México pone en guardia al sector energético español. El Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, más conocido por sus siglas AMLO, oficializó el pasado viernes la entrada en vigor del hachazo a la inversión en energías renovables a cuenta de la crisis del coronavirus.

El concreto, el Gobierno mexicano ha acordado suspender de forma indefinida las subastas de energías limpias y la puesta en marcha en plantas de energías renovables, así como limitar la generación de las centrales eólicas y fotovoltaicas. Estas medidas, que el Ejecutivo centroamericano asegura que están destinadas a reforzar la “confiabilidad” del sistema, hieren de muerte al sector de las energías renovables y han disparado todas las alarmas en Canadá y la Unión Europea, que han emplazado al Gobierno a reconsiderar su decisión.

Una veintena de embajadores de países europeos, entre ellos España, han remitido una carta conjunta a Norma Rocío Nahle, Secretaria de Energía del Gobierno de México, en la que le solicitan una reunión lo más pronto posible y le recuerdan que la nueva normativa afectaría a 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 Estados de la República y pondrá en jaque inversiones valoradas en más de 6.400 millones de dólares.

Las dos grandes beneficiadas de estos recortes a las renovables son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), compañía eléctrica estatal que en los últimos años había visto reducida su cuota de mercado, y Petróleos Mexicanos (Pemex), que solo el primer trimestre de 2020 ha declarado 23.913 millones de dólares de pérdidas, más de quince veces lo que perdió en el mismo periodo del año pasado y superando las pérdidas de todo 2019. Con el nuevo golpe a las renovables, el Gobierno intenta fomentar el consumo de combustibles fósiles, lo que beneficia directamente a Pemex.

Batalla legal

En cualquier caso, lo que parece seguro es que la decisión del Ejecutivo abrirá una importante batalla legal en los tribunales, previsiblemente por la vía del arbitraje internacional en virtud del Tratado de Protección de Inversiones México-España. “El Tratado protege a inversores españoles en México frente a expropiaciones directas o indirectas. La protección frente a expropiación incluye tanto expropiaciones directas como indirectas (es decir, aquellas medidas que, sin ser una expropiación, implican el mismo resultado)”, explica Bernardo M. Cremades Jr, socio y árbitro de Cremades & Asociados. “Por lo demás, cualquier expropiación debe realizarse por causa de utilidad pública. No parece que el recorte de las renovables vaya en este sentido, por cuanto el mundo se está moviendo hacia las energías renovables”.

El abogado recuerda que el Tratado entre ambos países obliga a México, entre otras cosas, a mantener un marco jurídico estable para los inversores, a no actuar de manera arbitraria o inconsistente, a proteger las expectativas legítimas del inversionista extranjero y le exige actuar con buena fe en todo momento. Además, México debe actuar con transparencia y otorgar tutela judicial efectiva y derechos procesales básicos al inversionista extranjero. “Las medidas contra las renovables impuestas por México podrían haber infringido varios de estos elementos”, advierte Cremades.

Golpe a Iberdrola, Naturgy y Acciona

El hachazo a las renovables de México llega justo un año después de que el presidente de IberdrolaIgnacio Sánchez Galán, anunciase en la sede del Gobierno mexicano inversiones por valor de 4.461 millones de euros (5.000 millones de dólares) para construir nuevas centrales de ciclos combinados y plantas de renovables en el país. 

Desde Iberdrola han preferido no hacer ninguna valoración a este medio sobre la medida de México. No obstante, sus intenciones en este mercado quedaron claras en su último informe anual: "Queremos consolidarnos como el segundo productor del país a través de la construcción de varios proyectos de generación eficiente y de renovables". La energética, que ingresa 110 millones por su negocio de energía verde en México, tiene inversiones abiertas en el país en energías renovables, especialmente en las tecnologías eólica y solar fotovoltaica. 

La empresa que ya esperaba un conflicto en este sentido era Acciona. La empresa alertaba a sus inversores en su informe del cierre de 2019 del riesgo existente por la normativa pactada en octubre en México para regular la inversión en renovables. "Ante el riesgo de una sobreoferta, varios generadores reclaman dicha medida, y solicitan amparo. Como consecuencia se ha logrado una suspensión de la norma hasta que se publique el dictamen final que se espera a lo largo del año 2020", detallaba en su informe anual. 

Naturgy también apuesta por no hacer ningún comentario sobre la decisión del Gobierno de México. La empresa cuenta en este mercado con un importante negocio de ciclos combinados y un parque eólico. Un mercado donde ingresa 1.376 millones de euros al año, su quinto mercado tras España, Chile, Francia y Brasil.

"Diferentes alternativas"

Otras empresas afectadas por esta medida, y que igualmente han preferido no realizar ninguna valoración, son Abengoa y Saeta Yield. Por su parte, la energética X-Elio, la antigua Gestamp Solar, "está valorando diferentes alternativas para asegurar la buena marcha del negocio en México", según explican fuentes cercanas a la compañía. 

"Consideramos que es esencial promover el desarrollo de la energía solar en un país como México. Con una mayor eficiencia frente a otras tecnologías, creemos que la energía solar es clave para garantizar una mayor competitividad de la economía mexicana", destacan desde X-Elio. Desde la compañía matizan que "los movimientos del Gobierno deberían ir dirigidos hacia la promoción de la energía solar, puesto que sus beneficios son amplios y afectan directamente al tejido productivo del país en muchos sentidos, también en cuanto a generación de empleo".

"Esta situación no va ser exclusiva de México", añade Juan J. Valderas, managing partner de Alvarez & Marsal en España, entidad que pertenece a la Cámara Española de Comercio en México (Camescom). Valderas prevé un "tsunami de litigios" a cuenta de todos los contratos públicos que van a quedar fuera de juego a cuenta de la crisis y lamenta que pueda derivar en un importante atasco en los tribunales.