La querella contra Marlaska pide al Supremo que reclame documentación del 'caso 8-M'

Este miércoles se ha presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella contra el ministro Fernando Grande-Marlaska por el cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El coronel fue apartado de su cargo tras negarse a informar a sus superiores sobre el contenido de la investigación sobre el 8-M. La juez que instruía el caso, Carmen Rodríguez-Medel, había dado instrucciones expresas de que así fuera y Pérez de los Cobos las cumplió, lo que le terminó costando el cargo como quedó reflejado en la propuesta de cese.

La querella, de algo más de veinte páginas, ha sido presentada por Ramón Trillo, que pide ejercer la acción popular, y el abogado Manuel Santaella. Atribuye a Marlaska un delito de encubrimiento de los motivos reales del cese del coronel y abandono de destino y omisión del deber de perseguir ciertos delitos. El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, hace un repaso cronológico que arranca con la denuncia por la manifestación del 8-M investigada por Rodríguez-Medel en el Juzgado de Instrucción nº51 de Madrid.

El querellante ha pedido a la Sala Segunda que reclame a este tribunal una serie de documentos sobre el caso, entre los que se citan testimonios de particulares obrantes en las diligencias previas y todos los oficios, mandamientos, instrucciones y órdenes escritas remitidas a la Guardia Civil y el Ministerio de Interior.

Tras abrir diligencias a finales de marzo, Rodríguez-Medel dictó un auto en el que solicitaba a la Comandancia de Madrid la elaboración de un informe sobre la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid con respecto a la marcha del 8-M. La jueza también pidió expresamente que se guardase “rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieran sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que solo se informará a esta magistrada-juez”.

Siempre según la querella, fue tras la publicación de parte del contenido del atestado en El Confidencial cuando María Gámez, directora general de la Guardia Civil, y Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Interior, “deciden concertarse” para averiguar si el atestado ya ha sido remitido a Rodríguez-Medel “y, en ese caso, acceder al mismo o, al menos, a los detalles de las conclusiones alcanzadas”.

Fue entonces cuando, a lo largo del domingo 24 de mayo, Pérez de los Cobos recibe recibe las dos primeras llamadas: la primera de su superior José Antonio Berrocal y, “a los pocos minutos”, la del Teniente General de la Guardia Civil Fernando Santafé, superior inmediato de Berrocal.

En el escrito se cita de forma entrecomillada que Santafé le preguntó a Pérez de los Cobos: “¿Me puedes decir qué dice el informe?”. El coronel aseguró desconocer el contenido del informe, cuya mera existencia acababa de conocer, y recordó a su interlocutor que existía una orden judicial que obligaba a mantener la confidencialidad tanto del proceso como del resultado de la investigación.

Llamadas a Pérez de los Cobos

La querella recuerda que ese domingo a las 22.14h, Gámez firmó digitalmente la propuesta de cese de Pérez de los Cobos “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. Esta propuesta de cese fue elevada a Pérez Ruiz. Minutos después de firmar el documento, Gámez llamó a Pérez de los Cobos “para interesarse, directamente y sin mayores preámbulos, por el contenido detallado del informe elaborado que la UOPJ que este último dirigía”.

Pérez de los Cobos no varió un ápice su respuesta: desconocía el contenido del informe e insistió en la orden judicial de Rodríguez-Medel. “La primera insiste, y conmina, al Coronel de la Guardia Civil para que le informe de cuantos extremos pudiera conocer en relación con el contenido del informe”, relata la querella, que afirma que Gámez apuntó que era un asunto “muy sensible” para el Gobierno. En esa misma llamada, la directora le comunicó su cese inmediato.

“Con el firme propósito de ocultar lo que ya le constaba, que era el ilegal cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, el querellado […] despliega toda una serie de actuaciones conducentes a encubrir los delitos que le constaba habían sido cometidos por subordinados suyos y dejarlos así impunes”. Estas actuaciones consisten en “ocultar a la opinión pública el verdadero motivo” del cese del coronel y, por otro lado, ordenar “ocultar la resolución administrativa que contenía la proposición de cese firmada digitalmente” por Gámez. La querella acusa al ministro de crear, junto a su equipo más cercano, “una artificial explicación” del cese.

La querella incluye las sucesivas explicaciones de Marlaska a las preguntas de los periodistas y adjunta cinco anexos (diario de sesiones del Congreso, del Senado y la transcripción de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 26 de mayo). Además de pedir documentación del caso instruido por Rodríguez-Medel, el querellante solicita al Supremo que reclame a la Secretaría de Estado de Seguridad el expediente administrativo completo de Pérez de los Cobos y una completa lista de testimonios que incluyen a Marlaska, Berrocal, Santafé, Pérez Ruiz y Gámez.