Una consejera de la CNMC cuestiona fijar precios y un exconsejero apunta a prácticas ilegales del regulador

¿Qué está haciendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante la crisis del coronavirus? El pasado martes, un nutrido grupo de expertos en derecho de la competencia asistieron (virtualmente) a un debate organizado por el catedrático Antonio Robles titulado 'La aplicación de las normas de defensa de la competencia ante el COVID-19' con dos ponentes de peso: Pilar Canedo, actual consejera de la CNMC; y Julio Costas, exconsejero del organismo.

Durante el debate, cuya grabación está disponible aquí, ambos expertos abordaron cuestiones como la posibilidad de hacer una aplicación laxa de la normativa de competencia en tiempos de crisis, cuáles son los sectores más afectados por el coronavirus y cuál es el papel que juega la CNMC en todo esto. El encuentro, de casi dos horas de duración, pone de relieve que el 'superregulador' quizá no esté cumpliendo correctamente sus funciones.

Tras una breve introducción y subrayar en varias ocasiones que sus opiniones son personales y no representan a la CNMC, Canedo se mostró totalmente en contra de una aplicación flexible de la normativa de competencia durante la crisis.

“La historia nos demuestra que para salir de una crisis si lo que hacemos es una aplicación laxa o atenuada de la ley de competencia, pues se tarda más en salir”, señaló la actual consejera al tiempo que cuestionó iniciativas como por ejemplo fomentar la contratación de proveedores locales con el pretexto de proteger el tejido empresarial local. “La competencia fomenta mejores precios para los consumidores” e incide en la nocividad de las prácticas anticompetitivas.

Costas, catedrático de la Universidad de Vigo y consejero de la CNMC entre 2007 y 2013, pisó algunos callos desde el principio tras apuntar a la presunta ilegalidad de la actuación de la CNMC. “Al menos a nivel nacional, la CNMC está actuando por la vía de hecho. No tiene base legal para hacer lo que está haciendo y está haciendo una política de competencia con muy poca transparencia, incumpliendo la ley”.

Falta de transparencia

El exconsejero del organismo se refiere a las consultas que la CNMC está respondiendo a las empresas. No se publicita ni quién las responde ni si se hace de forma verbal o escrita. En el debate también se plantea qué norma le permite decirle a una empresa que su comportamiento no va a ser perseguido. La Comisión Europea sí permite hacerlo, pero la legislación española no porque España todavía no ha transpuesto la última Directiva al respecto.

Tampoco se están haciendo públicos los informes de promoción de competencia sobre las decisiones del Gobierno. Por ley, el regulador está obligado a emitir informes en los que analice el impacto de las actuaciones del Gobierno en materia de competencia. Estos pronunciamientos son preceptivos, pero no vinculantes, y deben ser públicos.

En un momento dado, el debate cambia de tercio y se abordan otros temas como la fijación de precios. El lunes se anunció la fijación de precios de mascarillas a 0,96 euros la unidad y este debate se celebró el martes. “Desde la perspectiva de competencia, si la solución es la fijación de precios, la verdad es que podemos enfrentarnos a corto plazo a problemas mayores de los que se intentan resolver”, señaló Canedo. Este jueves se anunció la limitación de precio de geles y soluciones hidroalcohólicas: 0,021 euros por mililitro. 

Y, casi a modo de profecía, la consejera alertó del problema del que ya se han empezado a quejar los distribuidores: “No tiene ningún sentido decir que vas a fijar precios para evitar abusos y que después pidas a las farmacias que vendan las mascarillas. O una cosa o la otra. Los precios que se fijan generan disfunciones que acabarán generando desabastecimiento”. Este jueves, Luis del Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), también alertó del riesgo de desabastecimiento con la medida del Gobierno. 

En cualquier caso, la consejera sí es partidaria de actuar, pero de otro modo. El ordenamiento jurídico permite a la CNMC actuar de oficio ante indicios de prácticas restrictivas de la competencia y apunta a la posibilidad de aprobar medidas cautelares. Si hay indicios se puede incoar un expediente inmediatamente y actuar cautelarmente aunque después se continúe con la instrucción, lo que puede alargarse hasta 18 meses.

Dicho esto, ¿Cuál es la opinión de la CNMC sobre las medidas del Gobierno? Es la pregunta que acto seguido plantea el exconsejero Costas. “Echo en falta debate público, y en que ese debate esté la CNMC. La oportunidad de fijar precios lleva en el aire desde hace días pero no sabemos lo que opina la CNMC. Yo supongo que se está reuniendo con el Gobierno”. Canedo no responde al instante, pero un significativo suspiro de la consejera puede dar pistas de la respuesta.

“Hay una colaboración con la Administración que puede tener resultados muy eficientes, pero lo cierto es que hasta este momento lo que se ha hecho es hacer una nota de prensa”, añade minutos después para apuntalar de forma indirecta las palabras de Costas: “Sobre la cuestión de transparencia, poco se puede decir”.

¿Ausencia de base legal?

Acto seguido, Costas insiste en la “ausencia de base legal” en las actuaciones de la CNMC y trae a colación el buzón habilitado por el organismo para recibir consultas y denuncias. “Se nos dice que hay muchas empresas que están consultando y que se responde rápido. ¿Qué se responde? ¿Quién responde? ¿En base a qué?”. La ley establece que para que la CNMC se pueda pronunciar sobre un asunto como este debe hacerlo a través del consejo. A lo largo de su intervención, el exconsejero incide en varias ocasiones en la falta de transparencia del organismo.

Tras esta primera parte del debate, la moderadora abre los micrófonos a los asistentes y es precisamente un alto cargo del regulador el primero en tomar la palabra: Beatriz de Guindos, directora de Competencia de la CNMC. “Por alusiones directas”, arranca. “Julio, me sorprende la afirmación que haces de la falta de transparencia”.

De Guindos defiende que nunca antes en la historia de la CNMC se había hecho una nota de prensa como en la que se anunció que se investigan funerarias, fabricantes de mascarillas o geles y entidades financieras por delitos o conductas ilícitas en el ámbito de la competencia, lo que a su juicio acredita la transparencia del organismo. Este viernes, cuatro días después del debate, la CNMC volvió a enviar otra nota de prensa en la misma línea que la anterior, si bien en el sector hay voces que cuestionan si colisiona con los principios de competencia al poner en alerta a los investigados.

Respecto a la presunta ausencia de base legal, De Guindos defiende la legalidad de este asesoramiento informal a las empresas y se refiere a la exposición de motivos de un Reglamento europeo que se refiere al procedimiento de la Comisión Europea, aunque los presentes apuntan que no resulta de aplicación a los procedimientos de las autoridades españolas.

De hecho, el artículo 6 de la ley de defensa de la competencia dice que “cuando así lo requiera el interés público, la Comisión Nacional de la Competencia, mediante decisión adoptada de oficio, podrá declarar, previo informe del Consejo de Defensa de la Competencia, que el artículo 1 [que prohíbe de forma general las prácticas colusorias] no es aplicable a un acuerdo, decisión o práctica". Por tanto, atendiendo a la normativa, es el consejo de la CNMC el que debería dar ese asesoramiento y sus resoluciones deben ser públicas para todas las empresas y consumidores.

Crítica de otro exalto cargo

Y este no es la única voz que cuestiona la actuación de la CNMC. Este sábado, Francisco Martos, profesor del IE y exdirector General del Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid y Mateo Silos, exsubdirector de Análisis Económico del regulador, firman un artículo publicado en ‘El Almacén de Derecho’ en el que también alertan de un posible desabastecimiento provocado por el establecimiento de precios máximos.

En el artículo, ambos juristas también apuntan que “esta medida no cumplirá el objetivo que persigue, sino que generará más carencia y mercados negros”, lo que a su vez “elevará el riesgo de contagio y fallecimiento por Covid-19 y agravará el deterioro económico”.

Los firmantes instan al Gobierno a rectificar en el control de precios y piden que se facilite la competencia en la producción y distribución de mascarillas. No rechazan totalmente la intervención del Estado, pero creen que debe estar mejor justificada para ser más eficiente.