"La privatización del agua de Barcelona podría costar unos 1.000 millones de euros"

Lorenzo Dávila, economista, abogado y arquitecto, cree que el proceso actual de vuelta a la gestión pública de muchos servicios en importantes ciudades (liderado por Madrid y Barcelona) tiene mucho de ideológico y poco de pragmático. "Toda la infraesturctura e instalaciones está puesta por la empresa prestadora de servicios y la indemnización por todos estos activos ya hay quien la valora por encima de 1.000 millones de euros, lo cual sería un disparate con un coste para los catalanes que no es necesario". Es, por tanto, un error grande desde el punto de vista de coste de oportunidad y también de eficiencia. "Un servicio que funciona mal puede ser remunicipalizado, pero bajo parámetros técnicos y económicos".

En el ámbito del agua, un servicio tan básico, la alcaldesa Ada Colau no está apoyándose en el sector privado como sí lo está haciendo en su política de vivienda, considera. "Un sistema como el agua es muy fácil de medir y creo que su remunicipalización implica una serie de recursos públicos que impiden usar el dinero público en servicios que no sean medibles, servicios más asistenciales.

"Hay un movimiento que rechaza la participación del sector privado por motivos ideológicos y está rechazando los criterios de eficiencia, lo cual puede redundar en costes para la ciudadanía", asegura. Porque la eficiencia se produce cuando hay I+D "y te dedicas a lo mismo en distintas ciudades". Pone el ejemplo del poder de compra: "si tú gestionas la recogida de basuras y tienes que comprar 3 camiones de basuras no es lo mismo que si compras 400, no consigues los mismos precios". De igual modo, asegura, ocurre en el ámbito de la energía, donde una empresa privada conseguiría mejores precios.

Al final, según asegura el experto, ocurre que "estos procesos llevan a una gestión directa que después tienen que acabar subcontratando y lo que hacen es que dividen el contrato que antes se hacía con un operador en múltiples subcontratas que después tienen necesariamente que acabar pagando el beneficio empresarial que se repercute en esa tecnología que venden terceros, porque si un operador consigue una innovación que ahorra costes, automáticamente la traslada a toda su red porque su beneficio le va en ello", algo a lo que no puede acceder una empresa pública.

"El servicio es municipal"

Dávila recuerda que en cualquier caso, el servicio es municipal siempre "y los precios los fija la administración pública, es el pleno municipal el que fija los precios". El experto pone el ejemplo de París, que hace unos años emprendió el camino de la remunicipalización del agua "y primero bajan las tarifas" pero que ante el aumento de costes ha vuelto a subirlas porque "es imposible no reflejarlo en precio si quieres mantener unos estándares de calidad".

El experto considera que cuando varios operadores privados compiten por una misma contrata "nos acercamos a la competencia perfecta".