta los años 2027 y 2028 pero sólo podrá hacerlo hasta 2020 si las propietarias no renuevan la licencia.

La posición del Gobierno ha sido uno de los elementos que ha propiciado el aplazamiento hasta el viernes de la reunión que iban a mantener las empresas este jueves para tratar de alcanzar un acuerdo. Como adelantó Vozpópuli, las compañías optaron por trabajar internamente en alternativas con vistas a lograr avances en la asamblea, toda vez que las posturas apenas habían variado desde el pasado martes, cuando celebraron la última reunión entre ellas sin resultado positivo.

El Gobierno ha empleado la baza de Enresa como empresa firmante del protocolo, lo que hace que pueda exigir su cumplimiento al resto de las empresas que participan en él. Uno de los problemas es la premura de tiempo, toda vez que el plazo para la solicitud de renovación de la licencia de operación vence el próximo 31 de marzo.

El Plan de Moncloa, en peligro

En el encuentro del pasado martes, Iberdrola y Naturgy insistieron en su planteamiento de que la decisión de solicitar la licencia debería someterse a discusión de los tres socios una vez que se conozca el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre las inversiones que deben llevarse a cabo para que la central siga operando. Por su parte, Endesa defiende la postura de solicitar la renovación sin ningún tipo de condiciones.

Las compañías aprobaron el pasado 12 de marzo un plan de negocio para la central, con una cuantía de 400 millones de euros, que podría verse alterado en el caso de que la hoja de ruta indicada por el CSN, en el caso de que el Gobierno decidiera hacerla suya, incluyera inversiones por una cuantía muy superior.

El PIEC contempla la progresiva sustitución de la potencia instalada de las centrales nucleares por nuevas instalaciones basadas en tecnologías renovables. Precisamente para hacer sostenible la transición, el Gobierno renunció a su intención inicial de no prolongar la vida útil de las plantas nucleares más allá de los 40 años, lo que hubiera supuesto su cierre total en el año 2028. Una medida que suponía ciertos riesgos para la seguridad del suministro y la estabilidad del mercado, lo que hizo que Moncloa reconsiderara su postura.

Si Almaraz tuviera que cerrar en 2020 por falta de acuerdo entre sus propietarias, los cálculos contemplados en el PIEC se vendrían abajo. El Plan está en estos momentos en fase de supervisión por parte de la Comisión Europea.

Endesa: "la venta de participaciones no es la solución"

En la última reunión que mantuvieron las tres eléctricas sobre el futuro de Almaraz, que tuvo lugar este martes, Endesa llegó a proponer a Iberdrola y Naturgy que le cedieran sus participaciones (que suman un 64%), siempre y cuando se comprometieran a sufragar parte del mantenimiento y de la operación de desmantelamiento, a lo que obtuvo una respuesta negativa de las dos.

Este jueves, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, apuntó que esta posible salida al problema "no es la mejor solución ni mucho menos porque todas las empresas somos conscientes de la importancia del protocolo firmado con Enresa y lo mejor es llegar a un acuerdo para respetarlo".

Endesa e Iberdrola mantienen también discrepancias en torno a la licencia de operación de Vandellós, cuyo plazo también finaliza el 31 de marzo. Ambas compañías mantuvieron un último encuentro este miércoles, que también concluyó sin acuerdo. En este caso, la decisión de Almaraz condicionará también el futuro de Vandellós, con lo que el encuentro de este viernes podría desbloquear de golpe la situación.