La reforma del modelo de la financiación autonómica es uno de los asuntos que espera encima de la mesa a cualquier nuevo Gobierno que se forme. Un sistema complejo cuya última reforma se acometió en 2009 y mediante el que las regiones reciben los fondos necesarios para el gasto de los servicios que prestan. Pero nadie está satisfecho con el actual modelo que prácticamente todas las regiones piden desde hace años cambiar. 

El bloqueo político no ayuda y la reforma permanece congelada a pesar de las protestas de los distintos dirigentes regionales de todos los colores y de las reuniones para estudiar posibles cambios. Pero la guerra abierta esta semana entre el ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero y la Junta de Andalucía que gobierna el PP con Ciudadanos ha vuelto a poner sobre la mesa las discrepancias entre las autonomías sobre el sistema al que muchas tachan de injusto y al que culpan de una presunta 'infrafinanciación'.

Por lo pronto, la Junta andaluza no podrá acudir a los mercados en 220 para captar financiación por haber incumplido el objetivo de estabilidad, de deuda pública y de la regla de gasto en el ejercicio 2018, cuando los socialistas de Susana Díaz y la propia Montero gobernaban la Comunidad. Ahora deberá acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la herramienta creada en plena crisis para facilitar la financiación de las autonomías con más deuda y al que también están acogidas Murcia (1.486,1), Aragón (1.293,2), Castilla-La Mancha (1.746,9), Comunidad Valenciana (6.784,9) y Extremadura (508,1). 

Pero, ¿cómo funciona el sistema? La financiación de las Comunidades procede de dos vías fundamentales. Por un lado, los impuestos (cedidos y compartidos) y, por otro, los fondos. Las regiones del régimen común  (todas, excepto Navarra y País Vasco) recaudan tributos cedidos completamente por el Estado como el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Actos Jurídicos Documentados y otros, cedidos parcialmente, como los Especiales (bebidas, tabacos, hidrocarburos...), una parte del IRPF o una parte del IVA.

Respecto a los fondos, existen el de Garantía, el de Suficiencia, el de Cooperación y de Competitividad, que sirven para redistribuir los recursos entre las regiones. Los fondos del primero se reparten de acuerdo a una fórmula que trata de asegurar un nivel equiparable de servicios públicos básicos en todas las Comunidades. Pero no se reparten de forma equitativa por número de habitantes, sino que para su cálculo se tienen en cuenta variables como la población, la edad, la insularidad o su dispersión sobre el territorio. Se entiende que parámetros como estos son imprescindibles para calcular el coste de los servicios.

Y ahí se da una de las grandes batallas. Las Comunidades más pobladas como Andalucía o la Comunidad Valenciana, reclaman que pese más el número de habitantes frente a regiones como Asturias, Aragón, las dos Castillas, Galicia o La Rioja, que llegaron a montar un frente común para pedir que el envejecimiento de su población y la dispersión en pequeños municipios sea tenida más en cuenta. 

Por su parte, el Fondo de Suficiencia cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de las autonomías y lo que reciben por los tributos cedidos más el Fondo de Garantía. Los Fondos de Convergencia tratan de evitar grandes desequilibrios entre las regiones. El de Competitividad se puso en marcha para reducir las diferencias en financiación per cápita entre Comunidades, al mismo tiempo que se incentiva la autonomía y la capacidad fiscal. El de Cooperación se crea para equilibrar y armonizar el desarrollo regional, estimulando el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional en términos de renta. Aunque su efectividad ha sido puesta en cuestión.

MEL siguen coexistiendo con los mecanismos ordinarios de financiación para las CCAA, en algunos casos incluso desplazándolos, y algunas comunidades autónomas siguen utilizándolos de forma recurrente.

Y es que los MEL, definidos en su momento como medida extraordinaria de liquidez, son un mecanismo cuya aplicación plantea diversos y profundos debates en materia económica. Por un lado, se enfatizan los incentivos perversos que genera el sistema actual sobre el cumplimiento con los objetivos de déficit y sobre los posibles comportamientos discrecionales en materia impositiva y de gasto por parte de las administraciones subcentrales. Por otro lado, el papel actual del Estado como avalista a través de este tipo de mecanismos podría estar disuadiendo a muchas comunidades autónomas de acudir al mercado para financiarse. Y ante el aumento del efecto de riesgo moral, las CCAA tienen que volver a ser capaces de captar fondos en el mercado, puesto que la disciplina de mercado, a pesar de sus limitaciones, es un mecanismo que surge para limitar el riesgo de impago de los prestatarios. Además, los MEL no pueden transformarse en un sustitutivo imperfecto de la reforma del sistema de financiación autonómica.

Las entregas a cuenta

Su funcionamiento en gran parte (caso de los Impuestos compartidos y fondos) se basa en entregas a cuenta. Esto implica que el Estado paga a las CCAA en función de estimaciones y posteriormente (a los dos años) se determina lo que realmente deberían haber recibido y se hace una liquidación. Cuando las liquidaciones son positivas para las Comunidades no hay problema, pero cuando son negativas se producen descuadres importantes de las cuentas. Estas entregas a cuenta han constituido un instrumento político muy importante y han contribuido agravar el problema del déficit de las cuentas públicas.