La Seguridad Social podría ahorrar unos 16.000 millones de euros cada año si sale adelante la reforma de las pensiones que está promoviendo el ministro José Luis Escrivá, quien quiere ampliar de 25 a 35 años el periodo de la vida laboral que se utiliza para calcular la pensión pública y retrasar progresivamente la edad real de jubilación.

Ambas medidas se han topado con el veto de varios miembros de Unidas Podemos, incluidos Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, que se oponen a ellas porque en la práctica provocarían un recorte de las pensiones, pese a que podrían generar un ahorro conjunto para la Seguridad Social de 1,4 puntos del PIB, unos 16.000 millones, según ha calculado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

La idea de ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión ha sido la última que el ministro Escrivá ha puesto sobre la mesa. 

Actualmente, para hacer el cálculo de la pensión, se utilizan los salarios de los últimos 24 años trabajados y en 2022 se computarán los últimos 25, ya que ese periodo de cálculo ha ido aumentando progresivamente desde los 15 años que se tenían en cuenta antes de la reforma de las pensiones de 2011. Ahora que estamos cerca de lograr el objetivo de los 25 años, el próximo año, Escrivá pone encima de la mesa aumentarlo hasta 35

La comparación con otros países de Europa demuestra que España es, junto a Francia, de los que menos años de trayectoria profesional tiene en cuenta para calcular la pensión, lo que se traduce en pensiones públicas más generosas, dado que los sueldos suelen ser más altos al final de la vida laboral. 

Alemania, Italia y Suecia utilizan la carrera completa (incluyendo las lagunas de cotización -los años en que no se ha trabajado-, si los hubiera); Portugal emplea los últimos 40 años de la carrera laboral; Holanda usa los años de residencia en el país, y Reino Unido, todos los años en que se haya cotizado. Francia es aún más permisiva que España, al utilizar los 25 mejores años de la carrera laboral.  

Pensiones más bajas

Debido al incremento progresivo que se produce en los sueldos con el paso de los años, tener en cuenta un periodo de tiempo más amplio para calcular la pensión se traduce en una pensión pública más baja y, en consecuencia, en un ahorro para la Seguridad Social. 

Según la Airef, "aumentar la carrera de cotización considerada para el cálculo de la pensión desde los 25 años del escenario central hasta los 35 años en 2027 controlaría el gasto en 0,6 puntos porcentuales", lo que equivale a unos 7.000 millones de euros

Asumiendo que ese ahorro equivalente al 0,6% del PIB se mantiene constante a lo largo de los años, como proyecta la Airef, este ahorro irá aumentando en términos absolutos a medida que crece el PIB.

Retrasar la edad de jubilación

A ese ahorro habría que sumarle otros 9.000 millones si se consigue retrasar la edad real de jubilación (la edad a la que de media se jubilan los españoles) hasta hacerla coincidir con la edad legal, que en 2027 quedará fijada en 67 años. 

Precisamente, el ministro de Seguridad Social también tiene previsto aprobar otras medidas que fomentarían este retraso en la edad real de jubilación, como premiar a los que decidan jubilarse más tarde de la edad legal, penalizar más a los que se retiran anticipadamente o prohibir la jubilación forzosa.

La combinación de ambas ideas (más años en el cálculo y retraso de la edad efectiva) podrían llegar a suponer un ahorro de 1,4 puntos del PIB, unos 16.000 millones, según estimaciones de la Airef actualizadas a septiembre de 2020. 

"Este tipo de reformas supondría una vía para reducir el incremento del gasto en pensiones a largo plazo, mejorando así su sostenibilidad, a la vez que se modera el impacto sobre la suficiencia. Ambas medidas pueden combinarse en distinto grado para alcanzar el nivel deseado de contención del gasto y
de suficiencia del sistema", apunta la institución que preside en la actualidad Cristina Herrero.

Oposición sindical y de Podemos

La otra cara de este ahorro se traduce en una bajada de las pensiones, ya que la tasa de cobertura (el porcentaje que representa la pensión del último sueldo) bajaría a largo plazo, de ahí que la propuesta se haya topado con la oposición de Unidas Podemos. 

"Si se mantiene un recorte del calibre que se está planteando no vamos a acompañar esa propuesta", advertía este mismo miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien considera que "el sistema publico de pensiones es sostenible".

La titular de Trabajo cuenta con el apoyo de los sindicatos, quienes además han criticado que la posible reforma no se haya llevado a la mesa de diálogo social y haya sido lanzada por el ministro Escrivá a modo de "globo sonda" en los medios de comunicación.

"Si es un globo sonda, es mejor que no se presente, porque nos vamos a oponer”, zanjaba la semana pasada el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien recalcaba que no van a aceptar "un recorte de las pensiones que afectaría sobre todo a los trabajadores y trabajadoras con peores condiciones laborales".