La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se ha pillado los dedos en la ayuda de 53 millones de euros concedida a la aerolínea Plus Ultra, de la que esta semana ha informado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Y no solo por las suspicacias que levanta el hecho de que buena parte del capital de la compañía, como ha informado Vozpópuli, esté controlado por empresarios venezolanos vinculados al régimen chavista. También porque la aerolínea difícilmente cumple con las condiciones establecidas por el Gobierno para que la SEPI, a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, aporte financiación pública a determinadas empresas, aun siendo estas condiciones algo etéreas.

Las mismas dudas ha generado por ejemplo la ayuda millonaria concedida a Duro Felguera, una compañía con litigios judiciales de calado, pérdidas, y al borde del concurso de acreedores antes de la llegada de la pandemia. Pero, en el caso de Duro Felguera, al menos, es sostenible la idea de que, efectivamente, la empresa es estratégica, tanto para el sector industrial español como para la región de Asturias.

Afirmar que Plus Ultra es una compañía estratégica para la economía española no se sostiene

Pero decir que Plus Ultra es estratégica para la economía española no se sostiene. La aerolínea, según las estadísticas de Aena, aporta menos del 1% de las conexiones aéreas, y en 2019 representó el 0,03% del total.

Sin embargo, posiblemente sí que sea una empresa estratégica para el régimen de Nicolás Maduro. Mientras que las compañías internacionales, también las aerolíneas, al igual que buena parte de la población del país, tratan de abandonar este mercado, Plus Ultra, con sus conexiones entre Madrid, Tenerife y Caracas, y su apuesta decidida por el mercado venezolano, sirve para aportar una imagen, irreal, de estabilidad y de atracción a inversores extranjeros a la dictadura de Maduro.

La Orden publicada en el BOE el pasado 24 de julio en la que se detalla el funcionamiento del fondo de la SEPI indica que la empresa que pretenda optar a esa ayuda pública debe "justificar que un cese forzoso de actividad tendría un elevado impacto negativo sobre la actividad económica o el empleo, a nivel nacional o regional".

Uno de los fundadores de Plus Ultra fue condenado a 11 meses de prisión por delitos fiscales el pasado año

Como el cierre de cualquier empresa, la desaparición de Plus Ultra afectaría al empleo, en este caso a una plantilla de menos de 300 personas, de acuerdo a las cuentas de 2019 de la aerolínea. Siendo una mala noticia, como suelen serlo todos los cierres de empresas, el cese de actividad de Plus Ultra no tendría un elevado impacto negativo sobre la economía nacional o regional.

La concesión de las ayudas de la Sepi también está condicionada a que la empresa solicitante no constituya una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019 en los términos establecidos por la normativa europea.

Esos supuestos contemplan diversos ratios de deuda y capital, que quizá Plus Ultra los cumpla a día de hoy -las últimas cuentas disponibles en Registro Mercantil son de 2019-. Pero la situación económica de la aerolínea antes de la llegada de la pandemia desde luego no era la más deseable.

La compañía acumula pérdidas desde su nacimiento en 2011. En el último ejercicio previo a la pandemia, el de 2019, la aerolínea facturó 63,5 millones de euros, pero registró un resultado negativo de 2,11 millones.

El rescate se canalizará a través de un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 18 millones

A enero de 2019 Plus Ultra presentaba un fondo de maniobra negativo por importe de 3,99 millones, y un patrimonio neto de 8,6 millones, de manera que la empresa se encontraba en causa de disolución. Pero la compañía logró suscribir en diciembre de 2017 un préstamo participativo de 6,3 millones de euros, que se computa como patrimonio neto y evita la posible disolución.

La empresa que opta al fondo de ayuda de la SEPI, según aprobó el Consejo de Ministros, no puede haber sido condenada a la pérdida de obtener subvenciones, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos...

No es el caso de Plus Ultra. Pero sus fundadores arrastran consigo haber sido los empresarios que dirigieron en el pasado Air Madrid, la aerolínea que quebró a finales de 2006 dejando en tierra a decenas de miles de pasajeros y que fue declarada en concurso necesario de acreedores.

Uno de los empresarios fundadores, como también ha publicado este diario, Fernando González Enfedaque, fue condenado el pasado año a 11 meses de prisión y a una sanción de 1,5 millones por delitos fiscales.

Préstamos participativos

El rescate a la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros se canalizará a través de un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 18 millones de euros. De momento, el Estado ha troceado con esta fórmula los tres préstamos que ha concedido hasta ahora a través del fondo de la SEPI -Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera-.

El riesgo de la fórmula escogida radica en que si Plus Ultra, a pesar de la ayuda pública, se declarara en concurso de acreedores, la SEPI, el Estado, sería de los últimos en cobrar.

Es previsible que con la llegada de las vacunas se reactive el negocio de las aerolíneas, y que Plus Ultra pueda volver a operar con cierta normalidad. Pero la inestabilidad de los mercados en los opera la compañía aérea -Venezuela, Perú, Ecuador-, la pasada quiebra de Air Madrid, y el hecho que desde su creación en 2011 no haya logrado beneficios, no auguran un futuro económico boyante.

El préstamo participativo permitirá a la SEPI participar en la evolución de la empresa, cobrando un interés variable en función de sus resultados. Sin embargo, este tipo de deuda también es una de las últimas en cobrarse en caso de que la empresa se declare insolvente y entre en concurso de acreedores, como ya informó este periódico.

Además, este préstamo tiene carácter subordinado en un escenario de insolvencia. Es decir, que será el último en liquidarse según la prelación de créditos, solo por delante de los socios.

Finalmente, el préstamo participativo también facilita la capitalización de la deuda si el Estado quisiera entrar en el accionariado de la compañía.