Rajoy examinará su política económica ante Bruselas en plena incertidumbre política

Casi ninguna fuerza política cuestiona ahora el acierto que tuvo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en tramitar y aprobar antes de lo previsto las cuentas estatales de este año, en previsión de la confusión política que podrían generar los resultados electorales del 20-D. Hechos los deberes para 2016, el desafío ahora es preparar en medio de la incertidumbre política los Presupuestos de 2017 para evitar la prórroga de los de este año, pues supondría enviar una pésima señal a los mercados. El bloqueo que sufre la formación del nuevo Gobierno posiblemente obligará a Mariano Rajoy a examinar a España ante Bruselas en abril, pues al actual equipo económico le corresponderá dejar elaborado el nuevo programa de estabilidad y, si fuera el caso, remitirlo a la Comisión Europea para que los ministerios puedan empezar a trabajar en el nuevo techo de gasto, que deberá aprobarse en junio, lo que permitiría que las cuentas de 2017 entraran en el Congreso en septiembre.

Si no hay para entonces nuevo Gobierno, el actual prepararía en junio el techo de gasto para 2017

Pedro Sánchez se ha dado un mes para intentar formar Gobierno, pero en su propio partido se duda de que lo consiga en este tiempo e, incluso, no se descarta que tengan que convocarse nuevas elecciones generales. En el supuesto de que así fuera, el plazo de 60 días para convocarlas comenzaría a correr desde la primera votación de investidura. Como deberán transcurrir 54 días entre la convocatoria y su celebración, el calendario se iría a junio, cálculo que abocaría a una posible prórroga de los actuales Presupuestos si el actual Gobierno en funciones no hiciera su trabajo.

La intención del actual equipo económico es dejar todo a punto para que, haya o no elecciones, el próximo Gobierno tenga despejado el camino para cumplir con los requisitos de Bruselas. El grueso de las previsiones contenidas en el programa de estabilidad remitido a las autoridades comunitarias el año pasado se ha cumplido. La economía española discurre por un ciclo de crecimiento con tasas próximas al 3% y la creación de más de medio millón de empleos anuales. Así se recoge en la actualización del plan 2015-2018, que previó para el ejercicio pasado un crecimiento del 2,9% y la creación de 600.000 puestos de trabajo. Los datos adelantados del INE han reflejado que el PIB creció finalmente un 3,2%, el mayor porcentaje conocido desde el inicio de la crisis, debido sobre todo al tirón del consumo y la inversión privada. Las previsiones de empleo se han cumplido también con creces, pues el paro cayó en más de 678.000 personas. En el programa se establecía una bajada de 590.000.

China, petróleo y política monetaria

Ahora, justamente cuando en el Gobierno y en algunos servicios de estudios se prevén para este año tasas de crecimiento parecidas a las de 2015, de lo que se trata es de encajar en el nuevo programa de estabilidad tres factores clave que acabarán afectando de una u otra forma a la economía española: la desaceleración y reorientación del modelo productivo en China, la caída del precio del petróleo y otras materias primas, así como el endurecimiento gradual de la política monetaria en Estados Unidos en un contexto en el que los bancos centrales del resto de las principales economías desarrolladas siguen aplicando medidas claramente expansivas.

En el lado bueno, la Comisión Europea no sólo sigue situando a España como la más dinámica entre las grandes economías de la UE, sino que de nuevo ha revisado al alza su previsión de PIB: una décima, tanto en 2016 como en 2017, hasta el 2,8% y el 2,5%, respectivamente. La estimación para este año está en sintonía con las de otros organismos internacionales (la OCDE y el FMI prevén un 2,7%) o nacionales: un 2,7% el consenso de analistas privados (panel de FUNCAS) y un 2,8% el Banco de España.

Sin embargo, España ha recibido una alerta de Bruselas ante la necesidad de que el nuevo Gobierno se comprometa con los objetivos de déficit fijados en el programa de estabilidad vigente, aspecto sobre el que el PSOE, como formación encargada por el Rey de encarar la investidura, ha incurrido en numerosas contradicciones desde la pasada campaña electoral. Pedro Sánchez se estrenó en noviembre de 2014 en la sede de UGT con el anuncio de que eliminaría el artículo de la Constitución que garantiza la estabilidad presupuestaria, durante la contienda electoral reculó advirtiendo que renegociaría lo pactado con Bruselas, para finalmente mostrar todo su respeto con el cambio hecho en la ley de leyes por el Gobierno Zapatero en agosto de 2014 y colocar su cumplimiento entre una de sus prioridades.

Sánchez ha ido moderando el cuestionamiento de los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas

Es obvio que será al próximo Gobierno al que corresponda actualizar los datos de 2015 y que la principal incertidumbre sobre una posible desviación del déficit previsto procede de las cuentas de las comunidades autónomas. Siete de ellas han pasado a ser gobernadas por el PSOE desde mayo del año pasado, algunas con el sostén externo de Podemos y otras de Ciudadanos. Los primeros indicadores disponibles anticipan que estos gobiernos ya han demorado los plazos de pago a los proveedores y pueden haber empezado de nuevo a guardar facturas en los cajones. Cuando avancen las conversaciones entre los socialistas y Podemos, se verá qué importancia conceden ambos a este problema. Bruselas ya ha avisado de que la incertidumbre política sobre la formación de Gobierno puede acabar afectando seriamente a la economía en un momento en el que hay ajustes pendientes que, según las cifras que se manejen, pueden oscilar entre los 10.000 y los 20.000 millones. Su compensación puede venir de la buena evolución de los ingresos fiscales, de la tasa de crecimiento y de los márgenes que siga dejando la rebaja del precio del petróleo, así como de la actuación de los bancos centrales y sus efectos sobre los tipos de cambio.