Repsol se defiende tras su imputación en el caso Villarejo. La petrolera ha remitido este jueves un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asegurando que demostrará que “ni hubo incumplimiento ni infracción de norma alguna”. También ha asegurado que su condición de investigada no afectará ni a la presidencia de Antonio Brufau ni a la de ninguno de sus consejeros. 

La condición de investigada en la instrucción judicial no tiene consecuencia alguna sobre la sociedad, su gobernanza o actividad”, explica el comunicado de Repsol. La empresa explica que, en el ejercicio de su derecho de defensa, probará que no era posible conocer que “ninguna persona relacionada con Cenyt tuviese la condición de funcionario en activo, puesto que se había permitido y ocultado ex profeso dicha condición por quienes tenían la capacidad para hacerlo”. 

Además, la empresa que dirige Josu Jon Imaz avanza que, en defensa de su reputación corporativa, del interés social entendido como el que afecta a la propia compañía, a sus accionistas, a sus empleados y colaboradores, clientes y proveedores ,”adoptará cuantas actuaciones sean necesarias en el ámbito del procedimiento en el que se la investiga, colaborando sin restricción con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos”. 

Y abre la puerta a posibles medidas contra el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, o el propio Ministerio del Interior. Repsol explica a la CNMV que se reserva el derecho de acometer “cuantas acciones sean procedentes” para exigir “las responsabilidades que puedan corresponder a quienes, en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia, propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt y a quienes, en el ámbito privado, utilizan el procedimiento penal en la persecución de su beneficio particular”.  

"Una trayectoria ejemplar"

Su comunicado también destaca que la empresa ha mantenido "una trayectoria ejemplar en materia de cumplimiento normativo y prevención de delitos". Repsol explica al organismo que se armó de un código de ética y conducta y de normas internas específicas de control para todos sus colaboradores, a la altura de los más avanzados y exigentes estándares del panorama nacional e internacional.

Con respecto a la contratación de la empresa del excomisario José Manuel Villarejo, Repsol insiste en que son cuatro facturas por un importe total de 185.000 euros. "Se ha promovido e impulsado todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y circunstancias que concurrieron en dicha contratación", declara en su comunicado remitido a la CNMV.

Una investigación que, según la energética, apunta a la "inexistencia de infracciones o incumplimientos" de los procedimientos internos de Repsol, sin que existiese, ni siquiera, el menor afán de ocultación. La empresa señala que este auto del Juzgado Central número 6 ha sido adoptado sin haber tomado declaración como testigo al Chief Compliance Officer de Repsol. "Pese a las reiteradas peticiones en tal sentido", declara.