Bruselas quiere un ajuste de 5.500 millones y lo quiere ya. Lo dejó claro en la carta que envió la semana pasada al Gobierno. Despejada la investidura, el Ejecutivo tiene que ponerse a negociar a contrarreloj unas nuevas cuentas que reduzcan el déficit del 4,6% al 3,1% el año que viene. La negociación no va a ser fácil y parece poco probable que el Gobierno pueda sacar adelante grandes recortes del gasto dada la reticencia de los partidos a estas medidas y lo fragmentado que está el Parlamento. Todo apunta a que habrá que tocar de nuevo los impuestos, ya que la presión fiscal sigue por debajo de la media europea.

Según consta en el Plan Presupuestario enviado el pasado 15 de octubre a la Comisión, los ingresos bajarán al 37,65% del PIB en 2017, por debajo de la media de la UE, y los gastos se reducirán al 41,29%, también por debajo de la media. Además, la presión fiscal, que mide el nivel de impuestos y cotizaciones de un país, es muy inferior a la de algunas de las grandes economías de la UE. Y, tal y como figura en el Plan, acabará 2016 en el 34% y bajará al 33,9% el año que viene.

Según las últimas cifras oficiales de la oficina estadística europea (Eurostat), la presión fiscal media de la UE se situó en el 40% en 2014 y la de la zona euro en el 41,5%. Las cifras de grandes economías vecinas como Alemania (39,5%) y Francia (47,9%) también son mucho más altas que las españolas. Y los países nórdicos que tantas veces se ponen de ejemplo como economías a las que parecerse, tienen niveles considerablemente más altos de presión fiscal: Dinamarca (50%), Finlandia (44%) y Suecia (43,7%).

En este contexto, es probable que el Gobierno opte de nuevo por la vía de los ingresos. Sobre todo porque casi todos los partidos aprovecharon el debate de investidura para criticar los hachazos a los gastos dados por el Gobierno de Mariano Rajoy durante los últimos años y mostraron su poca disposición a aprobar nuevos recortes. Aunque sí son partidarios de eliminar gastos supérfluos, casi todos prefieren aumentar los ingresos, pero las posturas se alejan en cuanto se empiezan a concretar las medidas.

Casi todos los partidos coinciden en la necesidad de retocar Sociedades para que recaude más y Bruselas pide cambios en el IVA

Parece que el Impuesto de Sociedades puede ser el gran punto de encuentro. Ciudadanos defiende una reforma integral del tributo para tapar agujeros y hacer que recaude más sin tener que subir los tipos. Y los cambios en deducciones de este impuesto serían bien recibidos por la izquierda. Es cierto que el Gobierno acaba de recuperar el mínimo obligatorio del pago fraccionado para recaudar 8.300 millones extra este año. Pero tal y como dice el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no se trata de una subida fiscal, sino de un adelanto contable, así que el Gobierno cuenta con cierto margen de retoque.

Y luego está el IVA. Una subida de este impuesto no cosecharía un gran acuerdo en la Cámara, pero Bruselas lleva tiempo reclamándola. Si finalmente hay un cambio se podría concretar en una mera reclasificación de productos pasando algunos que actualmente se gravan al tipo reducido o superreducido al tipo general. Una subida fiscal en toda regla, pero sin tener que tocar los tipos, que ya se han elevado dos veces durante la crisis económica.

Es cierto que Mariano Rajoy se ha comprometido varias veces a no tocar el IVA, la última de ellas en el debate de investidura. Pero también es cierto que cuando dice esto solo habla de los tres tipos del impuesto (21%, 10% y 4%), no de una posible reclasificación. Tampoco los partidos políticos se mojan mucho cuando se les pregunta directamente por esta medida. Por eso, aunque a priori parece difícil sacar una iniciativa así en el Parlamento, es posible que el PP finalmente se ganara el favor de algunos partidos.

Expertos como Funcas también proponen eliminar desgravaciones y subir el Impuesto de Hidrocarburos

Y puede haber cambios también en impuestos más pequeños, como los Especiales. Algunos expertos, como la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) coinciden en la necesidad de ajustar vía ingresos tras los golpes de estos años a las partidas de gasto. En concreto, Funcas propone eliminar desgravaciones en algunas figuras tributarias, aumentar los ingresos por cotizaciones sociales y subir el Impuesto de Hidrocarburos.

En cualquier caso, el Gobierno ya se ha asegurado unos millones extra con algunas medidas fiscales que figuraban en el Plan Presupuestario, como la nueva prórroga del Impuesto de Patrimonio, que aportará unos 1.000 millones, la subida del IBI tras la revisión catastral y la extensión en el tiempo del cambio en Sociedades. Montoro dijo que esta medida solo estaría vigente mientras el déficit estuviera por encima del 3%, pero el documento enviado a Bruselas aseguraba que la medida nacía “sin fecha de caducidad”.

Si toca todas estas medidas, el Gobierno puede asegurar al menos parte de los 5.500 millones que reclaman las autoridades comunitarias. Y tampoco se puede descartar que la economía sorprenda de nuevo el año que viene y crezca por encima del 2,3% previsto, lo que reduciría ligeramente el ajuste. Esta es la tesis que defiende ahora el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que podría estar guardando en la manga una nueva revisión del cuadro macroeconómico cuando se apruebe el techo de gasto en las próximas semanas.