Pasar de 12.000 a 300.000 puntos de recarga llevará inversiones de 3.000 millones

El impulso del coche eléctrico que las marcas están realizando desde hace años no se ve acompañado de una respuesta similar por parte de las administraciones en lo que al desarrollo de las infraestructuras se refiere, que siguen siendo insuficientes y, sobre todo, muy por debajo de la media de los principales mercados europeos. Y desde la Unión Europea se mantiene, incluso se intensifica, la presión para dejar atrás los coches con motores de combustión que han sido referencia desde hace décadas a nivel mundial por eficiencia y tecnología.

Y para impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica, los operadores de recarga para el vehículo eléctrico tienen previstas unas inversiones de más de 3.000 millones de euros hasta 2030 en puntos públicos en España para poder atender así a una demanda que podría llegar hasta los cinco millones de turismos 100% eléctricos. Las cifras las ha facilitado la Asociación empresarial para el desarrollo e impulso de la movilidad eléctrica (Aedive), que ha recordado que actualmente hay desplegados por el territorio español unos 12.000 puntos, de los que el 85% son de carga alterna y el 15% de continua.

Estos suman unas inversiones ejecutadas de unos 110 millones de euros, a los que hay que sumar otros 45 millones ya comprometidos para instalaciones de recarga que están pendientes de trámites administrativos para su instalación u operación y que Aedive cifra en unas 4.500.

Según Aedive, si se eliminan esas barreras administrativas, si siguen aumentando las autonomías de los eléctricos, si sigue creciendo la penetración de puntos de recarga de uso privado y si se matriculan los 3,5 millones de turismos eléctricos que se prevén en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), en España en 2022 se necesitarán 23.000 puntos de recarga de acceso público.

En 2025 la cifra subiría hasta los 70.000 y en 2030 hasta los 255.000, aunque esta última podría llegar hasta los 340.000 en un escenario de "fuerte impulso de la electrificación" con cinco millones de turismos eléctricos, explica la fuente.

Para agilizar su implantación y reducir el tiempo de concesión de permisos, Aedive propone que se utilice la fórmula de declaración responsable en lugar de la licencia de obra y la de actividad, permitir siempre la actividad de los puntos de recarga en parcelas con actividades existentes y dar el visto bueno a su implantación en suelo rústico con los mismos derechos que las gasolineras. También aboga por simplificar el proceso para las que no requieran expropiación o sean menores de 1.500 kW y que no deban contar con permiso de obras cuando se vaya a ubicar en un área de concesión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

España, muy atrasada

Para José López-Tafall, director general de Anfac, “El sector tiene un fuerte compromiso con la descarbonización y ya está poniendo en el mercado una amplia oferta de vehículos electrificados. Pero nos enfrentamos a unos, cada vez más, exigentes objetivos en materia de reducción de emisiones y, por lo tanto, es necesario establecer herramientas a la altura que aceleren la transición. El desarrollo más rápido de la infraestructura de recarga de acceso público es esencial para recuperar terreno con los líderes europeos”. En este sentido, López Tafall, ha indicado que “es necesario seguir trabajando en este gran proyecto-país de la movilidad del futuro. La metodología que hemos elaborado es una propuesta constructiva y concreta para ayudar a cumplir los objetivos de descarbonización y electrificación en España, y un ejemplo más del compromiso que tiene la industria con el país y la movilidad sostenible”.

En la misma línea, Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, ha comentado que “eliminar las barreras de entrada de los ciudadanos al vehículo eléctrico ha de ser una prioridad para los sectores que estamos involucrados en su impulso y también para las Administraciones Públicas. Las cifras nos dicen que, hoy, una de las barreras más importantes es la falta de una red pública de puntos recarga numerosa y suficientemente extendida por toda la geografía de nuestro país. La propuesta de despliegue de puntos que presentamos, y que cuantifica las necesidades en más de 300.000 en 2030, pretende ser una palanca para avanzar más rápidamente, pero ha de conseguirse con el esfuerzo de todos y estar sustentada en objetivos vinculantes. Salvada esta barrera, estamos seguros de que también se salvará la distancia que actualmente hay entre el vehículo eléctrico y la ciudadanía”.

Todo una serie de impulsos para evitar que España siga rezagada en electrificación en Europa. De hecho, en el último informe de electromovilidad de ACEA muestra cómo el desarrollo de los puntos de recarga en países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia van equilibrados con el territorio mientras que España está muy desequilibrado. ACEA señala que España representa el 12% del territorio, pero solo tiene el 3% de la recarga mientras que Italia representa el 7% del territorio y ha instalado el 6% de los puntos de recarga o Francia, con el 14% del territorio europeo, representa el 21% de los puntos.