El bloqueo administrativo compromete el despliegue de renovables del Gobierno

El 74% de la generación de electricidad en España en 2030 será con tecnologías renovables. Ese el objetivo que se ha marcado el Gobierno en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Para alcanzar esta meta, que actualmente ronda el 50%, el plan liderado por el equipo de Teresa Ribera se apoya en duplicar hasta los 50 gigavatios (GW) la potencia instalada de energía eólica y triplicar hasta los 39 GW la fotovoltaica. Un desarrollo que está en riesgo por el bloqueo administrativo.

Según detallan desde el sector de las renovables, en España hay proyectos para la construcción de instalaciones de generación renovable que generarían un total de 40 GW y que son imprescindibles para cumplir con los objetivos del PNIEC. "Proyectos que, de no cumplir los requisitos marcados en el Real Decreto-Ley 23/2020 para mantener vigentes sus derechos de acceso y conexión, podrían no llegar a buen puerto e impedir la entrada de esa generación renovable en plazo", denuncian estas mismas fuentes.

La caducidad automática de esos derechos de acceso y conexión conlleva una pérdida de oportunidad para la entrada de nuevas renovables en los plazos marcados por el PNIEC. Los representantes del sector consideran que aumentará la percepción de riesgo por parte de los inversores y el consumidor acabará pagando las consecuencias en su factura.

La clave de esta problemática de este real decreto, que se anunció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de junio de 2020, son los tres hitos temporales para que los permisos de acceso y conexión a la red no caduquen: el sometimiento a información pública del proyecto, la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la autorización administrativa del proyecto o la obtención de un permiso de construcción.

Un 8,2% tiene 'luz verde'

Desde el sector de las renovables ofrecen un balance de estos 40 GW que evidencian este atasco. El 50,3%, es decir 20.118 MW, solo se han sometido a información pública. Un escaso 3,7% cuentan además con la Declaración de Impacto Ambiental (1.474 MW) y sólo un 8,2% tienen además permiso de construcción (3.269 MW). El 37,8% restante, nada menos que 15.139 MW, ni siquiera han dado el primer paso.

“Si no se encuentra manera de gestionar los puntos de conexión va a provocar que aquellos interesados en desarrollar los proyectos se terminen rindiendo sin llevarlos a cabo”, detalla Carlos Martín, responsable de operaciones de Enerjoin. “Esta decisión llegará por dos motivos: porque no han encontrado punto de conexión o porque el precio que se les pide en el mercado es disparatado, dada la especulación existente”, añade.

La Declaración de Impacto Ambiental se ha convertido en un cuello de botella cuya responsabilidad recae tanto en la administración central como en la autonómica. Los proyectos de más de 50 MW deben tramitar esa declaración ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y, los que se sitúan por debajo de esa potencia, a las distintas Comunidades Autónomas.

Un atasco "salvaje" en las renovables

José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), constataba en una reciente mesa redonda del sector renovable organizada por Clifford Chance y la Universidad de Salamanca la existencia de ese atasco y lo tildó además de “salvaje” en algunos casos. González Moya considera que el principal culpable de ello tiene que ver “con los derechos de acceso y conexión, que es la primera vía para desarrollar un proyecto renovable”.

Giles Dickson, CEO de la patronal eólica europea WindEurope, recordó a los asistentes a este evento que “a nivel europeo, deberían estar instalándose 30.000 MW al año para cumplir con los objetivos de la UE”. Javier Revuelta, Senior Principal de AFRY Management Consulting, también reconoció en el evento de Clifford Chance y la Universidad de Salamanca que “una parte muy importante de los gigavatios en desarrollo se van a caer porque no van a cumplir los hitos del RDL 23/2020”.

797 millones menos para la factura

Los datos que se manejan en el revelan que bloqueo administrativo es parecido en esos dos niveles de la Administración, y que sus efectos económicos son muy elevados. En 2022, se restarán cerca de 1.560 millones de euros de ingresos a la industria eólica, reducirán la recaudación fiscal en 29 millones y evitarán sobre todo que los consumidores ahorren 797 millones en su factura.

Las administraciones central y autonómica ya han demostrado no disponer de los medios suficientes

En 2025, los consumidores pagarán 1.800 millones más en su factura por la no entrada en funcionamiento de esos parques de generación de renovables, las empresas energéticas dejarán de ingresar 3.900 millones y la administración dejará de recaudar 88 millones en impuestos.

El sector tiene clara la solución a este atasco: modificar los hitos del RDL 23/2020. "Las administraciones central y autonómica ya han demostrado no disponer de los medios suficientes para expedir en plazo las Declaraciones de Impacto Ambiental al ritmo y la velocidad necesarias", manifiestan desde el sector. Este bloqueo consideran que pone en riesgo inversiones y empleos, se generará inseguridad al capital, se encarecerá la factura de la luz y no se cumplirán los ambiciosos objetivos en materia de generación renovable del PNIEC.