La Comisión Europea se enfrentará en los próximos meses a un desafío sin precedentes: va a tener que analizar en un plazo máximo de dos meses los planes de recuperación de los 27 países de la Unión para poder acceder a los fondos europeos, compuestos en algunos casos por hasta 50.000 páginas, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes cercanas al Europarlamento.

Para semejante tarea, contará con un equipo de sólo cien personas, que pedirá ayuda a las distintas direcciones generales y agencias ejecutivas que asesoran a la Comisión.

Portugal ha sido el primer país en enviar a Bruselas su Plan de Recuperación para poder acceder a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, con el que se liberarán 750.000 millones de euros para los Estados, entre transferencias y préstamos.

Ahora que el Gobierno luso de Antonio Costa ha abierto la veda, Bruselas espera recibir en las próximas dos semanas hasta una docena de planes más, entre los que se espera que figure el español, y más adelante el resto.

La fecha límite del 30 de abril, que es en la que los países tradicionalmente han tenido obligación de enviar el Plan de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas anualmente, tal y como establece el Semestre Europeo, finalmente será orientativa. Bruselas ha tranquilizado a los países: no importa si se retrasan.

En el fondo, le viene bien que no entren los 27 planes al mismo tiempo, así tienen algo más de tiempo para analizarlos.

Cambios después del plan definitivo

El reto, aun así, es enorme y en la Comisión son conscientes de que tendrán que trabajar 24 horas al día para poder llegar a tiempo.

Para intentar aligerar este trabajo, la Comisión ha mantenido un diálogo constante con los países durante la preparación de los planes, para intentar afinar las inversiones y reformas y que los planes prácticamente lleguen con el aprobado conseguido.

Aun así, Bruselas tampoco descarta tener que continuar negociando con algunos países si no están de acuerdo con los planes, aunque advierte de que si esto sucede el plazo para contar con su visto bueno se dilatará más allá de los meses.

Una vez aprobados por parte de la Comisión, el Consejo Europeo intentará aprobarlos en el plazo de cuatro semanas y entonces, siempre que todos los países hayan ratificado en sus parlamentos nacionales el sistema de financiación (hasta la fecha lo han aprobado 18 de 27), la Comisión podrá emitir deuda y liberar los anticipos para cada país.

España podría recibir el anticipo en verano

Si el Gobierno de España envía su plan la próxima semana, como se espera, la Comisión podría tener aprobado el plan para el cierre de junio y el Consejo Europeo podría aprobarlo en el mes de julio, con lo que el anticipo podría llegar a finales del verano.

En principio, tendrían que pasar seis meses para que España acredite el cumplimiento de ciertos hitos -en las reformas e inversiones- y poder optar al siguiente desembolso, aunque Bruselas no descarta que los países puedan presentar hitos alcanzados en el pasado (de inversiones realizadas desde febrero de 2020), lo que podría servir para recibir más fondos antes de 2022.

Aunque el anticipo no está ligado a la consecución de hitos, en caso de que los países no cumplan con lo prometido hay mecanismos para exigirles la devolución de este primer pago, equivalente al 13% del total. En el caso de España se estima que se recibirán unos 10.000 millones de euros.

El Gobierno, en cualquier caso, ha incluido en sus Presupuestos Generales del Estado la ejecución de 27.000 millones de euros este año con cargo a los fondos europeos, que se financiarán con cargo a deuda pública hasta que se reciba el dinero.